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         Por Roberto 
          Maturana. Estamos siendo testigos de cómo el Gobierno permite 
          a una veintena de buques factorías y congeladores ilegales destruir 
          lo poco que queda del caladero multiplicando así más pobreza... 
         El 30 de marzo de 2008, La Voz de Galicia publicó lo siguiente: 
          "España perseguirá la pesca ilegal como si fuera 
          genocidio o tortura. Los tribunales españoles podrán juzgar 
          cualquier delito de pesca ilegal cometido por uno de sus ciudadanos 
          en cualquier océano del mundo y con independencia de la bandera 
          en la que se ampare para realizar sus actividades piratas". 
          De esa forma, España podrá llevar a sus tribunales a los 
          buques y nacionales que realicen actividades piratas bajo otro pabellón, 
          sin tener que esperar los tres meses que hasta ahora da la legislación 
          española de margen al país de bandera para castigar la 
          infracción de su barco. 
          En la Argentina, todo sigue como si nada. 
        Continúa el Gobierno sin escuchar, de espaldas al mar 
         La ampliación del área de "veda nacional permanente" 
          de merluza es sintomática. La disposición 243/08 establece 
          un mayor sector prohibido a la pesca. Esta medida fue tomada muy posteriormente 
          de conocer los estudios científicos del INIDEP que datan del 
          mes de enero del 2008, esto es, nueve meses mas tarde, otra demostración 
          de la burla a toda la Nación, a no ser que el matrimonio Kirchner 
          pueda "atar" los pescados, evitando así que el cardumen 
          se mueva de acuerdo a corrientes marinas, buscando alimento, o variables 
          de temperatura. Otra muestra de carencia absoluta de criterios: aplicar 
          vedas fijas en vez de utilizar vedas móviles, pues el pescado 
          migra de acuerdo a la época y ocurre que fuera de la zona de 
          veda hay mas juveniles que dentro de la misma, por ello las áreas 
          de veda deben ser móviles. 
          Según las capturas de juveniles de los buques, llevan inspectores 
          u observadores. Con un fax a la Dirección de Pesca de la Nación 
          con nombre del buque, se soluciona el problema, pues cotejando cada 
          24 hs. los faxes recibidos —de la zona de pesca— se determina 
          el área a cerrar, abriendo la nueva y generando así una 
          fehaciente aplicación del criterio de precautoriedad de la ley 
          General del ambiente. El gobierno es coherente en su falta de un plan 
          sustentable para los sectores productivos, sea pesca o campo, aplicando 
          políticas que generan pobreza. La situación de estos sectores 
          se agrava día a día. 
        ¿Y las comisiones bicamerales y pesqueras de ambas Cámaras? 
         Obviamente los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente 
          Revisora de Cuentas a cargo de la Auditoria General de la Nación 
          y las Comisiones de específicas de Pesca del Senado y Diputados 
          pensaran en la fishcard, pues ninguna de todas las comisiones mencionadas 
          ha cursado ni una sola nota al respecto. Evidentemente en la Argentina 
          hay muchas cajas que alimentan los lobbystas de las empresas de buques 
          ilegales congeladores y factorías. Buques que deben ser enviados 
          fuera de las 200 millas a operar junto a las flotas internacionales, 
          garantizando con su presencia la soberanía argentina en un sitio 
          tan codiciado por los otros “piratas”. Esto es absolutamente 
          posible dado que la flota de buques congeladores y factorías 
          poseen permisos de pesca argentina de gran altura permitiéndoles 
          operar en dicha área de la Zona Económica Exclusiva tal 
          como lo indica el Art 23 Inc. B-de la Ley 24922. 
          Asimismo, el Artículo 17 establece: "La pesca en todos los 
          espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, estará 
          sujeta a las restricciones que establezca el Consejo Federal Pesquero 
          con fundamento en la conservación de los recursos, con el objeto 
          de evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañosos 
          sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico". 
        Ampliación de la veda, mentira gubernamental 
         “Los valores de abundancia de merluza en el área reproductiva 
          fueron los más bajos en todo el período considerado (2005-2008)”, 
          apunta el Informe Técnico 18/08 del Inidep que le dio sustento 
          a la 243. 
