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Los temores de la Administración Fernández de Kirchner. La falta de seguridad ya se ha transformado en la principal preocupación de la ciudadanía, que ya comienza a organizarse para llevar adelante cacerolazos en protesta por la falta de respuesta de las autoridades.

Por Matias Ruiz, para El Ojo Digital Sociedad

La Casa Rosada sigue muy de cerca las noticias, con temor, pero presa de una inacción que lleva ya más de cinco años.

Analistas y opinólogos de toda forma y color venían advirtiéndolo desde hace años : que el problema de la falta de seguridad se convertiría en endémico y que podría derivar en problemas serios de gobernabilidad para autoridades nacionales y provinciales. La pasada Administración Kirchner había acusado reiteradas veces a quienes se referían al tema, de agoreros o simplemente de querer desestabilizar al Gobierno. Pero, una vez más, la realidad ha golpeado a la puerta ruidosamente. Hoy, las encuestas refieren que el fenómeno de la falta de seguridad es la primera preocupación de la sociedad, superando en más de 30 puntos porcentuales al desempleo, que, aunque pocos lo digan, se ha incrementado en los últimos años.

Los incontables casos de violaciones seguidas de muerte, asaltos y ataques llevados a cabo por delincuentes de toda índole y "motochorros", homicidios de civiles y policías se han disparado a niveles récord en todo el país. Desde luego, el distrito más problemático ha sido y continúa siendo la provincia de Buenos Aires, siendo el conurbano bonaerense el epicentro de los hechos más violentos y condenables. La tarea del ex ministro de Seguridad León Arslanián se ha revelado como paupérrima, y el escenario que ha quedado luego de su salida es, simplemente, dantesco : purgas policiales mal hechas y un sistema de administración de justicia totalmente descoordinado con la labor policial. Jueces y policías, al contrario de lo que sucede en cualquier país "serio" se reconocen como enemigos, o por lo menos, como personajes antagónicos. Para colmo, y a los efectos de intentar suavizar la crítica social, Arslanián había ordenado a las comisarías minimizar el tiempo dedicado a tomar denuncias. Se ha vuelto algo de todos los días que vecinos de la provincia se comuniquen al 911 para solicitar el envío de patrulleros y que se les responda que no pueden enviar a nadie pues no hay combustible para las unidades. Pongamos por caso, en la ciudad de Mar del Plata, existen comisarías que no cuentan con más de $300 al mes para poner nafta en los patrulleros, en plena temporada.

Pero el fenómeno de la falta de seguridad aqueja a todo el país. Los residentes de la Capital Federal se arrogaban vivir en el distrito menos inseguro de la nación. Hoy, los episodios violentos ha terminado por hacer trizas esta sentencia. Como siempre, el problema tiene en gran medida relación con las villas y los asentamientos precarios que nadie controla y que son verdaderas escuelas para delincuentes. Allí tenemos el caso de la tristemente célebre villa 1-11-14, donde las pandillas se baten a duelo a plena luz del día con una frecuencia preocupante. Narcotraficantes peruanos se han adueñado del asentamiento con una impunidad difícil de comprender. Desde luego, las autoridades jamás hacen acto de presencia allí.

Por estos días, se ha puesto de moda entre los medios la enumeración de hechos relacionados con ataques perpetrados por los denominados "motochorros". Increíblemente, y mientras las víctimas comienzan a contarse por cientos, policías y magistrados se echan la culpa unos a otros frente a la problemática. Los policías parecen llevar la batuta de la razón para este caso, pues destacan que los jueces liberan a los motochorros en menos de 24 horas. Responden los jueces que no existe legislación para frenar a los autores de estos hechos delictivos, responsabilidad que recaería sobre el inútil Congreso de la Nación. Culpan los jueces a la policía de no hallar testigos para completar las denuncias que puedan llevar a prisión a los malhechores. En el caso de Capital Federal, el sistema de búsqueda de testigos ha sido implementado desde la creación del patético código de convivencia de Aníbal Ibarra, y solo ha logrado garantizar el accionar de la delincuencia en un modo atroz. Ocurre que los políticos del arco izquierdista y derechohumanista han luchado a brazo partido para que la sociedad se formara la peor imagen del policía. De ahí que no se confíe en su criterio para detener personas sin necesidad de requerir testimonio de parte de transeúntes ocasionales que puedan hacer las veces de testigos de un ilícito.

