La Argentina de
espaldas al mar y frente al colapso pesquero
Es incomprensible
que la situación pesquera continúe en el actual estado
calamitoso de corrupción y colapso que nos genera actualmente
cientos de desocupados en Mar del Plata y la Patagonia...
UN TEMA QUE PUEDE LLEVAR AL KIRCHNERISMO TRAS LAS REJAS
LA ARGENTINA DE ESPALDAS AL MAR Y FRENTE AL COLAPSO PESQUERO
"Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los
fracasos del gobierno que han votado". Alberto Moravia (1907-1990)
La Auditoría General de la
Nación (AGN) es el organismo que asiste técnicamente
al Honorable Congreso de la Nación en el control del Estado.
Verifica el cumplimiento legal y de gestión por parte del
Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, con sus informes de auditoría,
que incluyen comentarios, conclusiones y recomendaciones, asesora
al Poder Legislativo sobre el desempeño de la Administración
Pública Nacional y la situación de la hacienda pública.
Cuando observamos las instituciones constitucionales percibimos
que están "secuestradas por el poder político",
visualizando que tenemos una gran cantidad de instituciones de
control y fiscalización y ninguna funciona en beneficio
del país, sino que todo funciona en beneficio de una mafia
política que esta destruyendo el futuro pesquero argentino.
La Auditoria General de la Nación elevó a la Comisión
Bicameral Permanente reiterados informes alertando sobre la situación
del caladero, la corrupción imperante en el sector, y el impacto
socio económico que enfrentara la Nación por el colapso
de la pesquería Argentina.
A la fecha ni su presidente ni el vice, ni el secretario de la Comisión
Bicameral hicieron nada fehaciente al respecto. Tampoco los miembros
restantes de la misma. Ingresando a los últimos años,
en las paginas webs de las autoridades de la Comisión Bicameral,
no hay mención alguna sobre acciones en referencia a la gravedad
de la denuncia auditada por la AGN, siendo que su Presidente, el Dr.
Leandro Despouy, hizo públicos sus dictámenes alertando
sobre las violaciones constitucionales, corrupción enquistada
y riesgo de destruir el patrimonio de generaciones futuras, "valuado"
en más de 1.100 millones de dólares al año (Ver
video al pie).
Es dable señalar que la Nación Argentina posee una batería
de legislación de rango constitucional de control y fiscalización
sin precedentes, sin que las mismas arrojen resultado alguno. Nadie
se atreve a colocar "trajes a rayas" a los funcionarios políticos,
los cuales a su vez están cubiertos por otros funcionarios políticos
que garantizan su impunidad para seguir destruyendo los cimientos de
la Nación colocándonos entre los países de mayor
inseguridad e ilegalidad.
Tanto en las auditorías que se realizaron para los años
1996 y 1997, como para la que analizó la situación pesquera
hasta el 2006, el organismo detectó que se había "incrementado
la explotación e inclusive se habían pasado los niveles
autorizados, se establecían metas, se disminuían los cupos
y cuando uno los medía al año siguiente se veía
que las restricciones como consecuencia del riesgo del agotamiento del
recurso por sobreexplotación no solamente se habían violado
sino que era en porcentajes que en algunos casos llegaban al 200%".
Despouy dixit.
Esto demuestra que los integrantes de la Comisión Bicameral no
ordenaron acciones contra los responsables de la destrucción
del patrimonio pesquero nacional ya que la situación se agravó
en el tiempo. En su informe de 2001, la AGN estableció que se
estaba "frente a situaciones alarmantes" adunando que los
excesos que se producen en la explotación del recurso pesquero,
vulnerando los objetivos establecidos en el Art. 1 de la Ley Federal
de Pesca como también en el Art. 41 de la Constitución
Nacional. La violación sistemática de lo establecido en
dicha Ley —y de lo dispuesto en nuestra Carta Magna— ocasiona
importantes perjuicios en las disponibilidades del recurso existente.
Todo ello repercute negativamente en la actividad económica pesquera
y en los sectores sociales vinculados a ella en nuestro país,
así como también en la preservación y conservación
del medioambiente.
¿En la Argentina hay controles institucionales manejados
políticamente?
Según vimos, se estima que correspondería haber aplicado
del 2002 al 2006, aproximadamente 116 millones de pesos en multas, pero
se certificaron para cobrar 26 millones y solamente se percibieron 6
millones. Hay una diferencia tan grande, que cuando se ven las cifras
se piensa que es un incentivo para incumplir, no tiene sentido cumplir.
