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Por Hugo Sirio
El Poder Judicial ha sido convertido en el blanco de referencia peligroso
proveniente de los otros poderes del Estado, los que nos lleva a advertir
sobre la existencia de un irresponsable juego donde se pretende proyectar
las dificultades de cada uno del otro.
Ante esta situación cabe en primer lugar que varios Colegios
de Abogados han expresado reiteradamente el valor de la división
de los poderes y la independencia de cada uno de ellos entre sí,
sin que esto signifique apañar o cohonestar las irregularidades
que pudiesen existir.
Considero que la histórica posición, que ante el ejercicio
incorrecto de la función judicial hay que cumplieron el mandato
legal de denunciar y llevar adelante los juicios políticos contra
los magistrados sospechados fehacientemente.
La creación del Consejo de la Magistratura con rango constitucional
y el Jurado de Enjuiciamiento, sin la intromisión de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, ha demostrado que sin el aporte de acusaciones
exorbitantes, se pude llevar adelante la remoción de jueces en
un número nunca visto en toda la historia de nuestra República.
Conformados estos entes por representantes de la abogacía que
exhibieron un claro coraje en el ejercicio de sus funciones.
Por eso advierto que la escalada de declaraciones podría terminar
en una injerencia que siga menoscabando la independencia del Poder Judicial,
debería tratarse con mesura el tratamiento de esta delicada cuestión.
Para Gaetano Mosca (1858-1941), y basado en la historia del poder, el
principio fundamental de cualquier análisis político es
el siguiente: “en toda sociedad (...) existen dos clases de personas;
la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera, que es siempre
la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas,
monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que a él van unidas.
Mientras que la segunda clase, la numerosa, es regulada y dirigida por
la primera...”
Tal vez esa idea -que tienen quienes detentan el monopolio del poder-
les haga suponer que están facultados para inmiscuirse en cuestiones
ajenas a sus funciones específicas. Por eso el sistema representativo
peligra cuando la distancia entre representantes y representados se
extiende hasta alcanzar niveles en los que se puede cuestionar el proceso
de representación.
La sociedad tiene el derecho de volver a confiar en sus instituciones
porque de no hacerlo sobrevendrá el caos que se desparramará
como mancha en toda la República.
¿O será que la “élite política”
necesita de discursos grandilocuentes y con aparente contenido, que
den sentido a su papel frente al gobernado y que justifique su lugar
prestado por la sociedad?
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