Reintegros a piratas
que operan en Malvinas y Argentina
Señora
Presidente: la bioética no es un término bonito que sólo
sirve para sacarse de la manga cada vez que no podemos salir de nuestras
propias trampas conceptuales e ideológicas. La bioética
es una disciplina que ayuda a crear una conciencia crítica para
apreciar la importancia del valor de la naturaleza en sí misma,
del cuidado que tenemos que tener con ella y de su significado como
patrimonio natural de todos los seres humanos de las generaciones pasadas,
presentes y futuros. Por lo anterior la bioética no sólo
marca la pauta en las relaciones de los seres humanos y la naturaleza
sino también nos orienta en las relaciones que surgen entre los
mismos seres humanos al tener que definir entre ellos cómo se
van a utilizar, cuidar y compartir los recursos que la naturaleza nos
proporciona.
Ginebra, Suiza, 17 de Julio de 2008: la Argentina tomó posición
en las negociaciones sobre subsidios a la pesca que se llevaron a cabo
ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). “El documento
copatrocinado por la Argentina, cita la experiencia común de
la región, que demuestra que cualquier crecimiento y expansión
de la actividad pesquera debe ir acompañada de medidas para promover
la sostenibilidad de los recursos. Los países reconocen la existencia
de información científica que revela la crítica
condición en que se encuentran los recursos marinos, y reafirman
que la flexibilidad para otorgar subsidios en países en vías
de desarrollo no puede ser un 'cheque en blanco'. Sostienen, además,
que los obstáculos que muchos países en desarrollo deben
enfrentar para implementar medidas de manejo pesquero, no pueden ser
una excusa para no exigirlas”.
Esto es lo que Cristina Kirchner muestra ante el mundo. Lo que no dice
es que paga "reintegros" a empresas extranjeras y piratas
radicadas en la Patagonia que además pescan en Malvinas triangulando
permisos de pesca.
Una mirada extranjera del caso
La voz de Galicia 29/10/06: "La Argentina expulsará a
la flota gallega con licencia en las Malvinas, La numerosa flota gallega
que faena de forma simultánea en aguas de Argentina y de las
islas Malvinas, frente a las costas latinoamericanas, tendrá
que elegir dónde va a seguir trabajando".
Ahora John Burton, ministro de Pesca de Malvinas: "El caladero
de Malvinas no puede acoger más barcos. La mayoría de
los recursos ya están explotados al máximo". En el
caladero de las Malvinas faenan 18 congeladores gallegos que embarcan
a casi 500 tripulantes. Alguna de las 12 armadoras tienen barcos también
en aguas argentinas, pero Buenos Aires pretende dictar una Ley que pretende
expulsar a aquellas compañías que tengan licencias en
los dos caladeros.
Ergo, lo arriba expresado en La voz de Galicia es el reconocimiento
tácito de España acerca de que posee una flota de "doble
matriculación", esperando ser echada del caladero argentino.
El problema es que, el caladero, como Aerolíneas, es un negociado
que beneficia a los piratas, no a la Argentina.
¿Desconocen los legisladores el tema de los subsidios
a los piratas?
Ni siquiera el Estado en su conjunto sabe lo que ocurre con la pesca,
más allá de los organismos gubernamentales específicos.
La actividad pesquera fue, desde siempre, una incógnita social
que esta reservada sólo para aquellos que se vinculan directamente
con ella. Mi humilde aporte a la República tiene que ver con
poner en conocimiento fehaciente la depredación e ilegalidades
en el sector pesquero que el Gobierno oculta al país en su entrega.
Oportunamente, el Honorable Congreso de la Nación sancionó
la Ley Nº 26386. Esta ley, si se aplicara, es un golpe directo
a los kelpers, perjudicando su ingreso que los eleva por sobre Gran
Bretaña gracias a las ventas de permisos de pesca para su explotación
en el área de Malvinas. Los isleños embolsan unos 40 millones
de libras al año siendo selectos de un “Estado benefactor”.
Esas palabras las utilizó un funcionario inglés expresándose
sobre este tema, adunando que 3.000 habitantes, llamados kelpers, tienen
una renta mayor a la española, de 25.000 dólares anuales.
Cristina Kirchner profundiza el modelo de generación
de empleo y riqueza a los piratas extranjeros.
La Ley Nº 26386 introduce en su Art. 2º —como último
párrafo del artículo 28 de la Ley 24.922, Régimen
Federal de Pesca— el siguiente texto: "En el caso de comprobarse
que un titular de un permiso de pesca que cuente con cuota/s de captura
asignada y/o autorización de captura en los términos de
la presente ley viole algunas de las prohibiciones previstas en los
incisos a), b), y c) del artículo 27 bis, el permiso y la/s cuota/s
y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente".
