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Nilda Garré les comunicó a los jefes de los Estados Mayores de las tres fuerzas las reformas que el gobierno sancionará por decreto en los salarios de los agregados militares en el exterior -con una fuerte reducción de esos sueldos en dólares- y en el control del Instituto de Ayuda Financiera, el organismo que paga las remuneraciones y pensiones del personal retirado de las tres armas.

El brigadier general Jorge Chevalier, el subjefe del Estado Mayor del Ejército, general de División Luis Alberto Pozzi; el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Jorge Godoy; el subjefe, vicealmirante Benito Rótolo; y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier general Normando Costantino, escucharon de boca de Garré cómo se modificaría el control de esa preciada caja de los militares que recauda fondos y capitaliza reservas para pagar a los retirados.

El dinero de esa caja proviene de los aportes de los militares en actividad, las retenciones a quienes gozan de un retiro, la reserva y los pensionistas. Pero, además, el Estado aporta, en cada ley de Presupuesto nacional, un monto extra para financiarlo.

Fue entonces cuando Garré les explicó cómo se reformará el sistema de controles y auditorías de esa caja, aunque los militares sostengan que para la SIGEN el IAF tiene un riesgo contable bajo en relación, por ejemplo, con el resto de las Fuerzas Armadas o el propio Ministerio de Defensa, introduciendo una comisión fiscalizadora integrada por dos representantes de la Sindicatura y uno del Ministerio de Defensa.

El directorio quedará presidido por un funcionario del ministerio que controla Garré, pero se suman uno por Economía y otro por Trabajo, además de un oficial superior de cada una de las tres Fuerzas propuestos por el Estado Mayor Conjunto, con lo que el poder de voto queda mayoritariamente en los civiles, al poder desempatar el presidente de ese cuerpo.

A cambio de ese avance sobre la caja de retiro de militares, Garré les prometió que en el futuro el IAF no será asimilado a la ANSeS. Si hubiera sido así, algo que los militares temen desde hace tiempo, no sólo los fondos del IAF hubieran quedado a disposición del Poder Ejecutivo, sino que se hubiera iniciado un lento proceso de equiparación de sus jubilaciones con los regímenes civiles.

La reforma no termina allí. Garré explicó también que el IAF deberá en el futuro someterse al régimen de contratación de personal y al régimen de contrataciones del Estado. Y toca, además, un punto álgido: la función de cuasi banco de ese tipo de cajas. Desde ahora se incluirá al IAF en el Régimen de Administración de los Fondos de Pensiones, regulando, entre otras funciones, el otorgamiento de créditos del organismo a entidades privadas.

En cuanto a los sueldos de los agregados militares en el exterior, la reforma equiparará esos salarios en dólares con los que recibe el personal civil del servicio diplomático.

Así se reduce el monto total de lo destinado a esta función y el sobrante será girado directamente a integrar partidas destinadas al equipamiento o funcionamiento de las fuerzas.

La reducción de salarios es importante: según 'Ambito Financiero', un coronel destinado en Europa central recibe hoy, en concepto de sueldo y un fijo por traslado, la suma de US$543.158,82 por dos años de trabajo, es decir, US$22.631 por mes.

Con la reforma pasarán a cobrar, también por dos años, un total de US$337.422.12, equivalentes a un salario de US$14.059 mensual, es decir, una reducción salarial final de 37,88%.

Los controles no terminan allí: Garré dispuso, además, que los agregados deberán pasar un curso de formación antes de ser enviados al exterior, rendir un examen de idiomas, elaborar reportes periódicos sobre su tarea y no podrán impedir que los embajadores los evalúen, algo prohibido hasta ahora.

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