"Cada vez se agravan más los factores que inciden en el
colapso" de los recursos pesqueros del mar argentino, reconoció
el presidente de la AGN. Por eso, entendió que para revertir
la situación hay que atacar todos los factores que lo están
causando.
Ahora, ¿las comisiones de control parlamentario cajonean los
dictámenes oficiales? Pareciera que sí.
La explotación pesquera, como otras tantas, repite el carácter
"minero" del resto de la economía argentina. La escandalosa
sobrepesca terminó por enfrentar a las corporaciones de buques
congeladores y factorías, que realizan procesos a bordo y se
llevan casi el 70% de las capturas, con las empresas locales de buques
fresqueros que procesan sus capturas en plantas en tierra.
Las empresas de buques congeladoras y factorías se llevan más
de la mitad de la merluza hubbsi y casi el ciento por ciento del calamar
y el langostino. La cantidad de pescado que tiran al mar, por tratarse
de "pesca incidental", en muchos casos alcanza la cuarta parte
de la captura y tiene un impacto anual del 40% sobre la biomasa. Este
"desperdicio" se valúa en más de 200 millones
de dólares que no llegara jamás a los pobres sino al fondo
del mar.
La declaración de la emergencia pesquera votada en 1999 confinó
la operación de la flota congeladora a zonas de bajas densidades
de merluza ubicadas al sur del paralelo 48º y estableció
límites de captura por buque para la flota fresquera. La inacción
de las autoridades, inoperancia de los controles y las medidas cautelares
otorgadas por jueces de Rawson y Ushuaia viabilizaron a la flota congeladora
que hizo de las medidas de emergencia letra muerta con el apoyo silencioso
de las comisiones de pesca y de la Comisión Bicameral permanente
que, insisto, tenían y tienen en mano dictámenes de distintas
auditorias sin tomar los recaudos legales previstos a la fecha.
Cabe entonces otra pregunta: ¿impulsaron las comisiones parlamentarias
acciones concretas en defensa del impacto social generado por el colapso?
No. A la administración argentina le sobran denuncias de corrupción
e irregularidades en el otorgamiento de las licencias de pesca, lo que
convierte al Estado en el principal depredador del mar toda vez que
no controla a las empresas pesqueras. En 2001 una auditoria realizada
por un equipo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires, financiados
por la misma Secretaría de Agricultura, reveló abrumadoras
violaciones a las normas vigentes. Ese informe, entre otros, fue ignorado
por el ejecutivo kirchnerista puesto que tocaba fibras sensibles como
los contactos entre el poder político y los intereses empresariales.
La Argentina y sus controles constitucionales
La autoridad de la AGN abarca a toda la administración pública
centralizada y descentralizada. También la Comisión Bicameral
Permanente.
La Comisión Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas está
integrada por seis senadores y seis diputados, regida por la ley 23.847
y la LAFSC Art 128-129. Sus funciones establecidas encuadran encomendar
a la auditoria la realización de estudios, investigaciones y
dictámenes.
Sus actuales competencias surgen de la Ley N° 24.156. Tiene a su
cargo el análisis de la Cuenta de Inversión a que se refiere
la Constitución Nacional, así como también el control
de las actividades de la Auditoría General de la Nación,
el análisis de su presupuesto, y el examen de los informes de
auditoría del citado organismo Analizando los dictámenes
y ordenando acciones en referencia a cada auditoria.
El senador oficialista Alejandro N. Fernández es el presidente
de la Comisión Bicameral, su vice es el Diputado Radical Mario
A. Nieva, el secretario es también el conocido Oficialista Juan
José Pampuro, quienes entre otros integrantes debieron hace años
impulsar actuaciones judiciales contra las autoridades de la Secretaria
de Pesca, Consejo Federal Pesquero en pleno y contra los particulares
favorecidos por la violaciones sistemáticas denunciadas también,
por la PTN- (Procuración de Tesoro de la Nación) y por
la SIGEN (Sindicatura General de la Nación). A la fecha, hay
más de una veintena de buques con dictámenes de nulidad
en sus permisos de pesca de empresas extranjeras y mixtas que pescan
ilegalmente en el caladero argentino. También hay otros que pescan
en el territorio y Malvinas desconociendo nuestra soberanía,
empresas a las cuales además les pagamos reintegros a las exportaciones.
El Presidente de la Comisión Bicameral, el senador Fernández,
el 16-11-2004, tal como consta en su pagina Web, presentó un
proyecto de ley concediendo con efecto suspensivo las apelaciones interpuestas
contra las medidas cautelares respecto del accionar de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca. La traducción sería:
en el caso que un juez ordenare la interrupción del accionar
de la Secretaria, y ésta pidiere la revisión de la decisión
del juez ante un tribunal superior, se debe suspender la orden del juez,
es decir que la Secretaría continuaría con su accionar,
hasta tanto el tribunal superior resolviera su petición.
