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12/05/2009

Como esas tareas están prohibidas por acuerdos entre países ahora exigen que la Justicia internacional esclarezca los hechos. De no recibir una respuesta hoy, mantendrán la protesta hasta el jueves.

Cuando eran prisioneros de guerra, Raúl Vallejos, Ángel Urban, Ricardo Pinatti y Ricardo Jackinsuk sobrevivieron a una explosión que se produjo mientras trasladaban municiones obligados por soldados ingleses, en junio de 1982.
El accidente los dejó gravemente heridos, pero los soldados Martín Flores y Rafael Barrios murieron en el acto y un tercero, José Ferraú, fue ultimado por un sargento inglés cuando su cuerpo se estaba quemando con fósforo blanco (napalm).

El traslado de armamento por prisioneros de guerra constituye un crimen de guerra por estar expresamente prohibido el sometimiento a tareas riesgosas y por no estar incluido entre las autorizadas por el Convenio III de Ginebra de 1949. Por otra parte, el asesinato del soldado Ferraú a manos de un sargento inglés, configura una violación grave.
Como la denuncia no prosperó, “por falta de voluntad política de los tres poderes”, ahora los Veteranos de Guerra solicitan a Cristina Fernández de Kirchner que el Estado nacional los represente y lleve la denuncia de ese exceso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se dirimen este tipo de delitos.

Tanto Argentina como Gran Bretaña adhieren a los pactos que protegen derechos de los prisioneros de conflictos bélicos y la violación a esos acuerdos conlleva además la aplicación de sanciones.

El 1 de junio de 1982, una patrulla de soldados del Regimiento 12 de Infantería fue obligada a realizar tareas peligrosas bajo amenaza de pasar la noche a la intemperie, lo que significaba una muerte segura para todos.
Además de los chaqueños lesionados, también sufrieron heridas de diversa consideración el subteniente Leonardo Durán, y los soldados Gerardo Fernández, Luis Espinberger, Hugo Duarte, Francisco Ocampo y Víctor Rodríguez.
Vallejos y Pinatti denunciaron los excesos de la fuerza inglesa ante la comisión investigadora de crímenes de guerra del ministerio de Defensa, en 1994, y junto a Durán, ante el Juzgado Federal de Río Grande, en 1999.

Hasta el presente, ambas presentaciones de las víctimas no prosperaron y en consecuencia decidieron solicitar a la presidenta asuma la representación de los denunciantes para que se dirima ese tipo de violaciones a las Convenciones de Ginebra.

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