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| 19/08/2010 |
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| Informe especial: El agujero negro de la pesca argentina | |||||||
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Por Roberto Maturana Presidenta es hora del Mani Pulite ¿se anima? Ley 24.922: Artículo 1°- La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina. El tsunami de Carlos Menem–Felipe Solá alcanzó a liberar de la responsabilidad del Estado y de los empresariosa los trabajadores más pobres de la industria, para cooperativizarlos, pauperizándolos, y a los recursos marinos, por los que se debió promulgar la Ley 25.109 de Emergencia Pesquera Nacional para desplazar a la flota ilegal al sur de grado 48º debido al impacto depredatorio de la misma. Ambos funcionarios impulsaron el genocidio de trabajadores liberando de las cargas sociales a personeros del hambre de hoy y de mañana. El caladero argentino está en situación de colapso por la corrupción estructural subyacente e imperante en el Consejo Federal Pesquero (CFP). Sin olvidar que toda esta runfla de ladrones ahora reclama reintegros. La situación, Sra. Presidenta, es simple: sólo hace falta una decisión política para reencauzar el caldero y quitar del mismo a los buques ilegales deteniendo así la sobrepesca. Para la recuperación del dinero que cada armador embolsó ilícitamente asociado a los administradores, aplicaría una forma simple justipreciando capturas declaradas y exportadas por cada viaje cruzando datos. Parte de ese dinero se puede destinar aportándolo a un fondo de aportes jubilatorios y reaprovisionar hospitales de las poblaciones costeras a los que impactó este robo y vaciamiento a la Nación. Esta determinación provocaría un impacto positivo en los miles de argentinos que buscan señales del Gobierno en pos de luchar en contra de la corrupción. Y daría pie para iniciar un mani pulite que Gobierno alguno impulso en el país a la fecha. ¿Se animará Cristina Fernández? La explicación En el año 2000, el Consejo Federal Pesquero y la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Nación, por medio de un concurso de precios, contrataron a la Facultad de Derecho para revisar todos los permisos de pesca preexistentes a la ley N° 24.922, y los que se hubiesen otorgado con posterioridad a la vigencia de esta ley con el objeto de elaborar un informe individual de cada uno de ellos. Lo que sigue es parte del informe de la UBA: Ponte de Rande. Info del expediente SAGPYA. y CFP Constitución de sociedad mixta, C.E.E. incorporación del b/p Ponte de Rande (irrestricto), transferencia de permiso del Promac (4815), del Virgen María (5327), Ribazón marplatense (5060), san francisco (4665). Se observa en el expediente que nada se dice respecto al permiso provisorio del B/P Virgen María. Tampoco se señala que tanto la documentación presentada ante la CE (Comunidad Europea) como la documentación contable perteneciente a Frigoríficos Fandiño S.A. obran en copia simple. No consta ninguna comparación de los buques cuyo permiso se reemplazará con el buque a incorporar y tampoco obran los planos de los buques a reemplazar. A fojas 333, se solicita a Estadísticas que informe sobre las capturas de los tres últimos años de los buques Promac y Virgen María, lo cual es informado a fojas 334. Se observa que no aparecen datos de las capturas del B/P Virgen María correspondientes a los años 1991 y 1992. Dado que el buque se encuentra matriculado desde 1979, no se explica la razón por la cual no tiene capturas registradas en los mencionados períodos. Asimismo, es posible que en dicho lapso el buque haya permanecido inactivo. Traducción de ilegalidades en origen Tal como reza el expediente, el buque Virgen María estaba inactivo por su rotura de motor, por ello no tenía capturas y la Ley 24.315 expresa claramente que no podían ser transferidos permisos de buques de más de un año de inactividad. A fojas 342, en fecha 19 de enero de 1995, fiscalización informa respecto de los permisos de los B/P Promac y Virgen María. Se destaca que el permiso de este último es provisorio y se observa que, siendo el permiso provisorio, no debería permitirse la transferencia. A fojas 587, fechado en 26 de mayo de 1995, obra dictamen Nº 232364 firmado por la Dra. Liliana Paniagua Molina en el cual “manifiesta no encontrar obstáculos legales para la aprobación del proyecto”. Se observa que no se expide acerca del carácter provisorio del permiso del B/P Virgen María. ¿Por cuantas “miles de razones” la Dra Paniagua no encuentra obstáculos legales si la Ley 24315 indica lo contrario? ¿Quién o qué “motivó a su dictamen favorable”, algo que no se sabe a la fecha? Lo que sí se sabe es que su acción, junto a otros funcionarios, colaboró con 15 años de captura ilegal y depredación de recursos; como así también el enriquecimiento ilícito impune de la Familia Solimeno. También se aprobó la transferencia de los permisos de los B/P Promac y Virgen María. Recuérdese que en este último caso el permiso no era definitivo, por lo cual no es viable jurídicamente esta transferencia. Aquí surge otra incongruencia prístina: a fojas 608/612 obra informe de tasación suscripto por el Ing. Sudini, el cual tasa la embarcación en U$S 1.200.000. Se observa que el valor asignado al buque a fojas 5/8 era de U$S 980.000, y que el monto total de inversión, según lo manifestado por la iniciadora a fojas 336 ascendía a U$S 22.000.000. Esta danza de millones y estafas compran voluntades e impunidad. La Ley 24.315 establecía que cada buque cedente de permiso de pesca de merluza, es decir de especies “no excedentarias”, se debía dar de baja para así no aumentar el esfuerzo pesquero. Solimeno no lo hizo a la fecha, así está el caladero, pero los ambientalistas no hablan de los responsables de vaciar el mar, y los periodistas tampoco pues les pagan para no hacerlo. Cada viaje de estos congeladores trae en su bodega más de 2 millones de dólares, por 6 viajes al año, la cuenta es simple. Sus 2 buques insignias ilegales Estreito de Rande y Ponte de Rande hace 15 años que están pescado ilegalmente. A fojas 614/616, con fecha 28 de junio de 1995, obran notas dirigidas a PNA donde se comunica: 1) la conformidad para la incorporación definitiva del B/P Ponte de Rande; 2) la baja de los B/P Promac y Virgen María. Asimismo, respecto de estos dos últimos, se comunica que han quedado sin efecto sus permisos por lo que no se encuentran autorizados para realizar tareas. Los permisos firmados para los buques nombrados Promac Y Virgen María (Solimeno) vulneraron toda ley, ya que a ambos les cambio su motor por otro de mayor potencia y al Virgen María se le agrando la bodega… Esto demuestra que el armador no sólo jamás los dio de baja, sino que, al aumentar la potencia, aumenta el esfuerzo pesquero, pues lleva redes más grandes. En el caso del Virgen María es más claro aun pues aumenté la bodega, esto es ostentación de impunidad a la fecha inmune. A fojas 639, con fecha 13 de septiembre de 1995, la iniciadora presenta una nota solicitando se transfiera el permiso irrestricto del B/P Ribazón Marplatense, de su propiedad, al B/P Ponte de Rande, a los fines que este pueda efectuar captura de merluza en cantidades acordes a su capacidad de captura y procesamiento. A fojas 647, fechado en 16 de noviembre de 1995 obra dictamen Nº 233657 Allí se afirma que la iniciadora transfiere el permiso del b/p Ribazón marplatense al Ponte de Rande en concepto de complemento de bodega. Se observa que esta figura no fue invocada por el solicitante. Por otra parte, tampoco existe previsión normativa que contemple las transferencias en concepto de complemento de bodega dentro del marco legal de la Ley 24315. Continúa el dictamen señalando que la iniciadora es propietaria del B/P Ribazón marplatense. Se observa que esto contradice lo afirmado por Fiscalización a fojas 643, no existiendo en el expediente constancia alguna que sustente lo afirmado por Asesoría Jurídica. Afirma el dictamen que Costa Marina S.A. solicitó la transferencia en calidad de complemento de bodega. Se observa que no obran constancias de tal solicitud. Colegiremos que alguien dentro de la mismísima SAGPyA introducía documentación en el expediente para favorecer a la empresa. Esta metodología se reitera varias veces en otros expedientes aprobados. Contra toda lógica e impulsando legalizar lo ilegal en el marco de la Ley 24.315 el dictamen manifiesta que la transferencia de tal permiso es legalmente viable cuando en realidad el acto es nulo de nulidad absoluta bajo la Ley de procedimientos Administrativos en origen, lo que no impidió que a