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Denuncia argentina a las petroleras piratas es impráctica: no se investiga a filiales en el país
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Otro cuento al pueblo argentino. Se le hace creer que se investiga y denuncia a las petroleras británicas que exploran en el Mar Argentino. Se evita investigar las conexiones con las empresas radicadas en Argentina...
En abril pasado el gobierno argentino impulsó una denuncia penal en Tierra del Fuego, contra las petroleras que operan en el Mar Argentino usurpado, cercano a las Islas Malvinas. La estrategia Argentina parece ser más un reclamo para privados que estatal: Se busca llevar a juicio a las empresas petroleras, dejando el reclamo de la soberanía en un segundo plano. Primero se debería reclamar por todos los medios necesarios, la soberanía marítima austral; y luego aplicar sanciones por la exploración/explotación de los recursos.
Los responsables de las empresas petroleras, jamás podrán ser juzgados en la práctica por jueces argentinos. A menos que primero, se resuelva el litigio de soberanía. Es precisamente por ello, que para darle una solución correcta, Argentina debería iniciar las acciones tendientes a ese primer punto; y recién luego imponer a las empresas, las sanciones judiciales que correspondan. Existen varias empresas que actualmente operan en Argentina, que están vinculadas a la exploración petrolera en Malvinas, como Navisur y ABS. Según la ley 26.659 deberían de ser sancionadas. Pero no figuran estos nombres en la denuncia realizada en Tierra del Fuego. Estas empresas, si pueden ser juzgadas en la práctica por jueces argentinos. Sin embargo, la propuesta de Filmus, es querer llevar a juicio a quien será imposible penar y no denunciar a quienes si se puede sancionar. La complicidad con el negocio petrolero y la inacción del Estado Argentino, es cada vez más evidente. O al menos prueba que la defensa de la soberanía durante el kirchnerismo (a lo igual que durante el menemismo) es totalmente ineficaz, y cada vez se está en peor situación. La situación que sucede con el petróleo, hace poco más de dos décadas se vivió con la pesca. En 1986 no se impidió a Gran Bretaña la expansión marítima para la explotación pesquera, solamente se remitía la Cancillería a querer "imponer sanciones a los buques pesqueros" para desalentar la entrega de licencias. Y en contra medida, otorgar licencias a buques extranjeros. El resultado fue nefasto; jamás se pudo imponer sanciones a los buques de licencias kelpers por carecer de jurisdicción práctica y los buques extranjeros traídos por Argentina resultaron ser más depredadores que los propios ingleses, diezmando la flota nacional. Hoy día, tras casi 30 años, las licencias pesqueras británicas capturan más riquezas ictícolas que las nacionales. Si el Estado nacional pretende aplicar similar estrategia con la extracción de gas y petróleo, se correrá igual suerte. Y ello porque el eje central debe ser la soberanía, ninguna otra cosa. En la denuncia penal, (puede leerse completa haciendo click aquí) impulsada por los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián Jorge García Lois y Carlos Gonella se menciona textalmente:
No figura ninguna otra empresa vinculada a las petroleras, como las que largamente hemos publicado por años desde El Malvinense. Solamente se denuncian petroleras que no poseen oficinas en Argentina, haciendo imposible llevarlas a juicio. Otro fragmento de la denuncia dice:
Aquí todavía es más irrisoria la denuncia: se habla siempre en potencial, cuando todos estos hechos están hartamente probados. Expresan en potencial y sin seguridad, que la plataforma Eirik Raude, está explorando el Mar Argentino, usurpado por los ingleses. Dicha plataforma desde febrero de este año, permanece en aguas argentinas, y es posible observarlo desde cualquier sitio web de seguimiento de embarcaciones del mundo. No es una posibilidad, sino una triste realidad. Hablan durante toda la denuncia que las empresas británicas operan sin permisos de Argentina, en nuestra plataforma continental: en ningún momento se desprende ni se denuncia que existe una NUEVA USURPACIÓN MARÍTIMA BRITÁNICA, sobre el territorio nacional y por ende, el Estado Argentino debería realizar la respectiva denuncia formal ante la ONU. Empresas radicadas en la Argentina que colaboran con las petroleras británicas. Las mismas no figuran en la denuncia penal, pese haber advertido este medio hasta el propio Daniel Filmus:
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