El fundamento de este cuestionado legislador, es que las decisiones
del ejecutivo, por su carácter "político", no
deberían suspenderse en su ejecución, al ser cuestionadas
por el poder judicial, hasta tanto no quede firme la instancia. Esta
teoría interpreta que las decisiones "políticas"
no son revisables, por ello es tan utilizada por nuestros "políticos",
dado que no se condicen con el principio republicano de control de los
actos de gobierno, artículo 1º de la Constitución
Nacional, tan bien e inteligentemente plasmado en toda la normativa
que permite fiscalizar el accionar del ejecutivo. En pocas palabras:
el presidente de la Comisión Bicameral que controla el accionar
de la AGN, que controla al ejecutivo, impulsó una salida legal
para evadir sus irrenunciables facultades de control.
Comisiones y recursos pesqueros en colapso
Sería interesante referirnos a la Comisión de Pesca
de la Cámara de Diputados. La misma lleva el nombre de Intereses
Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y esta integrada
por 25 Diputados.
Quien preside la comisión de intereses marítimos, fluviales,
pesqueros y portuarios es el Chubutense oficialista Juan Mario País,
el vicepresidente quien representa a la provincia de Santa Cruz es radical,
Juan Erwin Bolívar Acuña Kunz. El vicepresidente segundo
es Evaristo Arturo Rodríguez, es también oficialista y
de Santa Cruz.
Es dable mencionar que, dentro de esta comisión de "cúpula
patagónica" están las espadas más filosas
del kirchnerismo, como lo son Carlos Kunkel, Alejandro Rossi, Fernando
De Petri y Ariel Basteiro. Personalmente me sorprendió la ductilidad
del diputado Basteiro, que formo parte del directorio de Aerolíneas
Argentinas y también de la Comisión de Pesca de la que
nunca hizo mención alguna. Al Dr. Kunkel, tan reconocido por
sus opiniones mediáticas, jamás se le oyó decir
una palabra sobre los informes de la AGN referente al colapso de los
recursos pesqueros y su impacto en los más pobres. Fernando de
Petri, tan enjundioso luchador por los mas pobres, tampoco habló
jamás una palabra de la merluza, quizás ni la coma. De
esta comisión no se conocen actuaciones fehacientes sobre la
Comisión Bicameral para impulsar acciones convergentes a terminar
con las gravísimas ilegalidades de orden Constitucional que denuncia
la AGN-PTN-SIGEN-UBA.
Luego, tenemos a la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Honorable Senado de la Nación.
La presidente de la misma es Silvia E. Giusti, del bloque oficialista
de la provincia de Chubut, Juan Carlos Marino radical pampeano y la
senadora pampeana oficialista Silvia E. Gallego. Les corresponde entender
y dictaminar en todo lo relativo a la explotación, preservación
y desarrollo de los recursos naturales renovables y no renovables del
mar según el Art 73 del HSN. Dicha comisión esta formada
además, por 15 senadores.
La Senadora Giusti impulsó la modificación de la ley para
evitar la doble radicación de empresas que operan en Malvinas
y la Argentina. No se conocen en el seno de esta comisión acciones
de nulidad tendientes a revocar pagos de reintegros a piratas. Tampoco
se conocen opiniones de las auditorias, pues no hay pedidos de informes,
ni publican acciones fehacientes ante a la Comisión Bicameral
para que comunique medidas tomadas en referencia a las auditorias de
la AGN-PTN-SIGEN-UBA. Nadie reclama acciones en defensa del patrimonio
a resguardar. Según la Carta Magna, en su artículo 71,
"Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su Sala a los
ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes
que estime convenientes".
Por todo lo expuesto es incomprensible que la situación pesquera
continúe en el actual estado calamitoso de corrupción
y colapso que nos genera actualmente cientos de desocupados en Mar del
Plata y la Patagonia.
De la misma manera que hoy juzgan a los genocidas que detentaron el
poder político ayer, se juzgara a los Kirchner mañana
pues su política pesquera es otra clase de genocidio.
"Lo que fue pecado e injusticia también necesita ser bendecido
con el perdón, el arrepentimiento y la reparación. Y lo
que fue bueno, necesita ser bendecido con el reconocimiento y la acción
de gracias que sabe valorar la vida que se nos dio, la tierra que recibimos".
Cardenal Jorge Bergoglio
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador
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