fojas 649 Nuestro ex Gobernador y ex Secretario de Agricultura ganadería y pesca Felipe Solá firmara la RES 380 con fecha 27 de diciembre de 1995. Allí el Secretario Solá resuelve transferir el permiso del B/P Ribazón marplatense a favor del B/P Ponte de Rande, asignándosele un cupo de 3766 toneladas anuales que se sumarán a las adjudicadas oportunamente 9.540 toneladas anuales. A fojas 35, Fiscalización informa que el Promac se encuentra sin permiso habida cuenta de su transferencia al Ponte de Rande. Se observa en el mismo expediente que no se menciona la baja del Promac, operada en fecha 28 de junio de 1995 tal como obra a fojas 614/616. El CFP tiene en su poder la Auditoria de la UBA que describe todas las irregularidades aquí descriptas, y aun así “permite” que el Sr Solimeno transfiera permisos de buques ilegales, sin pagar al estado argentino por el daño al caladero provocado por estos buques de alta potencia, no reclaman el enriquecimiento ilícito de Solimeno agravado por haber firmado declaraciones juradas de baja de buques que siguieron operando con sus bodegas sobredimensionadas. Esto es una burla a todo el sistema judicial argentino que demuestra la emergencia del mismo y la corrupción que posibilita que funcionarios del CFP sigan luego de 15 años brindando al Sr. Solimeno impunidad y más riqueza a expensas de un caladero en colapso. La UBA audita corrupción- el CFP la cajonea- el caladero colapsa. 15 años de depredación e impunidad De lo expuesto, y a criterio de la auditoría de la UBA, en el área existiría una gran cantidad de actos administrativos viciados, y por ende se sostiene que “la validez, anulabilidad, nulidad o inexistencia de los actos administrativos deberá ser objeto de determinación en cada caso concreto: no basta con definir el elemento viciado sino que a los efectos de determinar la consecuencia jurídica, esto es, la subsistencia del acto y/o de sus efectos, la posibilidad de su saneamiento, etcétera, debe ponderarse la afectación al orden público que cada vicio acarrea; o sea la importancia que concretamente tenga en el caso el vicio o irregularidad de que se trata”, recomendando los auditores un “análisis pormenorizado de la situación de cada uno de los permisos a fin de determinar en cada caso la existencia y entidad de los vicios que adolezcan para finalmente proceder, previa intervención y dictamen de las áreas pertinentes, al saneamiento, confirmación o revocación en sede administrativa o judicial de los mencionados actos”. Se debe llevar al CFP a la justicia por ser socios en administración fraudulenta de recursos de la Nación Citaré el caso de otro congelador de Solimeno, el UR Ertza que arribó al país para pescar especies excedentes (no merluza). Sin embargo, desde que lo tiene la firma, pesca merluza. El buque Navegantes —congelador factoría— recibió permisos de los fresqueros de la empresa Patagonia-Rigel-Letare que debieron ser dados de baja, a la fecha continúan pescando merluza en el mar argentino ilegalmente desde hace más de 12 años. (ver al pie informes adjuntos y links). El CFP está viciado de corrupción estructural y por ende su función de ser aval y tutelar la Ley de Pesca 24.922 es utópica. Se debe con urgencia intervenir el mismo e iniciar las acciones múltiples a cada uno de los que se llenaron de plata con estas “acciones ilegales” que son en sí mismas aberraciones jurídicas. El caladero argentino no tiene más tiempo y sus trabajadores tampoco. Esto va más allá del color político del Gobierno, esto es una cuestión de estado y el pescado es un recurso alimentario de todos los argentinos, no de un grupo de funcionarios corruptos y armadores conniventes. Aquí se da un fenómeno jurídico muy difícil de probar en otros temas, la “asociación ilícita” reiterada entre administradores y administrados aun impunes, firmantes simultáneos de reiterados actos ilegales que demuestran la complicidad entre administrador y administrado. Solimeno es un icono en el iceberg de arbitrariedad que blinda sus actos. Hay muchos casos similares de enriquecimiento desmesurado y fraudulento, mientras la Argentina espera Justicia.
Roberto Maturana
http://www.uba.ar/extension/trabajos/derecho_auditoria.htm http://www.revistapuerto.com.ar/RP_Noticia_Detalle.php?id=1135 |
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