Pero la visión de los arcos progresistas de la política ya no tiene eco en la ciudadanía : hoy por hoy, la sociedad pide a gritos, más que nunca, que la delincuencia pague por su accionar marginal. Cabe destacar que el ex presidente Néstor Carlos Kirchner jamás hizo mención en sus discursos al problema de la falta de seguridad; perdió su tiempo en actos políticos de baja estofa y en atacar a militares, opositores y sacerdotes. Mientras tanto, la sangre de las víctimas de la delincuencia no dejaba de manar. Las víctimas de la inseguridad desde el retorno de la democracia, y particularmente en los últimos 10 años, supera holgadamente a la cifra de detenidos-desaparecidos del régimen militar que precediera a Raúl Alfonsín. Pero los grupos de derechos humanos y los partidos políticos de izquierda nada comentan sobre esto : y este tema es precisamente el que los mantiene siempre al margen de las preferencias electorales y que les ha ganado el desprecio generalizado. Hoy más que nunca, la política vive aislada de las necesidades del ciudadano. Es la gran deuda de la democracia que, lejos de intentar solucionar el problema, lo agrava desde una recurrente inacción.

En la fría interpretación de los números que les dieron la victoria en las presidenciales de octubre, creyeron Néstor Kirchner y su señora esposa, hoy Presidenta, Cristina Fernández Wilhelm, que la ciudadanía les ha otorgado un cheque en blanco y que el apoyo social es irrestricto. Pero lo mismo pensaba Fernando de la Rúa, no muchos meses antes de que los cacerolazos terminaran por eyectarlo del palacio presidencial.

La inacción de Néstor Carlos Kirchner, como se sabía desde el inicio, proyecta su sombra sobre las incapacidades ejecutivas de su esposa. Jamás estuvo en los planes de nadie esperar respuestas de parte de Cristina Fernández de cara al problema de la falta de seguridad. El desinterés sobre el tema tiene su reflejo en el nombramiento del Dr. Aníbal Fernández frente al Ministerio de Justicia y Seguridad : la pasividad ha sido programada para otros cuatro años más. Fernández es la viva prueba de ello, especialmente desde que se conoce de los cortes de ruta que llevan adelante ambientalistas entrerrianos y ahora la instalación de supuestos trabajadores del casino de Puerto Madero. Los perpetradores de estos y otros tantos cortes de caminos y rutas continúan realizando la faena con una impunidad increíble en un estado de derecho. La respuesta del Ministro : "esto no se soluciona con palos". ¿Qué hubiera sucedido en Francia si las autoridades nacionales no hubieran reprimido a los estudiantes que incendiaron el país entero poco tiempo atrás? Lo más probable es que la anarquía se hubiera llevado puesto al gobierno central de París. En la Argentina, todavía los grupos minúsculos sin representación pueden quebrar las leyes cuando les viene en gana. El caso de los ambientalistas es extremo, dado que los cortes del verano están motivados, simplemente, por el odio que aquellos desean manifestar contra los porteños que tienen la sana intención de veranear en el Uruguay. Intención que para las mentes débiles de un país sin bases éticas se convierte en cuestionable.

Los hechos de inseguridad se pasean hoy por medios televisivos y gráficos con una cadencia no menos sorprendente. Nótese que desde el Gobierno Nacional ya no se responde que el problema es estrictamente de repercusión mediática. Lo cierto es que la Casa Rosada viene observando los hechos con cuidado desde la aparición de los primeros cacerolazos contra la inseguridad que se ha observado recientemente en ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires, siendo la de Hurlingham una de las más notorias. Para colmo, los cacerolazos por los cortes de energía eléctrica se sucedían en paralelo en la Capital Federal. Teme hoy el gobierno que los medios alienten una escalada de cacerolazos que derive en un escenario similar al de la caída de Fernando de la Rúa. La preocupación en el círculo presidencial, comentan las fuentes, ya ha cruzado una frontera importante. Pero la estrategia oficial continúa siendo la de ocultar la problemática y acordar con los medios más cercanos al poder la difusión de estas oscuras novedades a cuentagotas, a los efectos de no gatillar iniciativas "poco deseables". Y ya está confirmado : las autoridades nacionales no harán absolutamente nada para intentar dar vuelta la situación. Del mismo modo en que ha sucedido con la crisis energética, la solución coincide con la inacción. El ex presidente Kirchner tampoco se ha ocupado de la cuestión. A pesar de la saturación de la población carcelaria, nada hizo su gobierno para programar la construcción de nuevos penales ni para el mejoramiento de las estructuras de los existentes. Las leyes continuaron otorgando excesivas garantías a la delincuencia. Peor aún, el propio primer mandatario firmó un decreto por el cual las fuerzas de seguridad tienen prohibido realizar labores de inteligencia sobre "organizaciones sociales". El problema es que muchas de esas organizaciones no solo planifican piquetes violentos, sino que en muchos casos se nutren de la venta de estupefacientes y muchos de ellos pugnan, en su ideología extremista, por derribar a la democracia, al tiempo que llaman recurrentemente a la "revolución". En la Argentina de hoy, un piquetero tiene más derechos y garantías que cualquier persona de bien de clase baja, media o alta. La cobardía de las autoridades nacionales y judiciales se hace patente cuando los grupos rebeldes amenazan con destruirlo todo. Así ha sucedido en ocasión de protestas violentas que pugnaban por liberar a piqueteros o miembros de Quebracho y, más recientemente, frente al caso de los piqueteros que destruyeron un ministerio en La Plata. Por cierto, un gran número de magistrados adhieren a la política abolicionista que reza que un delincuente multiplicará sus habilidades para el delito si es enviado a prisión. Ante esto, se opta por liberarlos en la medida de lo posible y se garantiza su derecho a moverse marginalmente. El lector debe saber que los presos que pasan su tiempo en comisarías y dependencias de la Policía Bonaerense gozan de un régimen de cuatro comidas diarias y que supera al de sus propios carceleros. Para nombrar solo uno de los beneficios de la sofisticada delincuencia actual.

