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02/12/2010

Preocupadas por la falta de presupuesto, las Fuerzas Armadas no reconocen a los soldados veteranos de Malvinas las discapacidades físicas que las obligarían a pagarles una pensión especial. Apenas uno de cada cuatro ex conscriptos pasó por una junta médica que en la mayoría de los casos falló en contra a pesar de la opinión de médicos “civiles”. El caso del cordobés Guillermo Marini, herido en la batalla de Pradera de Ganso. Silencio en el Ejército y en el ministerio de Defensa.

Por Pedro Ylarri para Diario Perfil

Argentinos e ingleses pelearon entre el 27 y el 29 de mayo de 1982 la batalla de Pradera del Ganso, una de las más crudas de la Guerra de Malvinas. En sólo 39 horas murieron 64 personas y otras 209 resultaron heridas, entre ellas Guillermo Marini, entonces conscripto de 19 años. Dos balazos le impactaron en una pierna, y un tercero le perforó un pulmón y una cruz de plata que llevaba colgada. La misma que ahora, 28 años después y con 49 años, muestra con orgullo, y mucha preocupación.

Marini tiene un triste récord nacional y una historia testigo de las penurias que sufren miles de ex combatientes: las Fuerzas Armadas que lo llevaron todavía con acné a las islas le negaron 17 veces su circunstancia de discapacitado a causa de la contienda. Guillermo sigue viviendo en Córdoba, ahora sin trabajo y con una escasa pensión graciable. Según el Ministerio de Salud, tiene una incapacidad en el orden de 80 por ciento, pero para el Ejército, los disparos y la vivencia traumática sólo lo afectaron en un 3 por ciento. “Uno por ciento por cada bala,” se ríe Marini durante una entrevista con PERFIL.

El Ejército lo ha dejado a la deriva. “Se trata de una cuestión de dinero, ya que las FF.AA. deben pagar de su presupuesto –el sueldo de cabo, unos 970 pesos mensuales– a todos aquellos ex combatientes con más de 65 por ciento de incapacidad; pero en la práctica, sólo a los cuadros militares les reconocen ese porcentaje, al resto (los conscriptos) en general le reconocen por debajo para no pagarles”, explica a este diario Gustavo Pirich, otro conscripto ex combatiente, autor de Hojas de ruta, un libro sobre la lucha post guerra de los veteranos, con prólogo de Osvaldo Bayer.

El procedimiento, según la ley, es sencillo: el Estado –por medio de la Ley 23.109 y su reglamentación en 1988– está obligado a convocar a todos los que pelearon en la contienda y realizarles una Junta de Reconocimiento Médico para estudiar su estado, si es posible una sola vez para que no rememore los traumas de la guerra. Si su incapacidad supera el 65 por ciento recibe el beneficio. “Las fuerzas, para no pagar, exigen que sean sus médicos los que encabecen las juntas”, añade Pirich. El resultado “pocas veces se condice con lo que dicen los médicos ‘civiles’.”

El caso y la problemática llegó este año a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que pidió informes a las FF.AA. para saber cuántos ex combatientes pasaron por una junta médica. Se llevó una sorpresa: sólo uno de cada cuatro ex combatientes pasó por una junta militar, y de las 3.500 que se hicieron, la gran mayoría concluyó que los ex conscriptos no tenían discapacidad suficiente para cobrar pensión. En cambio, de las 149 personas que pasaron por juntas civiles, a 125 les reconocieron más de 65 por ciento de discapacidad. Con los datos, la Defensoría prepara un reclamo sobre el tema. PERFIL consultó al Ejército y al Ministerio de Defensa, sin éxito.

Caso testigo. Debía ser visto por única vez, pero Marini tiene los papeles de 17 juntas médicas. La única civil a la que se presentó (a cargo del Ministerio de Salud) lo declaró discapacitado. Las 16 restantes, militares, negaron que tenga derecho a un beneficio adicional. Un día de 2007 pudo exponer su caso ante funcionarios del Ministerio de Defensa. “Siguieron negando lo que decían los médicos, y entonces me levanté de la silla y me saqué la remera; cuando vieron la cicatriz de 35 centímetros se dieron cuenta de la equivocación”, dice Marini. Al cierre de esta edición, 28 años después de la guerra, seguía siendo un “muchacho sano” para el Ejército.

Tras salir de Comodoro Rivadavia el 22 de abril de 1982 junto con otros 37 soldados de la tercera sección del Regimiento 8, Marini se enfrentó a los ingleses en cercanías a la pradera (Goose Green). Lograron tomar la plaza, pero la infantería británica con apoyo de la artillería logró recuperarla. Antes habían dado muerte el teniente coronel Herbert Jones, jefe de los paracaidistas ingleses, el militar británico de mayor rango que murió en terreno malvinense. Allí fue enterrado con honores.

Un galpón en el puerto de Darwin los mantuvo prisioneros y varias semanas más pasó en el frío del Atlántico dentro de un buque británico hasta la rendición final. Cuando regresó a Córdoba ya no pudo concentrarse para continuar sus estudios. Hoy sigue con el secundario incompleto.

Cuando volvió de las Islas, Marini fue atendido en el Hospital Militar. “En el Tercer Cuerpo me dijeron que tenía que hacer los trámites por incapacidad o discapacidad”, pero su experiencia no fue la mejor cuando se convocó a su primera junta médica: “Me vio una sola persona que me dio un martillazo en la pierna y me comenzó a apretar tan fuerte que le pedí que no lo hiciera más… me siguió apretando y me enojé”. El resultado fue “ninguna incapacidad”. Hoy cuenta que estaba tan furioso que no volvió para quejarse.

Empezó los trámites para un seguro de salud y una pensión adicional cuando el estado de su pierna comenzó a complicarse. Una psicóloga le dijo primero que sus problemas “eran familiares” y así sucesivamente fueron pasando las juntas. La única civil que lo vio le otorgó 80 por ciento de discapacidad, “pero el Ejército no la reconoce y sus médicos dicen otra cosa”. Su “negociación” incluyó reuniones en el Ministerio de Defensa –una de ellas incluyó una virtual toma del edificio de Paseo Colón– y en la Defensoría, enojos, pataleos y un abogado. “Con todo eso por ahí sale pronto el beneficio, pero no hay derecho…”, finalizó.

Las juntas dejan sin dormir a los ex combatientes, más cuando muchos superan las cinco décadas. Recuerdan casos dramáticos, como el de Gustavo Dominichelli, rechazado una y otra vez en las juntas militares. “Le decían que estaba bien, que ‘era de fierro’, que no tenía secuelas, aunque le hacían seguir un tratamiento… un día, después de salir de allí, llegó a su casa, saludó a su familia y se pegó un tiro”, se lamenta Gustavo Pirich, y termina: “Lo único que queremos en un seguro integral de salud”.