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Las autoridades salteñas denunciaron que se incrementó el tráfico de drogas y armas en la zona limítrofe. Denuncian el accionar de grupos liderados por guerrilleros de Sendero Luminoso. Temen que la región se convierta en una "pequeña Juárez"...

(Infobae y El Tribuno).- Crece la preocupación en Salta por el accionar de narcoguerrillas vinculadas con Sendero Luminoso que operan al norte de la provincia, en la zona de la frontera con Bolivia.

Fuentes judiciales advirtieron que en la zona de Salvador Mazza-Yacuiba "en los últimos tiempos se registró un alarmante incremento del tráfico de armas de guerra, cocaína y pasta base" en la región limítrofe, informó el diario El Tribuno de esa provincia.

Además, aseguraron que continúan las operaciones delictivas en la región de Aguas Blancas-Bermejo, donde "es habitual el contrabando de hojas de coca, ropas y electrónica".

"Observamos que el nivel de violencia y crueldad en los hechos delictivos que se vienen produciendo en los últimos tiempos, tanto en Orán como Tartagal y Salvador Mazza, tienen que ver con bandas interprovinciales integradas por delincuentes santafesinos, cordobeses y de otras provincias de la zona central del país. En lo que va del año, se produjeron en Orán alrededor de 20 asaltos violentos, en los que se registraron heridos”, señalaron las fuentes judiciales consultadas por el periódico salteño.

El matutino denunció que en esa región operan integrantes de "la organización terrorista peruana Sendero Luminoso". El Tribuno señala que ese grupo terrorista "tuvo un rebrote en el país andino y que, según fuentes confiables de fuerzas de seguridad, tendría directa vinculación con los carteles que operan en Perú, Bolivia y la Argentina".

La situación se ve favorecida por varios factores, principalmente por la “profesionalización” de la delincuencia que en muchos casos es monopolizada por extranjeros con instrucción militar, procedentes de países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y de Europa del Este, en general.

Un radar poco operativo a la hora de actuar

La operatoria del radar ubicado en la zona norte es poco práctica y eficaz. Primero, porque el país no cuenta con una ley de derribo como por ejemplo Brasil.

Detectado un vuelo ilegal, el Ejército debe dar aviso a los mandos de la fuerza en Buenos Aires, éstos a su vez notifican a Gendarmería con asiento en dicha ciudad y, por último, se da aviso a los efectivos ubicados en la frontera.

Sin dudas, un circuito burocrático que no ayuda a la efectividad.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad argentinas y bolivianas trabajan en forma conjunta en lo que respecta a narcotráfico y restitución de vehículos. En este último caso, vale destacar que Bolivia posibilita a sus ciudadanos la obtención de la propiedad de vehículos, por el tiempo de tenencia de los mismos (tres años y el pago de impuestos, según las normas).

Esta situación favorece la ilegalidad.

El norte necesita mucho más que juzgados

El secuestro de cocaína es casi una rutina en el norte de Salta, sobre todo en los pasos fronterizos con Bolivia de donde proviene la droga. Es una de las tantas caras con las que el crimen organizado se muestra en nuestra provincia.

Armas, municiones, vehículos de lujo, combustible, granos y todo de tipo de mercancías van y vienen por la permeable y extensa frontera norte.

A ello debe sumarse que hablamos de una de las zonas con mayores índices de desempleo en el país, escasa actividad económica y un crecimiento poblacional que duplica la media nacional.

Jóvenes sin proyecto de vida, adultos sin oportunidades de inserción laboral, combinado con escasos controles estatales forman un caldo de cultivo para la delincuencia.

Veamos un poco el estado de situación. El titular de la Secretaría para la Prevención y Lucha contra el Narcotráfico reconoció, recientemente, que en Salta la cuarta sustancia que más se consume es el paco, mientras que a nivel nacional ocupa el séptimo lugar.

Las estadísticas

No hace falta siquiera revisar las estadísticas sobre la cantidad de estupefacientes decomisados en los últimos meses -entre otras cosas, es tarea imposible porque el Gobierno nacional y sus ministerios ocultan los números oficiales-, basta ver los casos citados en la prensa para saber que los volúmenes de droga que ingresan a esa zona van en franco crecimiento y que los mecanismos utilizados por los narcotraficantes van perfeccionándose cada día.

El narcotráfico del siglo XXI no sólo dispone de moderna tecnología y cifras siderales de dinero, sino que ahora recurre a mecanismos tales como usar de “camellos” (en la jerga se usa el término para denominar a las personas que trafican estupefacientes en su propio cuerpo) a ciudadanos de Europa del Este, lo que complica el ya de por sí difícil trabajo de la Justicia. Ello me llevó a buscar una solución en el Congreso a través de un proyecto de ley para facilitar la colaboración de traductores en la tramitación de las causas judiciales.

No es ese, por supuesto, el único inconveniente que tiene el Poder Judicial en el norte de la provincia.

Un tema mucho más urgente es la sobrecarga del único juzgado federal existente en el norte provincial, ubicado en San Ramón de la Nueva Orán.

La tarea no sólo es “titánica” por el volumen de causas que allí se tramitan -debe entender, entre otros, en los frecuentes cortes de rutas y los casos de narcotráfico-sino que, además, debe cubrir un extenso territorio ya que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya.

Proyectos

Es por todo ello que desde hace tiempo impulso dos proyectos para crear nuevos tribunales: uno para crear un juzgado federal en la ciudad de Tartagal -que ya cuenta con dictamen favorable de la comisión de justicia y asuntos penales del Senado Nacional-, y otro que propone crear un tribunal oral en lo criminal federal en San Ramón de la Nueva Orán.

Desde luego, la creación de nuevos juzgados y la capacitación de las fuerzas de seguridad es sólo una parte de la solución global que requiere la situación.

El problema es complejo y, por lo tanto, requiere de una respuesta multidisciplinaria que incluya, entre otros aspectos, fuentes de trabajo digno y oportunidades de realización y desarrollo humano para todos sus habitantes.

El Norte Grande de nuestro país aún espera su reparación histórica.

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