Irónicamente, mientras la Presidenta continúa sin dar respuestas a la problemática, los esfuerzos por combatir al flagelo provienen de la oposición política (presente y futura) al arco oficialista. El flamante Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, si bien llegó al poder de la mano del kirchnerismo, ya se encuentra preparando las condiciones para lanzarse como candidato presidencial -por su cuenta- para 2011. Y lo viene haciendo bajo la promoción efectiva de políticas que contribuyen a mejorar la seguridad de los bonaerenses, como ser, más policía y mejoras a la hora de lograr un funcionamiento más ágil de la Justicia. Por su parte, Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se mueve en el mismo sentido y ya se encuentra coordinando este tipo de políticas con el propio Scioli. Porque la supuesta pelea entre ambos es solo para los medios. Entre ellos compiten desde el vamos para quedarse con el sillón de Rivadavia en 2011, y en aquel entonces no habrá kirchnerismo en el panorama. El primer acuerdo que han formalizado Macri y Scioli tiene que ver con la unificación de las multas de tránsito en ambos distritos. Aunque el problema principal para Macri es que el Gobierno Nacional no da el brazo a torcer a la hora de negarle a él y los porteños la administración de la policía propia. Otra prueba de que a la actual Administración no le preocupan los muertos derivados de la falta de seguridad ciudadana.

Por su parte, el Gobernador Daniel Scioli tendrá que llevar a cabo un esfuerzo titánico : el panorama de un sinnúmero de localidades del conurbano, ya se trate de Aldo Bonzi, Pablo Nogués, Don Torcuato, Laferrere o González Catán, por citar algunos ejemplos, se ha tornado caótico. Vecinos y residentes bajan sus persianas en horario nocturno pues las riñas a tiros entre pandilleros son moneda común en muchos barrios, y muchos han fallecido ya a partir del impacto de balas perdidas. Es grotesco, pero muchos ya se han acostumbrado a esta forma de vida y lo toman peligrosamente como algo de todos los días. Cuando se habla de que muchos sectores del conurbano no difieren en su paisaje del Lejano Oeste de las películas de Hollywood -donde no había ley-, esto no constituye exageración alguna : es la cruda realidad. Ocurre que los funcionarios de este gobierno jamás terminan de tomar conocimiento de lo que realmente sucede, ni se preocupan por el tema pues se movilizan siempre bajo custodia. Por cierto, muchos íconos detestables de la política residen hoy en Puerto Madero, tal vez el único lugar del país donde las leyes se cumplen, ya sea a la hora de castigar a quien estaciona mal su vehículo o a quien roba estéreos. Ciertamente no vendría mal refrescar la memoria de la ciudadanía, listando a los funcionarios de este gobierno y otros tantos legisladores nacionales que viven en el más tranquilo y lujoso rincón de la Capital, en muchos casos en propiedades que sus sueldos de funcionarios nunca podrían comprar.

¿Es imaginable un escenario en el cual furiosas víctimas de la inseguridad salgan a las calles para pedir la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner? Desde luego que sí. De hecho, cada vez es más la gente que adhiere (aunque hipotéticamente) a la propuesta, y cuyas ácidas opiniones frente a la actual gestión destacan hoy en cualquier charla de café. Desde luego, la inflación y la crisis energética también son parte del cóctel de la conversación.

