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| 08/11/07 |
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| La oposición advierte que se viola la división de poderes | ||
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Estupor e indignación. La oposición parecía no hallar las palabras suficientemente duras para criticar el decreto 1344, que permite a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) auditar el Congreso y el Poder Judicial. El oficialismo prefirió hacerse el desentendido y, salvo la diputada Diana Conti (Buenos Aires), nadie se atrevió a defender en público la medida. En rigor, la mayoría de los legisladores consultados por LA NACION se enteraron de la existencia del decreto cuando se los inquirió al respecto. La medida se dictó en medio del fragor de la campaña, cuando lo único que les interesaba era su desempeño personal y el de su partido en las elecciones presidenciales. El decreto 1344 despabiló a la oposición de la modorra legislativa en la que se hallaba sumida y, aunque tardíamente, calificó la medida de "disparate jurídico". En el oficialismo prefirieron el silencio. Salvo la diputada Conti: "Es una medida no sólo razonable, sino también necesaria", elogió la presidenta de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. "El Poder Judicial y el Poder Legislativo se nutren del presupuesto nacional; no son autárquicos: ambos poderes se dirigen al Poder Ejecutivo cuando, por ejemplo, reclaman mayores partidas para su funcionamiento. Que la Sigen, que es un órgano de contralor interno del Poder Ejecutivo, audite en qué se gastan esas partidas que distribuye el Tesoro no sólo me parece razonable, sino necesario", justificó la legisladora. "Es un disparate total", fustigó desde la otra vereda el diputado Federico Pinedo (Pro-Capital), que no podía creer lo que leía: "Ni el Congreso ni el Poder Judicial forman parte de la administración central, no tienen como jefe al presidente Néstor Kirchner ni responden al jefe de Gabinete. Es un absurdo, una barbaridad. Es a todas luces inconstitucional". Tampoco salían de su sorpresa los senadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), líder del partido, y Ernesto Sanz (Mendoza), miembros de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. "Este decreto es un broche de oro a la ley de superpoderes -criticó Morales-. El Poder Ejecutivo pasa de poder controlado por el Congreso a ser un poder controlador de la Justicia y del Congreso. Así, se termina con la división de los poderes." Sanz tampoco ahorró en críticas: "Es una barbaridad, un disparate. La inclusión del Poder Legislativo y del Poder Judicial dentro de la administración central es inconstitucional. Este decreto reglamentario constituye un avance inadmisible por sobre la misma ley de administración financiera; la viola abiertamente. Es evidente que el Poder Ejecutivo aprovechó la campaña electoral para sacar esta medida". El diputado Fernando Sánchez (ARI-Capital) coincidió respecto de la inconstitucionalidad del decreto y, con cierta ironía, sostuvo que la medida no deja de ser una "triste paradoja". "La Sigen, controlada por la mujer de un poderoso ministro [en referencia a Julio De Vido], no controla la estructura interna del Poder Ejecutivo y ahora pretende ampliar, indebidamente, sus facultades sobre los otros dos poderes del Estado", enfatizó. En el oficialismo, silencio de radio. "La verdad, este decreto es una barbaridad y tampoco tiene demasiada razón de ser. Habrá que ver qué pasa cuando un síndico se atreva a controlar a un juez; seguramente se armará todo un planteo jurídico que terminará en la declaración de inconstitucionalidad. La verdad, no le veo la razón práctica a este decreto", dijo un veterano legislador que conoce bien de las alquimias oficiales. Fuente: La Nación |
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