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El Poder Ejecutivo controla al Poder Legislativo y Judicial. Los argentinos en manos de un sistema tiránico. La Constitución Nacional es violada sin levantar protestas ni cuestionamientos en la opinión pública. ¿República Argentina?...

Art. 76 de la Constitución: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

Es bien sabido que los últimos gobiernos han utilizado el famoso decreto de necesidad y urgencia a discreción y a través de dicho recurso "crear leyes" sin la necesidad del Poder Legislativo.

Pero hoy, la situación es aún peor, pues no solo existe el ya inconstitucional y abusivo "decreto de necesidad y urgencia", que pese al "gran crecimiento económico" la presidente decidió seguir con dicha herramienta, sino que además el Poder Legislativo está en manos del Frente Para la Victoria, pues en ambas Cámaras (Diputados y Senadores) poseen mayoría y quórum propio, pudiendo derogar o aprobar las leyes a su gusto. Y ya no solo eso, ahora se agrega el control del otro poder, el Judicial.

El Poder Ejecutivo y la "maquinita de crear leyes"

En su primer año de existencia, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo aprobó automáticamente los 391 decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por los diversos gobiernos que se sucedieron desde 1994 hasta el año último.

Si el uso y abuso de estos decretos del Poder Ejecutivo que reemplazan a las leyes ya es de por sí condenable, la labor mecánica de esta flamante comisión que se ha revelado como un simple sello para convalidar lo hecho por el Ejecutivo demuestra ser, además de un formalismo inútil, una burla a los preceptos constitucionales. Y una burla cara.

Como su nombre lo indica, los DNU sólo se ven justificados para enfrentar situaciones excepcionales en las que, por razones de tiempo, es preciso sortear los trámites habituales que requiere la sanción de una ley. Fue el ex presidente Menem quien inauguró la etapa del abuso de estos instrumentos.

La Comisión legislativa que supuestamente regula los decretos, nació en 2006, y comenzó su labor el año último. Pero al aprobar todos los DNU desde 1994 a 2007, mostró ser una simple escribanía que certifica la obra legislativa del Ejecutivo. Y esto se entiende porque dos tercios de sus integrantes pertenecen al oficialismo, donde también milita su presidente, la diputada Diana Conti, representante del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.

Tampoco hace honor la Comisión a su nombre de Permanente -su obligación es reunirse cada vez que el titular del Ejecutivo firma un DNU- y, así, el año pasado, suspendió sus tareas entre agosto y noviembre en coincidencia con la campaña presidencial. En ese lapso, el presidente Néstor Kirchner firmó, entre otros, un DNU que modificó la ley de presupuesto para poder reasignar y distribuir partidas por 1400 millones de pesos sin control.

Aquel presupuesto previó un aumento del 80 por ciento en los fondos destinados a la Comisión, que pasaría de un millón a 1.800.000 pesos. Conti justificó el injustificable incremento en la necesidad de pagarles a los asesores: “El monto se justifica por el esfuerzo doctrinario que hay que hacer, que no es menor.”

Durante su presidencia, Néstor Kirchner firmó más DNU que proyectos que se convirtieron en leyes en el Congreso: 249 contra 174. Es clara la deformación del sistema republicano cuando es más sencillo conseguir la aprobación parlamentaria de un decreto que obtenerla para un proyecto de ley, hecho que estimula la emisión de esta clase de normas que deberían ser extraordinarias. Si ya es suficientemente grave que el Ejecutivo legisle por decreto, tan o más grave es que los legisladores, elegidos para cumplir la función que su nombre indica, no sólo no defiendan a ultranza la plena vigencia de la separación de poderes, sino que convaliden mecánicamente los DNU, confirmando de esa manera que estamos ante un Congreso ausente. (La Nación)

El Poder Legislativo: Kirchner con mayoría absoluta

Por Luis A. Soria. En ambas cámaras el oficialismo controla políticamente todas las comisiones. En el Senado, de las 25 existentes se quedó con 21, y en Diputados, sobre 45, con 39. En las que están en manos de la oposición, el FpV es mayoría.

El impiadoso ejercicio del poder del oficialismo queda demostrado al revisar cómo se procedió al armado de las comisiones, tanto en la Cámara alta como en la Baja. Es una muestra fehaciente de que el discurso pronunciado ante la Asamblea Legislativa por Cristina Fernández de Kirchner, que auguraba una nueva etapa en la democracia legislativa, fue un mero anuncio. Un mensaje que fue ponderado por el oficialismo y recibido con cautela por los legisladores de la oposición.

