Ex Secretaria de Medio Ambiente, denunció amenazas de las mineras

27/11/2009

Romina Picolotti denunció en Canadá que las empresas mineras la amenazaban a ella y a sus empleados durante su gestión ...

(EFE).- La ex secretaria de Ambiente argentina Romina Picolotti testificó hoy (24/11) ante una comisión parlamentaria canadiense que recibió amenazas contra ella y sus hijos por parte de compañías mineras extranjeras cuando intentó endurecer los requisitos medioambientales del sector, informó la prensa local.

Según la edición digital del periódico The Toronto Star, Picolotti testificó a través de videoconferencia ante el comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense, como parte de los debates del proyecto de ley, con el que Ottawa busca ejercer un mayor control sobre las multinacionales canadienses que poseen minas en países en desarrollo.

Durante su declaración, la ex secretaria argentina, que ocupó el cargo de 2006 a 2008, dijo:“yo y mi personal más cercano fuimos amenazados personal y físicamente tras nuestra intervención minero. Mis hijos fueron amenazados”.
Picolotti destacó que las empresas mineras fueron, de todos los sectores interesados, las que más se opusieron al endurecimiento de las normas medioambientales.

“Descubrí una y otra vez que los intereses mineros extranjeros en Argentina eran extremadamente adeptos a promover sus intereses con las instituciones políticas locales, muchas veces invitando a funcionarios y ministros a obtener lo que querían en asuntos sociales y medioambientales sensibles”, afirmó.
La ex funcionaria añadió que en su caso la presión se tradujo en dificultades para implementar las reformas medioambientales y finalmente en su dimisión.

De aprobarse el proyecto de ley, presentado por el diputado liberal John McKay, las empresas mineras canadienses que no respeten en el extranjero normas internacionales de derechos humanos y medioambientales serían penalizadas.
Canadá cuenta con una de los sectores mineros más activos del mundo y las empresas canadienses constituyen los principales inversores del sector en muchas naciones latinoamericanas.

Organizaciones no gubernamentales, como Rights Action, han denunciado en numerosas ocasiones que compañías mineras canadienses favorecen las violaciones de derechos humanos en el extranjero, especialmente en países en desarrollo.

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