En cualquier caso, y ante el presente escenario de falta de seguridad, el cacerolazo es la única herramienta que le queda al ciudadano común. Su utilización no solo no debe ser criticada, sino alentada desde los medios. Después de todo, si personajes marginales se han adueñado de las calles y el Estado los respalda en su actitud, protestar al son del golpeteo de las cacerolas no debería ser un pecado para la sociedad de bien. A un gobierno "elegido por el pueblo" que no acusa el impacto de las protestas, le quedan solo dos caminos : o cumplir, o dejar el poder.

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Muchos ciudadanos maltratados… ¿al borde de un día de furia?

Cuando la consultora D`Alessio-IROL le puso la denominación de “clientes bomba” a los ciudadanos que reaccionan violentamente frente a las vejaciones del sistema que los tiene como consumidores, instaló una retórica casi perfecta para denominar un fenómeno que se viene gestando desde hace tiempo y cuya eclosión está prevista para el 2008. Es decir: ciertas situaciones que se ven a diario pueden formar el germen de un sistema de reacción que, al tener ribetes violentos, se sabe cómo comienzan pero no en qué pueden derivar.

Dos situaciones observadas por una sola persona (el autor de este informe) en el término de pocos días sirven para delinear que también los “ciudadanos bomba” –no solo los clientes- están cargando los rifles de la ira prestos para descerrajar el gatillo en cualquier momento.

Episodio I

Estación Florida de línea de subte B. El tramo entre Leandro Alem y Medrano está infectado por una banda de carteristas comandada por un hombre mayor, de unos 60 años aproximadamente. Se los reconoce en verano porque aún en días de altas temperaturas algunos de sus miembros llevan en sus brazos camperas gruesas, con las cuales comienzan a acosar a su futura víctima con roces en la vestimenta que aparecen como casuales. Algunos tienen antecedentes penales por hurto, pero como se sabe en estos casos los delincuentes salen de las comisarías antes que sus denunciados. El carterista es una alegoría de lo que ocurre en la Argentina: El delito en el cual se le mete la mano en el bolsillo al ciudadano es la metáfora perfecta de la corrupción imperante en el sistema. Se los conoce en las líneas de subte pero las autoridades ni previenen ni actúan. Uno de estos carteristas fue detenido el año pasado por acoso sexual en una estación de subte, después de que lo denunció una pasajera a la mañana temprano.

Nadie actúa frente al delito, y apareció días pasados el “ciudadano bomba”. Un hombre de porte atlético, estilo “patovica” pero entrado en años, le advirtió a un policía la presencia de un carterista que paseaba en los andenes. El agente dijo que no podía hacer nada, entonces ocurrió lo previsible… El hombre indignado tomó al delincuente del cuello, lo golpeó hasta tirarlo al piso y a los gritos les advirtió a los sorprendidos observadores: “Cuidado con este h… de p… que es un carterista”. Estuvieron por lincharlo entre todos los pasajeros (la ira de las mujeres mayores era más irrefrenable que la del resto de la gente). Al final, muy golpeado, el delincuente pudo escapar.

El policía se corrió presto del lugar para no tener que intervenir. Lo que antes se llamaba “justicia por mano propia” ahora se empieza a llamar “ciudadano bomba”.

Episodio II

Una sucursal bancaria. Atienden dos ventanillas de las cuatro disponibles. En la fila, que se demora pese a la buena voluntad de los cajeros, un cliente alto y morocho, estilo basquetbolista de la NBA y con acento centroamericano, empieza a quejarse en voz alta por el tiempo que llevaba en la cola y desata la furia del resto de los clientes que esperaban hasta ese momento calmos, hablando entre sí.

Algún gerente de la sucursal, rápido de reflejos y previendo lo que podía pasar, se puso a atender una de las cajas vacantes y pronto otro empleado cubrió la cuarta ventanilla. Desactivó la bomba cuando estaba a punto de estallar.

“Cliente bomba” - “ciudadano bomba” parece ser el signo de violencia destinado a caracterizar la respuesta en forma de estallido por parte de quienes se sienten asfixiados en un sistema donde el cliente nunca tiene razón y el Estado sigue ausente y autista de los problemas cotidianos de los habitantes.

No es un pronóstico realizado por alguna consultora, es solo un pantallazo de la realidad que hace presagiar que el 2008 será el año de la furia popular frente al auge de los atropellos diarios.

Fuente: minutouno.com

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