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Fuente: La Verdad Online

10/03/08

 

Fraude con pensiones a veteranos truchos  

Por Andrés Lavaselli.

Policías, miembros del servicio penitenciario y empleados de varios ministerios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires cobran ilegítimamente un plus salarial mensual destinado a veteranos de la Guerra de Malvinas, a pesar de no haber entrado nunca en combate, ni haber pisado las islas o, en algunos caos, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. El caso ya es investigado -parcialmente- por la justicia, que tiene en la mira a cuatro agentes de la Bonaerense, uno de los cuales no tenía más de 11 años en el momento del conflicto bélico.
La estafa involucra al menos a 47 agentes públicos, de acuerdo a los registros del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que detectó la maniobra casi por casualidad, hace dos años, cuando el Servicio Penitenciario Bonaerense quiso hacer un homenaje a internos y a guardiacárceles que habían participado de la Guerra.
En ese momento, personal de Derechos Humanos del SPB comunicó la idea al CECIM, pero cuando los ex combatientes cruzaron la nómina de los homenajeados con los registros de veteranos descubrieron que varios guardiacárceles y un interno no habían ido a la guerra.
Fue la primera confirmación de una sospecha que tenían desde hacía tiempo: el descontrol en los registros del Estado permitió que muchos agentes públicos, sobre todo policías, accedan al plus salarial para empleados públicos que sean veteranos en forma fraudulenta.
Se trata del beneficio más antiguo que paga la Provincia a los veteranos –anterior incluso a las pensiones del Instituto de Previsión Social- y que hoy asciende a 1.800 pesos por mes. Esa antigüedad permite sospechar que algunos de los involucrados en la maniobra cobran ilegalmente desde hace casi 20 años.
Pero el caso del SPB es sólo la punta del ovillo: el CECIM realizó, en 2005, un relevamiento con cruces de datos entre padrones de ex combatientes elaborados por las Fuerzas Armadas con nóminas parciales de empleados públicos y detectó 47 casos más, entre policías, personal del SPB –incluye algunos cargos altos, no sólo a agentes- y empleados de la secretaría general de Gobierno, el ministerio de Economía y el de Educación. “Eso es lo que tenemos comprobado que se sigue cobrando hoy, pero estamos seguros de que hay más”, explicó Ernesto Alonso, presidente del CECIM.

La fiscalía de Asuntos Complejos de La Plata, que comandan Carlos Argüero y Esteban Lombardo, analiza por su parte cuatro denuncias penales presentadas por la Auditoría de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad de la Provincia, sobre cuatro efectivos de la bonaerense que cobran ilegalmente el plus. Esperan que llegue documentación sobre cómo fueron otorgados los beneficios y qué requisitos fueron requeridos a sus titulares para llamar a indagatoria, paso previo a elevar los expedientes a juicio, uno por cada caso.
Uno de esos casos, resalta por lo burdo: se trata de un policía que tiene un DNI que comienza en 23 millones, por lo que en el momento de la Guerra -1982- no podía tener más de 11 años. Toda una pintura de la laxitud, por decirlo con suavidad, con que el Gobierno provincial parece haber manejado el otorgamiento de este plus salarial.
Más allá de eso, el Gobierno, no puede argumentar que no conoce el caso. En 2006, veteranos se reunieron con el entonces Director de Personal provincial (gestión Solá), Daniel Giaccone, quien prometió realizar un censo completo que ordenar la cuestión que nunca se llevó a cabo. Daniel Scioli, en cambio, no sabe porque no quiere: el 18 de diciembre pasado, el CECIM presentó un pedido de audiencia en el que explican el caso y resaltan no sólo “el perjuicio económico” que causa al Estado, sino también “el agravio” que supone para los ex combatientes verdaderos. Hasta ahora, no hubo respuesta.

“Nosotros queremos aportar transparencia, le llevamos el caso a las autoridades, pero no hay respuestas contundentes. No nos dejan acceder a los registros de personal, nos prometen censos que no se hacen. No nos informan si avanzan o no en la investigación”, se quejó Alonso. El presidente del CECIM explicó que “la única vez que se hizo algo en serio fue cuando nosotros presentamos una denuncia penal por esta cuestión”.
Se trata del caso de Juan Carlos Michelini, un abogado ex secretario del fuero de Menores de Lomas de Zamora, que fue condenado, el año pasado, por el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata a 3 años de prisión en suspenso y trabajos comunitarios por cobrar en forma ilegal el plus desde noviembre de 1990 hasta mayo de 2004. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos a perpetuidad.
A poco menos de un mes de otro 2 de abril, las autoridades tienen en esa fecha una oportunidad simbólica de comenzar a reparar el daño a la memoria histórica (y a las arcas públicas). Habrá que ver si reaccionan o si sólo volverá a haber discursos sentidos y poca acción real.

LAS PENSIONES PROVINCIALES, TAMBIÉN EN LA MIRA

La provincia de Buenos Aires paga, a través del IPS, unas 5.500 pensiones a veteranos de guerra, equivalentes a tres sueldos básicos de un empleado estatal bonaerense, unos 1500 pesos por mes.
En un principio se pagaba sólo a ex conscriptos, pero a través de una modificatoria introducida en 2002 a la Ley 12006, se extendió a oficiales y suboficiales en condiciones de retiro voluntario.
Los veteranos lanzarán un pedido de reempadronamiento en los próximos días, porque sospechan que muchos de esos soldados profesionales no cumplen con el requisito de tener domicilio real en la provincia.
Desde el CECIM explicaron que “muchos presentaron como domicilio el de la dependencia miliar a la que estaban destinados cuando ocurrió la guerra”. Los ex conscriptos creen que se trata de una maniobra irregular.
Además, junto a la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia realizarán un exhaustivo análisis de padrones, para comprobar que no haya ex represores o criminales de guerra incluídos.
Motivos para sospechar no les faltan. En 1983, un informe publicado en el Boletín Oficial del Ejército establecía una nómina de 9.997 veteranos de Guerra, entre conscriptos, militares y conscriptos.
Pero en 1992, el Circulo Militar editó un libro donde se da cuenta de 14.020 veteranos, número que 1999 ascendía a 22.652, de acuerdo a un informe del Ministerio de Defensa de la Nación.
El Arma que más veteranos sumó fue la Marina, que resolvió considerar como combatientes a todos los buques y hombres de la Flota de Mar, que nunca entró en combate. También a los tripulantes civiles de 25 buques mercantes, en idéntica situación.

El fiscal federal Guillermo Marijuán inició una investigación sobre las pensiones nacionales otorgadas en base a esos listados. A partir de ese trabajo, ya se dieron de baja 700 beneficiaros “truchos”, que causaban un perjuicio de 15 millones de pesos anuales al Estado.

 

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