¿Cómo se entiende que nadie aplique la normativa? ¿Será
por esas dualidades bipolares que, tal como regalamos casi 1.000 millones
de dólares a Marsans, entregamos el mar?
Meses atrás, los armadores le dirigieron una nota al canciller
Jorge Taiana planteando su inquietud por este tema. En ella, repudiaron
a quienes "operan simultáneamente en nuestra Zona Económica
Exclusiva y en las aguas unilateralmente determinadas por quienes ocupan
ilegítima e ilegalmente parte de nuestro territorio" y reclamaron
que se "castigue este tipo de accionar.
A pesar de esto, hoy pagamos suculentos reintegros, premiando a empresas
extranjeras radicadas en la Patagonia y que operan actualmente con la
sanción de la Ley en Malvinas y la Argentina.
Es dable resaltar que en estos días los gobernadores patagónicos
están haciendo una fuerte presión para el pago de subsidios
a los productos elaborados por los buques congeladores y factorías
ilegales y depredadores de estas empresas extranjeras. Esto genera más
prebendas en contra del interés nacional y los armadores nacionales
que generan puestos de trabajo en tierra. Este aparente sinsentido tiene
un "sentido" en la caja que llenan los extranjeros a políticos,
funcionarios corruptos y sindicalistas cómplices.
De esto los paladines sindicales marítimos tampoco hablan, pero
sí cobran por su silencio
Un ejemplo: Pescapuerta es la armadora del apresado años atrás
Johncheek. El caso impactó más que otros similares, porque
el buque enarbolaba el pabellón de la ocupación británica
de las Islas Malvinas, y la misma empresa posee otros nueve buques en
la misma situación y cinco buques operando con licencia de la
Argentina, que reclama la soberanía sobre esas islas y desconoce
sus decisiones autónomas.
A la fecha, Pescapuerta opera con una importante flota que consta de
de tres buques de arrastre congeladores y dos buques marisqueros que
operan en la Argentina. Y encima les pagamos reintegros.
Señores legisladores, aquí está la prueba
que ustedes desconocen
Pescapuerta opera con permisos de pesca ilegales, con nulidades en
su emisión como lo registra el expediente de Pescapuerta IV,
el cual especifica que el permiso que posee es transferido del buque
Mar Pionero que estaba dado de baja por la Dirección de pesca.
Sugestivamente, en el mismo expediente hay firmas borroneadas e ininteligibles.
El expediente del Pescapuerta V proviene del buque Aracena sin cupo
de captura e igualmente ilegal, el cual fue triangulado y por ende es
nulo bajo la ley de Procedimientos Administrativos.
Lo mismo sucede con Argenova, un grupo internacional que posee quince
buques de arrastre operando en la Argentina. Es una empresa que también
tiene buques con permisos de pesca ilegales, auditados por la UBA.
A este grupo se le permite pescar en zonas de veda con buques tramperos
y palangreros, bajo el rotulo pesca selectiva, el juvenil va al mar.
Esto es más que un desafío al intelecto, pues en la veda
habitan especies mayores desovantes. Lo grave de esto es que se llevan
los reproductores, porque les dejamos depredar y nadie dice nada.
Este grupo líder, con gran poder de lobby, hizo que el presidente
español, Rodríguez Zapatero, enviara a su ministro de
pesca, Elena Espinosa, para presionar al ejecutivo de nuestro país
en la baja de tasas que abonan las empresas Españolas, para exportarse
a sí mismas la materia prima argentina, reclamando compensaciones
por los destrozos de sus empresas en la Patagonia en las pasada huelgas.
Ahora, sería interesante poner la lupa sobre Argenova, Polar
y Nova Seafish en Malvinas.
En las Islas Malvinas, mediante las empresas mixtas Polar y Nova Seafish,
Pescanova se dedica principalmente a la pesca de calamar loligo, también
otras especies de aquellas aguas.
Recientemente, Argenova acaba de ratificar su conducta al no poder aportar
informes que certifiquen fehacientemente la cría de langostinos
en la Patagonia, tema que canjeó por permisos de pesca provinciales.
La magnitud de ilegalidades de esta empresa es convergente a su impunidad
y divergente al bolsillo de los funcionarios pesqueros, ellos manejan
a representantes de Santa Cruz y Chubut en el Consejo Federal Pesquero,
como lobbistas propios, al igual que a Gerardo Nieto subsecretario de
Pesca.
