Fue el senador Rodolfo Terragno, al tratarse por primera vez el proyecto de ley, quien fundamentó su apoyo a la modificación de la ley de pesca vinculándola directamente con el conflicto de soberanía y con la situación colonial que fractura nuestra geografía. Argumentó claramente que una población implantada por la fuerza, de origen británico y actuales súbditos de la Corona, no podían disponer de recursos pesqueros que pertenecen a los argentinos porque se encuentran dentro de nuestro territorio marítimo.

Tiempo después fue el pleno de los senadores que hicieron suyo el argumento de Terragno y aprobaron un proyecto solicitándole a la Cancillería que inicie una ofensiva diplomática para lograr la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido fundamentando que existe una contradicción en la posición británica que invoca el derecho de autodeterminación de los malvinenses para negarse a discutir la soberanía de las Malvinas. La contradicción se resume en que según la propia legislación del Reino Unido sancionada en 1983 y en el 2002 los kelpers son tan británicos como un ciudadano londinense y que por lo tanto están inhibidos de autodeterminarse como pueblo malvinense.

El argumento de Terragno fue analizado por nuestra Cancillería y adoptado para reforzar los sólidos antecedentes que año a año reitera nuestro país ante el organismo rector de los procesos de descolonización que es el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Por ello, entre los senadores hubo un cierto aire de satisfacción al enterarse que el canciller Jorge Taiana se había hecho eco en su último discurso ante el Comité de Descolonización de las líneas argumentales recomendadas desde la Cámara Alta. En su mensaje Taiana destacó que no es aplicable el principio de autodeterminación a los habitantes de Malvinas porque lejos de ser un pueblo con identidad propia, como sostiene la potencia ocupante, son un grupo de ciudadanos de uno de los países en conflicto, situación que se prueba mediante la ley de Nacionalidad sancionada por el Parlamento británico en 1983 que ratifica la nacionalidad británica de la población de las Islas Malvinas.

La articulación hecha entre la posición unánime de los senadores con el discurso del Canciller muestra una clara estrategia decidida a avanzar en todos los frentes para lograr que el Reino Unido deponga su intransigencia y se siente a negociar sobre la cuestión de la soberanía de nuestros archipiélagos australes. Dentro de esa misma estrategia integral y amplia, resulta imperioso que los senadores no demoren más las modificaciones a la ley Federal de Pesca, originada en el Senado, revisada por los diputados y que espera nuevamente en la Cámara Alta su sanción definitiva.

La Cancillería ha dicho que la cooperación con el Reino Unido en relación con la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur se encuentra gravemente afectada por los actos unilaterales e ilegítimos de disposición a través de la venta de licencias de pesca y por las acciones de policía de pesca dentro y fuera del área en disputa así como por otras medidas unilaterales en relación con las aguas adyacentes a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Frente a las denuncias de quienes tienen la responsabilidad de la conducción de nuestra política exterior, le corresponde ahora al Senado contribuir a fortalecer el poder de negociación internacional de nuestro país dando sanción a una iniciativa, que aún sin nombrar a las Islas Malvinas, está encaminada a desalentar que el gobierno británico persista en disponer de los recursos pesqueros que existen en los espacios marítimos argentinos.

La reanudación de las negociaciones con el Reino Unido para resolver la disputa de soberanía de las Islas Malvinas es una Política de Estado que se construye con el aporte de todos los poderes, no caben las demoras.

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