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Por Francisco
Scolaro
Señor Director:
Es notorio tanto que la imagen de nuestra justicia se tira por los
balcones, como que los derechos ciudadanos suben por escaleras o por
ascensores y demoran más que trenes y subtes.
Son pocos los que creen en la imparcialidad de los tribunales, su funcionamiento
y hasta su honestidad.
FORES (Foro de Estudios sobre Administración de Justicia) realiza
encuestas que aseveran lo precedente.
En efecto, el Indice de Confianza en la Justicia (ICJ) demuestra, en
los relevamientos y encuestas, que la misma no es confiable ni eficiente.
Cada tres meses se realizan mediciones y la desconfianza aumenta. Obvio
que la mayoría de los ciudadanos (único recurso) afirma
que reclamaría en tribunales cualquier contienda o litis.
De la encuesta participa también la Universidad Torcuato Di Tella
y resalta que la imparcialidad, que debería caracterizar a los
jueces, sigue en picada.
Muchos están convencidos de que no se trata a todo el mundo por
igual ante los casos de corrupción. Muchos de los jueces están
sospechados, las vacantes sin cubrir y las presiones del Ejecutivo están
en boca del pueblo.
Si se descree de las instituciones seguimos por mal camino y, peor aún,
si se privilegian las encuestas (que hoy hacen reir) para candidatos
a cargos electivos, haciendo caso omiso de las que marcan la precariedad
en aumento de las Instituciones.
Hasta la Junta Electoral (no es un órgano judicial y por lo tanto
resulta incompetente para opinar), que debe someterse a la Justicia
competente en la materia, violará (y viola) preceptos de la Constitución.
Ese libro que obliga al Estado a proveer y afianzar la justicia.
Sin entrar en el juzgamiento personal de Francisco de Narváez
ni de Daniel Scioli, ninguno de los dos, por imperio de la norma madre
de la Pcia. de Bs. As.(Art.121), están habilitados para ser candidatos
a Gobernador (que exige que el postulante a gobernador debe haber nacido
en la Provincia o haber tenido domicilio en ella durante cinco años
de residencia).
El artilugio de recurrir a normas internacionales, nos debe llevar a
pensar en derogar la Constitución. ¿A quién le
interesa una serie de normas de las que la mayoría no se cumple?
¿Quién va hacer cumplir las Leyes, la Constitución
y la Justicia de una vez y para siempre en este País?
¿Quién le pone el cascabel al gato?. El art. 121 (capicúa)
pareciera ser un número más en la "timba" electoral.
Saludos
Lic. Francisco Scolaro
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