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Ley de tierras permite triplicar la extranjerización
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Por Nicolás
Fiorentino
El 9% del total de tierras rurales argentinas están en condiciones legales de pasar a manos extranjeras. La puerta al avance de este proceso la deja abierta la propia ley de tierras, sancionada en diciembre de 2011, que aunque en su objetivo buscaba defender la soberanía territorial hoy se transformó en un arma de doble filo, que permitiría que más de 24 millones de hectáreas puedan ser propiedad de foráneos. La denominada ley de Protección al Dominio Nacional de Tierras Rurales plantea un tope del 15% a la porción del territorio nacional que puede estar en manos extranjeras. Esa misma ley ordenaba un relevamiento catastral para determinar cuál era la situación en cada provincia. El resultado de ese estudio lo dio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en julio de 2013: el 5,93% de las tierras rurales disponibles está en manos privadas extranjeras. “Para mí es un orgullo”, dijo. En el último informe de gestión de la Jefatura de Gabinete de la Nación ante la Cámara de Diputados, entre las respuestas enviadas por su titular, Jorge Capitanich, se completaron esos datos. La superficie total de la Argentina es de 279.181.000 hectáreas, de las cuales casi su totalidad, un 95,88%, es zona rural: 267.679.474. Según el relevamiento, 15.881.069 de esas hectáreas son de propiedad extranjera. El 5,93% informado por la jefa de Estado. La discusión sobre esta legislación se retomó el miércoles pasado en el Senado, donde Capitanich brindó un nuevo informe de gestión. La senadora Magdalena Odarda (FAP-ARI) cuestionó que “un 9% de las tierras argentinas estarían habilitadas para ser extranjerizadas” lo que, según su opinión, “va a contramano del espíritu de los legisladores, que quisieron poner fin o límites a este proceso de concentración de tierras en manos de grupos de inversión extranjeros”. La rionegrina presentó un proyecto de ley para reformar la legislación vigente y bajar el tope de tierras extranjerizables a 6 por ciento. Pero no es el único planteo que hace a la ley de tierras. También señala que la reglamentación “no contempla la figura del testaferro, cuando hay grupos extranjeros que ponen todo a nombre de argentinos” y que tampoco incorpora plazos para que las provincias entreguen el relevamiento de propiedad de zonas ribereñas, algo que quedó en el ojo de la tormenta a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. “Nuestro caso emblematico es Lago Escondido, donde tenemos fallo firme de la Corte provincial (Superior Tribunal de Justicia) de hace tres años, que plantea la creación de dos caminos de acceso. Pero ni el gobierno provincial ni el nacional lo quieren hacer cumplir”, afirmó Odarda a BAE Negocios. Durante la sesión, Odarda utilizó el nombre de Joseph “Joe” Lewis para graficar los riesgos de los testaferros. Según explicó, el magnate inglés posee un aeropuerto privado de primer nivel a unos mil metros de la costa, habilitado por el Estado nacional. “A dos horas de las Islas Malvinas”, subraya. Las tierras sobre las que está ubicado, sostiene, están a nombre de Nicolás Van Ditmar, jefe de todos los negocios de Lewis en la Argentina, y su ex mujer, Valeria Mazza. Según los datos oficiales, Misiones (13,87%), Corrientes (13,64%), Catamarca (12,08%) y Salta (10,94%) son las provincias con mayor proporción de territorio en manos extranjeras. Pero los números se complican cuando se miran algunas ciudades. En Bariloche, por ejemplo, ese porcentaje trepa al 21,61%. En San Martín de los Andes es aún más grave: alcanza el 53,38 por ciento. Sólo los hermanos Carlo y Luciano Benetton poseen en el país más de 900 mil hectáreas; Lewis es dueño de más de 14 mil en Bariloche y El Bolsón; Ted Turner tiene 5 mil. La ley prohibe que un propietario extranjero posee más de mil hectáreas. Pero no incorpora efecto retroactivo con cláusulas de desinversión como sí tuvo, por ejemplo, la Ley de Medios. Polémica modificación para zonas ribereñas El acceso público a las zonas ribereñas sufrió una importante modificación con la sanción del Código Civil y Comercial que empezará a aplicarse en 2016. En la flamante codificación, el artículo 1.974 establece que “el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho”. “De la noche a la mañana los ribereños de los lagos se hicieron de 20 mts de camino publico para su propiedad privada”, se lamenta Odarda. Es que en el Código aún vigente, “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal”, según el artículo 2.639. |
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