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31/01/08

Los propios veteranos denunciaron la estafa por la cual el Estado perdería alrededor de $15 millones al año. Ahora la justicia federal investiga si se pagan casi 700 pensiones de ex combatientes de la Guerra de Malvinas a personas que nunca intervinieron en el conflicto, e investiga también las responsabilidades políticas.

El fiscal Guillermo Marijuán, jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), investiga si el Estado paga pensiones a ex combatiente de la Guerra de Malvinas a personas que no participaron del conflicto bélico.

Actualmente se hablan de 700 "casos dudosos", que en caso de confirmarse le estarían ocasionando al Estado una pérdida anual de $15 millones.

Quien denunció en 2005 estos falsos ex combatientes fue el soldado Ramón Borgobello -que participó en el conflicto bélico de Malvinas-, cuando descubrió que para obtener la pensión había en la fila varios "colegas" que no habían intervenido en la guerra.

Pero fue la reciente denuncia del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata, la clave para que el fiscal federal Marijuán iniciara una investigación a fondo respecto del subsidio que hoy día representan $1.788 mensuales.

Marijuán descubrió que con el pasar de los años la norma que da curso al subsidio se fue flexibilizando, por lo que se fueron incorporando cada vez más beneficiarios.

Tal es así que las organizaciones de ex combatientes suponen en 14.000 los soldados que participaron en las incursiones militares de Malvinas, cuando hoy día son 20.000 las personas que reciben el subsidio mes a mes.

Ya a mediados del 2007, Marijuán confirmó sus sospechas al revelar que había 2.453 personas que percibían la pensión, sin aparecer en las nóminas de los veteranos de guerra.

Se supo así que casi 2.000 beneficiarios eran familiares de soldados que habían "heredado" el cobro del subsidio, mientras que sigue siendo desconocida la situación de otros 700.

En los que va del año, Marijuán ya realizó 12 presentaciones por anomalías en la percepción de las pensiones.

Las pensiones comenzaron a pagarse en 1990, a partir de la ley 23.848. Esa norma sólo incluía a los ex soldados combatientes conscriptos que hubieran participado en "efectivas acciones bélicas de combate, en el conflicto del Atlántico Sur, y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982".

En 1996, el beneficio se extendió a todos los ex soldados combatientes conscriptos que estuvieron en las islas y a los que, habiendo estado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), entraron "efectivamente en combate".

Al año siguiente se modificó nuevamente la ley para incluir a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplían con los requisitos normativos que se encontraban en situación de retiro o de baja y que, a la vez, no gozaban de pensión alguna.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se decidió por decreto aumentar el monto de las pensiones, que pasaron a ser equivalentes a tres jubilaciones mínimas.

En la misma norma se resolvió también que los oficiales y suboficiales retirados que habían estado en las islas podían percibir el beneficio aunque ya tuvieran una jubilación.

La última modificación se hizo en julio de 2005. Se resolvió entonces que el beneficio alcanzara también a los oficiales y suboficiales retirados.

Ahora, por primera vez desde el final de la guerra, el padrón de beneficiarios podría empezar a reducirse.