          A la vista de la comunidad, esta medida denota una preocupación 
          genuina del Gobierno por los recursos pesqueros, aunque la misma encierra 
          más mentira, alejándonos del principio precautorio legislado 
          por la Ley General del Ambiente 25.675 y al haber tomado medidas de 
          manejo sustentables con pautas biológicas de nueve meses antes, 
          en un claro gesto de impunidad, favoreciendo a la flota ilegal ante 
          el colapso de la merluza. 
          Es público el calamitoso estado de todos los recursos pesqueros 
          que el Gobierno se empeña en destruir junto a trabajadores y 
          demás actores del sector. Estamos siendo testigos de cómo 
          el Gobierno permite a una veintena de buques factorías y congeladores 
          ilegales destruir lo poco que queda del caladero multiplicando así 
          más pobreza. Siempre violando el DNU vigente que norma la emergencia 
          pesquera nacional. 
          Para más datos, resulta descabellado a la comunidad científica 
          que con la cantidad de informes técnicos que el Gobierno tiene 
          en sus manos, que demuestran que la mayor concentración de merluza 
          juvenil esta dentro del Golfo de San Jorge compartido por Santa Cruz 
          y Chubut, frente a Rawson, zona de esfuerzo pesquero restringido. Allí 
          opera una flota de buques exceptuados para pescar en medio de “la 
          gran veda”, área de reproducción y desove siendo 
          otra amenaza más a la especie merluza, de la que los políticos 
          están decididos a exterminar. 
          Todos saben que pescar en dicha zona provoca un daño genuino 
          y que la flota considerada “artesanal” en los últimos 
          años fue creciendo en potencia y capacidad de captura, pues tiene 
          estadísticas de pesca de 35 mil toneladas de merluza en temporadas 
          que tenía autorizadas a capturar sólo 13.000. Cuando uno 
          lee los datos certificados de las capturas, observa la sobreexplotación 
          y que la misma es posible porque el Gobierno es responsable e impulsa 
          la destrucción del caladero, acrecentando la corrupción 
          del sistema y el desconocimiento público de la información 
          ambiental. Hay gente del Gobierno haciéndose muy rica junto a 
          otros que debieran controlar lo que no controlan en desmedro del hambre 
          de un país. 
          ¿Esto no es Genocidio? 
        ¿Por qué no hay grandes buques pescando en Europa? 
          porque depredaron todo 
         Esta probado internacionalmente que las flotas de buques congeladores 
          y factorías de gran potencia destruyen el ecosistema y depredan, 
          pues su operatoria de trabajo es de pescar día y noche, lo que 
          provoca que una vez localizado un cardumen lo sigan por medio de las 
          ecosondas de forma continua y sistemáticamente lo depreden, masacrando 
          especies juveniles que arrojan al mar, como otras especies. Una vez 
          diezmado el cardumen buscan otro y así vacían el mar, 
          pescando tres veces más de lo que su capacidad de bodega alberga, 
          arrojando residuos y contaminando el lecho marino. 
          Hay que decirlo con todas las letras: el Gobierno viola la Constitución, 
          de la mano de sus legisladores mayoritarios. 
          La República Argentina promulgó la ley 25.831, de régimen 
          de libre acceso a la información pública ambiental. 
          Artículo 1° - Objeto. La presente ley establece los presupuestos 
          mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho 
          de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder 
          del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal 
          y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes 
          autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, 
          sean públicas, privadas o mixtas. 
          El Gobierno tiene la obligación de explicar al país porque 
          oculta información omitiendo su publicación. La transferencia 
          de cupos de pesca entre buques del mismo grupo empresario viene siendo 
          reiterado como metodología y ratificado en la RES SAGPyA 65/07 
          en el Art 25. 
          Reeditando el Art 19 de la RES 90 que había sido derogado, por 
          entenderse que un buque que no poseía permiso de pesca de merluza 
          común no podía recibir asignaciones de cuotas de dicha 
          especie. 
          No existe sitio alguno donde los ciudadanos, Poder Legislativo u ONGs, 
          puedan verificar on line cuál es la captura que le corresponde 
          a cada buque, cuánto cupo transfirió a otro buque y cuánto 
          cupo de captura le resta para completar la captura que en el presente 
          le corresponde. Si un ciudadano solicita esta información ante 
          la autoridad de aplicación no le entregan dato alguno, pues el 
          mismo es "secreto de Estado", lo cual garantiza la cajita 
          feliz. 