Todos sabemos la “debilidad” de los Kirchner por entregarle
patria y prebendas al Rey de España y sus empresas. Ellos tuvieron
un encuentro privado donde participaron representantes de 14 empresas:
Pescargen, Vieira Argentina, Abrumasa, Pesca Austral, Pescapuerta Argentina,
Ibermar, Pereira Argentina, Ibercon de Argentina, Pesquera Santa Cruz,
Argenova, Congeladores Patagónicos, Empesur, Pescargen Deseado
y Conarpesa.
La realidad nos muestra recursos en colapso y funcionarios
felices
Como si todo lo expresado no alcanzara para mostrar la depredación
e ilegalidad a las que el dúo K somete a nuestros recursos y
trabajadores, la ONG internacional Oceana, con sede europea en Madrid,
reclamó a la Audiencia Nacional de España que inicie investigaciones
sobre las actividades relacionadas con la pesca ilegal que un buen número
de ciudadanos españoles y empresas con capital español,
llevan a cabo tanto en aguas internacionales como en la zona económica
exclusiva de muchos países y puntualmente en la Argentina.
Nuestros señores legisladores deberían iniciar las pertinentes
investigaciones para saber por qué pagamos a piratas por llevarse
nuestro pescado. Aplicar la ley es algo que el Ejecutivo no va llevar
a cabo; y creer que los integrantes del Consejo Federal Pesquero —cueva
de malandras— lo va a realizar, es tan utópico como amarrar
perros con longanizas.
Queda demostrado que el Gobierno no sólo vulnera legislación
nacional al permitir este despojo a la Nación sino que se vulneran
tratados de índole internacional que serán denunciados
por quien suscribe al finalizar el mandato de los Kirchner, cuando regrese
la Justicia a la Nación. No obstante, si algún legislador
puede hacerlo le ofrezco un voluminoso material probatorio para ello.
Solicitar a la señora Presidente que salga de su "autismo
pesquero" e impulse a la AGN a dar la baja de los permisos de pesca
de todos los buques de las empresas que operan en Malvinas y el territorio
es más o menos como tirar piedras a la luna.
Por lo tanto, solicitamos al Defensor del Pueblo de la Nación
que investigue la violación al tratado Internacional de pesca
de altura y ponga la lupa respecto al artículo 94 de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar (Montego Bay, Jamaica,
1982), donde se insta a los Estados a investigar cualquier accidente
marítimo o cualquier incidente de navegación en alta mar
en el que se haya visto implicado un buque que enarbole su pabellón
y en el que hayan perdido la vida o sufrido heridas graves nacionales
personas de otro Estado. Incluso donde se hayan ocasionado graves daños
a los buques, a las instalaciones de otro Estado o al medio marino.
Senadores y diputados deben revocar los permisos de pesca instando
acciones en favor del Estado argentino
El Código de la OMI para la investigación de siniestros
y sucesos marítimos —resolución A.849/20, enmendado
por la resolución A.884/21— reconoce los derechos establecidos
de los Estados de enjuiciar o de extraditar —de conformidad con
el derecho internacional— a las personas acusadas de conducta
delictiva, reconociendo que los Estados deben investigar los accidentes
marítimos y admitiendo también que la cuestión
del trato justo de la gente de mar es responsabilidad directa de los
Estados rectores de puertos o ribereños, los Estados de abanderamiento.
Llamamos al poder legislativo a terminar con la impunidad aplicando
normas vigentes en defensa del caladero y la soberanía nacional.
Los armadores Pereira y Conarpesa deben afrontar el pago del gravísimo
daño ambiental por naufragio del Puente América y Carlos
Álvarez hundido en situación muy dudosa con víctimas
Sergio Araya y Gustavo Vitale, cuyos cuerpos permanecen en el fondo
del mar.
El marco normativo nacional es voluminoso en legislación inaplicada
por un Estado ausente ex profeso, como matriz K de entrega nacional.
Del Honorable Congreso de la Nación, así como la AGN,
Sigen, PTN y el Defensor del Pueblo, depende la aplicación de
la Constitución Nacional, especialmente cuando el Ejecutivo la
vulnera causando perjuicios a recursos patrimonio de generaciones futuras
de argentinos.
No existe Estado ni sociedad posible sin la correcta aplicación
de las leyes. Años atrás Cristina Kirchner arengaba a
sus diputados desde su banca para la privatización de YPF, apoyando
la licuación de recursos argentinos para transferir plata a sus
arcas. Revisando su pasado no es extraño este presente.
De la misma manera que hoy juzgan a los genocidas que detentaron el
poder político ayer, se juzgara a los Kirchner mañana
pues su política pesquera es otra clase de genocidio.
"Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda,
te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda
para que puedas" San Agustín.
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador
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