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Corrupción
sin límites en Argentina. Kirchner “Sabe como hacer un
país en Serio”... ¿con funcionarias como Picolotti?
Sepa quienes financian a la ONG CEDHA, fundada en 1999 por Romina, la
abogada familiera y amiguera...
Picolotti: Bancada por los ingleses
Kirchner “Sabe como hacer un país en Serio”... ¿con
funcionarias como Picolotti? Sepa quienes financian a la ONG CEDHA,
fundada en 1999 por Romina, la abogada familiera y amiguera.
En estos días, la vapuleada Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Romina Picolotti ha expresado: "Yo tengo el apoyo
del Presidente y del jefe de gabinete [Alberto Fernández]. El
día que eso cambie, me voy".
Según afirman observadores de Córdoba, Mendoza y Entre
Ríos, el matrimonio, al cual califican de "expertos burócratas
internacionales" integrado por los abogados Jorge Daniel Taillant
y Romina Picolotti han logrado estructurar una organización -con
sede matriz en Córdoba- de intenso batallar en los mercados marketineros
y lucrativos de la actual sociedad globalizada.
Fuertemente financiados por entes para-gubernamentales y ONGs. Del exterior.
La defensa sobreactuada de los Derechos Humanos y el Ambientalismo ha
pasado a constituir -en varios casos- un fenómeno fronterizo
con la asociación ilícita por sus métodos de acción
coactiva.
Llama la atención el histrionismo fundamentalista que exhiben
estimulados por las generosas financiaciones que provienen de las ¿despistadas?
y asombrosamente dadivosas fundaciones de los Estados Unidos, Inglaterra
y otros países de sólida solvencia.
Observando la página web de la ONG CEDHA fundada en 1999 por
la abogada Picolotti ( http://www.cedha.org.ar/es/financiamiento) se
puede apreciar la nutrida lista de entidades transnacionales que sostienen
a este hábil grupo que supo congraciarse en sus andanzas y merodeos
por los organismos complacientes del mundillo internacional: Ford Foundation,
Embajada Británica en Buenos Aires, Fundación Richard
y Rhoda Goldman, Bank Information Center, Global Green Grants Fund,
Hobson Family Fund, Inter-American Association for Environmental Defense,
International Institute for Sustainable Development, World Conservation
Union (IUCN).
Se afirma en fuentes políticas de la provincia de Córdoba
que el grupo capitaneado por Taillant-Picolotti utiliza un método
de copamiento de aquellas estructuras sociales que logran propagar con
cierto éxito algún conflicto ambiental o conexo con lo
ambiental, político y social.
Desde allí, con su experiencia en los ámbitos internacionales,
alcanzan posiciones relevantes de "asesoramiento" de esos
conjuntos humanos díscolos y proclives a la anarquía.
En recientes publicaciones de diarios mendocinos se ha anunciado la
reunión entre determinados legisladores de la legislatura de
Mendoza y el Coordinador de la Unidad de Gestión de la Actividad
Minera de la Secretaría de Medio Ambiente de la nación,
un personaje colombiano -Juan Carlos Ordóñez- que responde
al dirigente trotskista Néstor Pitrola de fuerte ascendiente
ante la abogada Picolotti.
Continuaron afirmando los periódicos mendocinos que en esa reunión
el funcionario Ordóñez y el Senador "hiper-ecologista"
Difonso acordaron manipular la sanción de una ley provincial
obstruccionista y constituir una comisión interprovincial a la
cual el Congreso Nacional le otorgaría la función de obligar
a las provincias a efectuar estudios de impactos ambientales previos
a cualquier otorgamiento de permisos o concesiones por parte de las
respectivas provincias mineras.
Vale decir, promover regulaciones para embestir contra el desarrollo
de la minería mediante pretextos y falacias disfrazadas de ecologistas.
Armar desde el Congreso Nacional "comisiones interprovinciales
tramposas" -así las denominan los sectores agredidos- las
cuales absorberían otras facultades arrebatadas a las provincias,
violando elementales textos constitucionales.
Notorios juristas afirman que un proyecto de esta naturaleza justifica
sanciones o medidas disciplinarias por la tremenda maniobra que se encubre
para taponar todo proceso de inversión en la exploración
de yacimientos.
Significa -insisten- nada más y nada menos que crear una "comisión
supraprovincial" que asumiría las potestades indelegables
que la Constitución Nacional les asigna a las provincias argentinas,
entidades fundadoras de la Nación.
Datos clave complicarían aún más
a Miceli
Billetes con faja del BCRA pasaron por una financiera, en la que no
habría datos de operaciones realizadas por la funcionaria o su
hermano. No tendrían cuentas en el banco al que el Central envió
el dinero.
Mientras avanza la investigación sobre la bolsa con miles de
pesos encontrada en el baño privado de la ministra de Economía,
Felisa Miceli, surgen nuevas dudas y pistas que podrían complicar
su situación, e instalan sospechas sobre la explicación
que dio la funcionaria la semana última.
Por un lado, el lote de dinero con una faja del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) que apareció en la misteriosa
bolsa, pasó antes por una financiera privada, según revelaron
fuentes de la investigación en base a un informe de la entidad,
informa hoy el diario Clarín.
Y según esas fuentes, “en principio”, no habría
datos de operaciones realizadas en esa financiera por la ministra o
su hermano, Horacio Miceli. Según contó ella, él
le había prestado el dinero para una operación inmobiliaria
que finalmente no se concretó.
Por otra parte, el BCRA informó a qué banco había
enviado los billetes hallados en el baño. Y aunque el nombre
de esa entidad permanece en reserva, trascendió que allí
no existirían cuentas a nombre de Horacio Miceli, hermano de
la ministra, de la propia funcionaria, ni de sus respectivas parejas,
según informa hoy el diario La Nación.
EL BCRA informó que el fajo de 100.000 pesos, con el número
de lote 38057 bco30, salió de sus arcas la semana del 20 de mayo,
15 días antes del hallazgo. En la bolsa hallada había
además 31.000 dólares, según el acta policial.
La Justicia también investigará el pedido del original
del acta del hallazgo, realizado por el ministerio de Economía
a las autoridades policiales, por considerar irregular que las autoridades
de un organismo pidan a la policía un acta de inspección
realizada en sus oficinas, según informa La Nación. |
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