Senadores fueron a la Cancillería por conflicto fronterizo

30/12/2010

Legisladores salteños pidieron mayor intervención del Gobierno nacional y provincial por el conflicto en la frontera con Bolivia.

(Parlamentario).- Los senadores nacionales por Salta Sonia Escudero y Juan Carlos Romero (Peronismo Federal), junto al renovador Juan Agustín Pérez Alsina reclamaron durante una reunión con funcionarios de la Cancillería argentina, una mayor intervención del gobierno nacional en el conflicto desatado en el límite fronterizo con Bolivia.

Desde fines de octubre, empresas locales radicadas en Aguas Blancas vienen denunciando ingresos ilegales, robo y otros delitos por parte de miliares y colonos del vecino país. Acordaron diseñar un plan de trabajo conjunto y organizar un encuentro con la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré.

La audiencia -gestionada por la senadora Escudero- se concretó en las oficinas del director General de Política Latinoamericana Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ministro Diego Tettamanti, quien estuvo acompañado por el presidente de la Comisión Nacional de Límites Internacionales, embajador Horacio Chalián, y de la que también participaron el gerente general de una de las firmas afectadas, Reforestadora Nacional, Sergio Mazzone, y su apoderado Julio Chávez.

Durante el encuentro, Chávez detalló a los funcionarios de Cancillería los hechos delictivos de los que fueron objeto algunas firmas salteñas asentadas en la zona, que “están siendo avasalladas por colonos que ingresan de Bolivia, apañados por el Ejército” de ese país. Ya tomó intervención el juez federal de Orán Raúl Reynoso, quien libró orden de detención para cualquier nacional o extranjero que transite por las fincas sin autorización.

Entre otras consideraciones los empresarios salteños pidieron garantías de seguridad jurídica para seguir invirtiendo en la zona y mayor presencia de Gendarmería. Incluso, ofrecieron donar 7 hectáreas para construir un puesto fijo de vigilancia y habilitar una dependencia del SENASA. Hicieron saber, además, sus quejas por la falta de acompañamiento y de gestiones por parte del gobierno de la provincia de Salta para encontrar una salida al conflicto.

Al respecto, la senadora Sonia Escudero sostuvo que “lo importante es destacar que los gobiernos de ambos países ratificaron que no hay un problema de límites, y que los hitos allí colocados no fueron removidos. Lo que sucede es que existen ciertas personas de Tarija, Bolivia -en especial el recientemente removido coronel Willy Gareca- quienes sostienen que el límite es el río, como si las fronteras fueran flexibles, lo cual es jurídicamente incorrecto”, aseguró.

El ministro Tettamanti informó que, según una nota remitida por el Ministerio de Defensa de Bolivia, “ha concluido el sumario en el que se establecen sanciones por faltas graves al Comandante Gareca, quien aparentemente estuvo en la zona, pero ya no en ejercicio de su cargo”, del que fue removido. Se desconoce, por el momento, quien será su reemplazante.

El senador Romero, en tanto, reclamó medidas al Estado Nacional y al gobierno provincial “para que Gendarmería pueda hacer uso de su presencia en la frontera, zona muy complicada por la amenaza constante del narcotráfico y el contrabando, situación que se agrava por la escasa población residente en el lado argentino y la creciente necesidad de los ciudadanos de Bolivia de extender la frontera productiva y las áreas sembradas”.

En definitiva, se acordó avanzar en un plan de trabajo conjunto con las autoridades del vecino, que se llevaría a cabo a partir de febrero de 2011, una vez que culmine la época de lluvias. Según explicó el Embajador Chalián la idea es “densificar al máximo los límites, instalar más hitos y promover la instalación de cercas o alambrados”, y abrir picadas (o caminos) para facilitar la visibilidad de los mojones que demarcan la frontera entre ambos países.

Además, se comprometieron a realizar un nuevo encuentro al que buscarán sumar a la recientemente designada ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, para gestionar una mayor presencia de Gendarmería en la zona. Los senadores, solicitaron, además agilizar la restitución de los bienes sustraídos a la empresa Reforestadora Nacional (alambrados, maquinaria, un tractor y postes).

Al término del encuentro, la senadora Sonia Escudero hizo hincapié en “la importancia de que el gobierno provincial se sume a trabajar en el caso. Planteó, además, la necesidad de extender unos 15 kilómetros la ruta provincial 144 -cuyo mantenimiento hoy es realizado por la empresa salteña antes mencionada- para evitar tener que ingresar a territorio boliviano para llegar a la zona que hoy se encuentra en conflicto”.

Reforestadora Nacional posee 21.000 hectáreas en La Polvareda, en las márgenes del Río Grande de Tarija. No es la única empresa afectada en la zona, ya que también los propietarios de Finca La Medialuna denunciaron supuestas incursiones por parte obreros bolivianos en tierras de su propiedad.

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