El dato es elocuente: sin contar las bicamerales y los llamados Grupos Parlamentarios de Amistad con los Pueblos, de las 70 comisiones de ambas cámaras, el bloque del Frente para la Victoria- PJ, más los aliados, controlan 60. Es decir que la construcción jurídica tiene un solo responsable en este tiempo. Las nueve restantes comisiones no gozan de autonomía, dado que en cada una de ellas, el FpV-PJ conserva la mayoría de los miembros, con lo cual evita cualquier sorpresa del avance de un proyecto de la oposición.

Cancha marcada

Un escenario que se puede apreciar en el recinto a la hora de aprobar las leyes o de manipular los pedidos de preferencias y que le permite decir por ejemplo a Miguel Angel Pichetto en las reuniones del bloque, como en conversaciones informales de que el Congreso no es un ámbito de libre pensadores, sino de varones y mujeres encolumnados tras un proyecto político hoy encarnado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, o sea las diferencias quedan a extramuros.

Por su lado, Agustín Rossi, en su calidad de jefe del bloque de diputados nacionales, no anda con vueltas a la hora de imaginar el trabajo legislativo. Y sino, refresquemos sus declaraciones, en las que afirma que “la tarea será más fácil, no vamos a depender de los demás bloques, ya que con nuestra propia bancada estamos en condiciones de dar quórum”, sin olvidarse de citar a los aliados como en este caso puntual de los bloques Concertación Plural, Social y Popular; el Movimiento Popular Neuquino; el Partido Renovador de Salta; Diálogo por Buenos Aires; Movimiento Independiente; Guardia Peronista, y Nacional Sindical, entre otros.

Alianzas ya definidas y otras pasajeras que le garantizan al kirchnerismo un funcionamiento sin sorpresas, tanto en las comisiones como en los recintos de cada cámara, inclusive con fuerzas históricamente enfrentadas al peronismo, pero como hoy es poder se facilitan todos los acuerdos.

Con sabor K

Este es el panorama de la distribución de las comisiones en ambas cámaras, que además de reflejar “el mensaje de las urnas”, como acotan los paladares negros del kirchnerismo a la hora de las chanzas, significa que la construcción jurídica tiene una sola boca de expendio: el Frente para la Victoria- Partido Justicialista, y las demás son testigos de este accionar. “Somos el brazo legislativo del Gobierno”, resumió la encargada de la secretaria parlamentaria del bloque del FpV, la diputada Patricia Fadel.
En síntesis, todo el andamiaje jurídico tiene un solo responsable: el oficialismo y nadie más.

Poder Judicial

La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley la polémica reforma al régimen de jueces subrogantes. El proyecto fue impulsado por el kirchnerismo y se aprobó por 97 votos contra 54, en tanto que se registraron tres abstenciones.

La oposición coincidió en objetar la injerencia que la norma le concede al Poder Ejecutivo para cubrir interinamente los juzgados vacantes, negándole intervención al Consejo de la Magistratura. También la Asociación de Magistrados había manifestado su rechazo al texto.

El Senado le había dado media sanción al proyecto la semana pasada y el oficialismo apuró la ley para evitar un colapso del sistema judicial. La Corte Suprema dio plazo hasta mañana para la vigencia del sistema de interinatos que regía hasta ahora y al que el máximo tribunal consideró "inconstitucional".

Un argumento central del miembro informante por la mayoría, el bonaerense Luis Cigogna, fue que de no votarse la ley la Corte desconocería los fallos de más de 170 jueces (casi el 20 % del sistema judicial) que se encuentran ejerciendo suplencias en juzgados ajenos mediante el mecanismo de subrogancia.

La votación de ayer legaliza la continuidad de los interinatos que están funcionando, sin fijar plazos. Y establece dos alternativas para futuras designaciones: en primer término las cámaras podrán llenar las vacantes con magistrados de la misma competencia y jurisdicción. De no ser posible, el nombramiento se hará por sorteo entre abogados matriculados que integren una lista armada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Por su lado, Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, fundamentó el dictamen que presentó en minoría afirmando que el texto "no cumple con la sentencia de la Corte Suprema". Alegó que la acordada de ese tribunal exigía la intervención del Consejo de la Magistratura en la selección de los magistrados.

Para el titular del bloque radical, Oscar Aguad, el nuevo mecanismo significa "un paso atrás". Y advirtió que la Corte Suprema "va a decir que las sentencias dictadas por los magistrados designados por esta vía son nulas". También cuestionó el proyecto kirchnerista la socialista María Elena Martín, quien lo catalogó de "contrario a la Constitución Nacional, pues obvia al Consejo de la Magistratura".

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