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Tras las declaraciones
de los Veteranos que acusaban a los legisladores de "apología
del delito", los funcionarios respondieron...
El Concejo Deliberante respondió públicamente la firme
acusación que el Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn
lanzara contra ese cuerpo legislativo de la ciudad portuaria, por haber
aprobado una Declaración que a criterio de los ex combatientes
“sólo configuraría una apología del delito”
al darle entidad y curso a algo que “el Ministro del Interior
Florencio Randazzo declaró públicamente”, en la
edición del 4 de abril de 2008, como “una estafa moral
y económica”, refiriéndose al reclamo de los autodenominados
‘movilizados’ durante el conflicto armado contra Gran Bretaña
por la recuperación de los derechos soberanos sobre Malvinas,
y que nunca fueran trasladados hacia las islas ni considerados participantes
del conflicto armado cuando se encontraban bajo bandera en la parte
sur del país.
Quien ofició de vocero del pleno del cuerpo legislativo madrynense
fue el presidente del bloque del Partido Justicialista, Raúl
Villahoz, quien comentó en su análisis que fue en el mes
de abril pasado cuando ingresó al Concejo Deliberante un proyecto
de Comunicación mediante el cual se les solicitaba manifestar
“que se vería con agrado el pronto tratamiento de un proyecto
de Ley presentado por los senadores Picheto, Capitanich, Bortolozzi
y Silvia Giusti, para establecer una pensión para todos aquellos
involucrados en el teatro de operaciones, que bajo distintos comandos
militares estuvieron movilizados durante el conflicto de Malvinas y
que no estuvieron en combate”.
Destacó que “como no estuvieron en Malvinas, pero sí
afectados al conflicto, el pedido era para que se les reconociera con
un ochenta por ciento de lo que perciben los veteranos de guerra, la
cobertura de salud y otros beneficios sociales”.
“Acusa de grave delito”
Remarcó especialmente que el proyecto fue aprobado por unanimidad
por la totalidad del cuerpo deliberativo, pero fue “una sorpresa
recibir 40 días después de haber aprobado ese proyecto,
una nota con la que se repudia en absoluto esa comunicación y
acusa al Concejo Deliberante de un grave delito, como es la apología
del delito”.
Además de plantear una aparente contradicción entre lo
que contiene el escrito de repudio que les fuera remitido al legislativo
y los dichos que a través de un medio periodístico realizara
el mismo presidente del Centro de Veteranos de Guerra, “ya que
por un lado dicen que no les preocupa el tema económico ni que
busquen su propio reconocimiento. Ese firmante dijo que a los veteranos
de Malvinas no les parecía mal que consiguieran los mismos beneficios
sociales y económicos que los veteranos, si logran ser reconocidos,
ya que sería un buen trabajo, pero no como veteranos de guerra
o ex combatientes’”.
“Cuestión semántica”
A su juicio, “con esas palabras, la supuesta apología del
delito se ve ‘licuada’, ya que el apoyo a un Proyecto de
Ley Nacional no modifica lo que manifiesta en esa nota periodística
el veterano. No es más que una cuestión semántica
en si son o no veteranos, ex combatientes o movilizados”.
Según dijo entender el concejal justicialista Raúl Villahoz,
después de haber mantenido intensas reuniones con los presidentes
de la totalidad de los bloques políticos que integran el cuerpo
deliberativo local, “consideramos que el tema ameritaba haber
mantenido una reunión, un diálogo, o un acercamiento;
tal como ocurre con todos los estamentos de esta ciudad, tal como ha
ocurrido por ejemplo con los empleados judiciales, a quienes se los
recibió y apoyó en su reclamo ente el Superior Tribunal
de Justicia”.
Subrayó especialmente que “de acuerdo a la Constitución
Nacional, los habitantes tienen todo el derecho a peticionar, reclamar
y participar activamente en el movimiento de la ciudad. Los concejales,
somos a quienes eligió el pueblo para estar dentro del Concejo
Deliberante y legislar. La democracia nos obliga a atender a todos,
y cuando legislamos a favor de uno es muy posible que estemos afectando
a otro, pero debemos ser muy ecuánimes para que la balanza mantenga
los platos a la misma altura, y generar la legislación local
y el apoyo institucional consciente a diferentes reclamos que diferentes
sectores se planteen”.
“Ser medidos”
Consideró que “tenemos que ser medidos” cuando se
emite una opinión o se fija una posición, “porque
el término ‘apología del delito’ está
previsto en el Código Penal, pero significa: la defensa, alabanza
o elogio de hechos que constituyen delito, o de personas que hayan sido
condenadas”.
Desde su punto de vista, lo que el Concejo Deliberante realizó
fue “darle el visto bueno” para que “a nivel nacional
tengan en cuenta la gente que no combatió, pero que igualmente
debió pasar por situaciones anímicas y psicológicas
no similares, pero parecidas”.
En referencia a esa afirmación, hizo lectura a un dictamen del
Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondito, quien reconoció
que los que estuvieron en Malvinas “sufrieron de manera directa
y con toda valentía el costo de exponer su propia vida por la
patria, pero no es menos cierto que el personal que se encontraba cumpliendo
funciones en el continente, debería recibir un reconocimiento
por las tareas desempeñadas y haber puesto en riesgo su vida,
su salud física y mental y su futuro, en cumplimiento de un deber
patriótico. Por ello (...) la Nación no puede no reconocer
la calidad de servidores a quienes acudieron al llamado para pelear
en Malvinas en forma parcial y sólo para las obligaciones que
resultaran del conflicto en cuestión, y no otorgarles los derechos
y beneficios que trajo aparejada esta situación a quienes fueron
convocados y movilizados en igualdad de condiciones que el resto”.
Hubiera “llevado este tema a la Justicia”
En su opinión, hubiera sido correcto “llevar este tema”
de las acusaciones de apología del delito y otros cuestionamientos,
directamente a los estrados judiciales, “a la Justicia. Pero hubo
otras opiniones más conciliadoras y primó la decisión
de hacer conocer públicamente los motivos por los cuales aprobamos
este proyecto de Declaración”.
Dejó en claro, finalmente, que “las puertas del Concejo
Deliberante van a estar siempre abiertas a todos quienes quieran manifestar,
dialogar, cambiar opiniones y llegar a instancias superadoras en este
tema”.
Inmediatamente finalizada la exposición de Villahoz, los presidentes
de los bloques del Polo Social, Oscar Pétersen; Provech, Ariel
Salvador; Pach, Jorge Iriarte; y Unión Cívica Radical,
Martín del Villar, pidieron la palabra para oficializar en actas
el rotundo y unánime consenso respecto a las afirmaciones del
presidente de la bancada oficialista.
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