          Este simple acto de aplicación de la ley terminaría con 
          la multiplicación de permisos de pesca, pues este es un motivo 
          grave de sobrepesca, es la multiplicación de los buques. El método 
          es así: el buque 1 trasfiere de su 100% de cupo al buque 2 el 
          50% de su cupo, asimismo el 1 transfiere al 3 el 30% y al 4 el 10% quedándose 
          el 1 con el 10% de su captura original otorgada. De este modo todos 
          pescan a bodega llena pues nadie controla fehacientemente nada. De esa 
          forma también se transfieren cupos de merluza a buques que no 
          tienen permiso para capturar esta especie. Queda claro que el Gobierno 
          no hace público este manejo de recursos ambientales pues sino 
          se les termina la caja al secretario Nieto y Consejeros Federales Pesqueros. 
          Esta forma de administrar recursos naturales públicos ambientales 
          es equivalente a la “caja” que se entrega a manos privadas, 
          convergiendo en la destrucción del caladero argentino y de miles 
          de trabajadores a lo largo del litoral marítimo argentino. 
          El Gobierno carece de una política pesquera, como carece de política 
          agraria. Por ello, el campo y la pesca deben unir sus reclamos en pos 
          de una argentina para todos sin favorecer a los pooles de pesca similares 
          a los de siembra. 
        Las retenciones a la pesca y el consumo de sus trabajadores 
          en Mar del Plata 
         La pesca aporta 40 millones de dólares en materia de retenciones, 
          30 millones en impuesto a las ganancias. Pensemos nada más lo 
          que impacta en el consumo: sólo los trabajadores de la pesca 
          de Mar del Plata ganan y gastan alrededor de 30 millones de pesos por 
          año en la ciudad. Los ciudadanos no perciben la real magnitud 
          del colapso en la industria que exporta más que la carne. Si 
          a ello le sumamos el freno del ingreso de divisas del campo tendremos 
          el país en llamas, pues los pescadores van a reiterar los destrozos 
          que advirtiera años atrás en tiempo y forma sin que los 
          presidentes y sus legisladores escuchen. 
          Queda claro que aquí hay un problema de falta de gestión 
          ex profeso pues es muy simple hacer que la pesca argentina regrese a 
          un punto sustentable y precautorio, las medidas son muy simples. Los 
          compromisos de un Gobierno tan corrupto son mayores que los intereses 
          del sector pesquero. Los armadores del sector están amordazados, 
          unos por las multas millonarias que les imponen desde la SAGPyA, y otros 
          porque arreglan por fuera garantizándose capturas sin controles, 
          sin balanzas en el muelle, sin mirar que se exporta dentro de las cajas 
          si es merluza de cola o merluza común. Así, con mucha 
          coima en toda la actividad, se pesca a destajo, se evade a destajo, 
          se exporta triangulando a través de empresa fantasmas, se exportan 
          a sí mismos los extranjeros y les pagamos reintegros. También 
          pagamos reintegros a quienes pescan en Malvinas desconociendo nuestra 
          soberanía. Esto es la dupla Kirchners —Néstor y 
          Cristina—, quienes multiplican pobreza y generan un daño 
          que recién se podrá palpar cuando ellos ya no estén 
          en el poder, cuando sea irreversible el colapso pesquero y social. Si 
          no se toman ya mismo las medidas genuinas, conducentes a salvar a la 
          pesca y el campo argentino, que son los motores de la economía 
          de la patria —y que el Gobierno se obstina en destruir—, 
          será demasiado tarde. 
          En 1995, Néstor Kirchner depositó en un banco de Luxemburgo 
          entre 600 y 1.000 millones de dólares de reservas provenientes 
          de regalías petroleras y de la venta de acciones de Repsol-YPF. 
          Son fondos que a la fecha no regresaron al país. Observando su 
          pasado corrupto no es extraña nuestra realidad. De igual modo 
          que se juzga hoy a los genocidas que ayer detentaron el poder político, 
          mañana se los juzgará a los Kirchner, pues su política 
          pesquera es otra clase de genocidio. 
          La mayor autoridad de la Iglesia, eligió esa frase por considerar 
          que otras —como "opresores y oprimidos" o "incluidos 
          y excluidos"— ya no bastan. Al cerrar la Jornada de Pastoral 
          Social, habló de una "industria de descarte llamada esclavitud". 
          Fue el Cardenal Jorge Bergoglio (1). 
        Roberto Maturana 
          Oficial de Marina Mercante - Investigador 
        (1) Ver: http://josebenegas.posterous.com:80/en-santa-cruz-los-delincuentes 
         
          
        
           
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