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Los anuncios de que un grupo canadiense-chileno está dispuesto a afrontar una millonaria inversión minera en Mendoza, con el propósito de extraer cobre en el Norte, y los reclamos del proyecto de Minera Río Tinto en Malargüe, para iniciar su producción de sales de potasio ha reabierto en nuestra provincia la polémica por la minería.

Una vez más la política minera de la provincia vuelve a ser el centro de atención y de preocupación social y política, por este tema que se había mantenido discretamente congelado, pese a que durante su campaña el Gobernador Jaque se definió expresamente por una “minería controlada y no contaminante”.

A su vez, la gestión anterior afrontó una intensa disputa por una política minera para la provincia, que incluyó convulsiones sociales, a pesar de que Julio Cobos había insistido en sus inicios con la conveniencia del desarrollo minero, incluyendo viajes a buscar capitales extranjeros a comienzos de 2005.

Hasta que a impulso de un gran activismo social y político -sobre todo en el Valle de Uco y el Sur- nació y fue promulgada en junio del año pasado la Ley provincial 7.722 que prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en todos los procesos de la minería metalífera a cielo abierto.

Las autoridades, municipales y provinciales, promotoras de estos nuevos emprendimientos, han reiterado que la extracción de cobre en su departamento se hará respetando la polémica Ley 7.722.

En los próximos meses está previsto que los grupos inversores presenten los informes de impacto ambiental (el integral de Las Heras y uno de reubicación de planta salera en el de Malargüe).

Sin embargo, las asociaciones ambientalistas, intendentes e incluso algunos sectores legislativos, ya han adelantado su férrea decisión de defender lo que consideran logros de la ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en todos los procesos de la minería metalífera a cielo abierto.

Esto reiterará el debate en Mendoza, pese a la vigencia de esa ley. Es que siguen en pie los planteos estratégicos, el desarrollo minero nacional e internacional y las prevenciones ambientalistas, a raíz de las evidencias de deterioro natural que provoca la explotación minera, a impulsos de la transformación industrial mundial -asiática sobre todo- y la priorización natural de la renta.

La aprobación de la ley 7722 se dio casi en un clima de emergencia y cuando aún no están enteramente discutidos y legislativamente sancionadas ni la ley de Uso del Suelo ni la que le dará forma jurídica al Plan de Protección Ambiental de la provincia, que el Gobierno ha prometido completar en el curso de este año.

Desde estas páginas editoriales, hemos sostenido el criterio de un desarrollo minero racional, con normas de regulación modernas y eficientes; por una explotación estrictamente controlada por un Estado eficaz técnicamente dotado y públicamente confliable por su ética. Por explotaciones acordes con las normas que preserven celosamente el medio ambiente y la naturaleza de que goza la provincia y que debemos preservar para nuestros descendientes.

Por cierto, esto implica la imperiosa necesidad de una clara definición sobre el uso del suelo y sobre la estrategia provincial para preservar el medio ambiente, asignaturas ambas que nos debemos desde hace más de una década.

Además, han cambiado rotundamente las condiciones de mercado, nacional e internacional en el negocio minero. La mayoría de nuestras normas legales otorgadas a los actuales productores -impositivas, de regalías y de retenciones a las exportaciones, por ejemplo- vienen de épocas en que el mundo estaba en una profunda depresión de mercados mineros y los valores eran infinitamente menores a los actuales, en los que ha explotado -como los comódities de la alimentación- el precio de los metalíferos básicos.

Debe, en consecuencia, compatibilizarse y actualizarse el interés de los inversores y el de los poseedores de la riqueza mineral, con replanteo de las condiciones de concesión y con un apego más preciso -hoy favorecido por la tecnología moderna- a procedimientos no cruentos con la naturaleza que sustenta nuestra existencia.

Es decir, favorecer un desarrollo minero moderno, responsable, estrictamente regulado por un Estado capaz y ético y todo ello regido por una celosa custodia del medio ambiente, que es prioritario en el análisis, aun por sobre las fantásticas cifras que se puedan esgrimir en el desarrollo minero mundial, impostergable, es verdad, pero riesgoso.

La ecuación “necesidad-riesgo” no se resuelve con una prohibición obsecada y generalizada. Demanda una prioritaria y urgente búsqueda de un equilibrio responsable, y es compromiso vital y mundial. Y lo es en particular aquí para nosotros que tenemos recursos mineros cuantiosos y una naturaleza pródiga y bendecida por condiciones excepcionales para la vida digna.

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