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| 07/01/08 |
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| Hora de definiciones, soberanía de los recursos pesqueros | ||
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El proyecto que se propone "terminar con las triangulaciones de las grandes empresas pesqueras que evaden sus permisos" estaría muy cerca de ser aprobado. Hace dos años que se espera su aprobación... El John Cheeck ha dejado su estela. Un proyecto de senadores patagónicos tratará de impedir –sin decirlo- que los buques que pescan en Malvinas lo hagan también en el Mar Argentino. Las empresas pesqueras no tendrían más remedio que elegir. El proyecto que se propone "terminar con las triangulaciones de las grandes empresas pesqueras que evaden sus permisos" estaría muy cerca de ser aprobado. Pasó del Senado a la Cámara de Diputados y pronto será tratado por la Comisión de Intereses Marítimos. La determinación por parte del gobierno colonial de las Malvinas, de extender por 25 años los permisos de pesca, hasta ahora anuales, a los buques que operan en aguas malvinenses -que entró en vigor el pasado mes de julio- tuvo un peso central en el impulso que adquirió esta iniciativa. El proyecto fue presentado por los legisladores Silvia Giusti (Chubut) y Mario Daniele (Tierra del Fuego), y recibió algunas modificaciones al pasar por las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales del Senado. “Sabemos que mediante resquicios legales, los grandes empresarios triangulan sus operaciones afectando la conservación de nuestros recursos pesqueros, en clara oposición a la política provincial y nacional de conservación de los mismos. Esta tendencia, se verá revertida ya que con esta nueva propuesta de Ley, una empresa en situación irregular recibirá sanciones económicas y restricciones pesqueras mucho más severas”, declaró la senadora Silvia Giusti. El mencionado proyecto propone una modificación en el actual Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) que obligará a las empresas a optar entre los permisos de pesca otorgadas por la Argentina y las expedidas por el Reino Unido para pescar en Islas Malvinas. Los cambios se darían en el artículo 27, que esclarece quiénes puede pescar en aguas argentinas. Este artículo es el que acabaría definitivamente con las triangulaciones de permisos realizadas por algunas empresas. En el artículo 28 se agrega que la violación a esa normativa implica la caducidad automática de cuotas y permisos. Por último, en el artículo 51, se incrementan los montos de las sanciones a las actividades pesqueras ilícitas. De aprobarse una nueva reglamentación, los armadores deberán presentar una declaración jurada en la que figure que no son propietarios ni están asociados con buques que operen en la zona económica exclusiva argentina sin el permiso del gobierno argentino. En la práctica, ello implicaría la prohibición a los titulares de licencias locales de asociarse con empresas que operen dentro de los mares cuya soberanía está en conflicto. Se prevé la baja automática de los permisos de las empresas a las que se les compruebe la antedicha relación. También se contempla el aumento de las multas para las empresas que operen en forma ilegal. De su actual valor de treinta mil pesos (diez mil dólares) pasarían a cinco a diez millones de pesos (1,6 a 3,2 millones de dólares). Las sanciones también incluirían el decomiso de las artes y/o equipos de pesca, de la captura obtenida en forma ilícita y hasta de la embarcación. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a la pesca en Islas Malvinas ni al conflicto que mantiene Argentina con el Reino Unido por los permisos pesqueros. En uno de los proyectos originales se hacía referencia explícita al tema Malvinas, pero por razones diplomáticas se optó por eliminarla. Pero sutilezas aparte, la tendencia es “pegar donde más les duele, en lo económico” - según las declaraciones del canciller Taiana- tanto a las empresas que pretenden aparecen al margen del conflicto, como a los kelpers, con quienes estaría desarrollando una “política de antiseducción”, advierte el canciller. Habrá que ver cuáles son los mecanismos operativos de verificación que se pondrán en juego a la hora de ejecutar esta nueva normativa para tener una idea de su eficacia real. La otra mirada John Burton, Ministro de Pesca de Malvinas, en declaraciones al diario Faro de Vigo (3/10/06) señala las escasas posibilidades de incrementar el esfuerzo pesquero en las aguas circundantes a las Islas. Preocupa entonces, qué pasará cuando las empresas que tienen intereses en la Argentina, no tengan otra opción que definir si continuarán pescando en el país o en la zona cuya soberanía está en disputa. Interrogado sobre las consecuencias de las inminentes reformas, Burton señala que “es muy temprano para saber qué va a pasar con las sociedades mixtas”, y que hasta el momento las empresas operan con normalidad. Pero si las “sociedades mixtas” –que permiten que empresas extranjeras estén asociadas a empresas malvinenses para la explotación de los recursos pesqueros- se retiran del caladero por la presión argentina, Burton cuenta con el apoyo de la Unión Europea: “nosotros tenemos el estatus de territorio de ultramar por lo que tenemos más ventajas que otros países para mantener contactos con la UE y acceder a políticas de ayudas”. Las empresas, por su parte, tendrán que optar entre seguir explotando las aguas de las islas Malvinas, ricas en calamares loligo e illex; o continuar con la extracción de langostino y merluza austral, y también calamares, en los caladeros argentinos. Empresas españolas como Pescapuerta, Pereira, Pescanova, Freiremar, Chymar, Hío Pesca y Manuel Nores, entre otras, deberán tomar la decisión de aprobarse la antedicha reforma. Son casi cuarenta las compañías mixtas que pescan en Malvinas (además de las españolas, también las hay de capital coreano, japonés y alguna otra nacionalidad); pero las españolas tienen son las que tienen más fuertes intereses en Argentina. Para Pescanova la decisión se presenta clara, puesto que su presencia en Argentina es muy importante, mientras el volumen de sus actividades en Malvinas resulta mínimo en el conjunto de su cifra de negocios. Pero para otros la situación se presenta más complicada, incluso para la potente Pescapuerta, también para la Armadora Pereira. Aunque ambas preferirán, en todo caso, dejar Malvinas para no tener que abandonar Argentina. Otras más pequeñas, y con menor presencia en Argentina, optarán por las Malvinas. “El gobierno argentino pone las cosas difíciles a las empresas viguesas”, se señala en vigoempresa.com, canal virtual de información empresaria. El informe hace referencia también a los cuantiosos perjuicios económicos que sufrirán estas empresas, “presentes desde hace años en las Malvinas”. Sin embargo, la opción por el Mar Argentino parece no estar en duda para las grandes empresas españolas que explotan actualmente ambos caladeros. Un poco de historia La venta de permisos de pesca es en un 53% responsable del alto ingreso per cápita de los “kelpers”. El PBN de 75 millones de dólares se distribuye tan sólo entre tres mil habitantes, lo cual los ubica entre las poblaciones con más altos ingresos del mundo, y en la población con más altos ingresos de Sudamérica. La pesca comercial en Malvinas debe en gran medida su prosperidad a que en 1987 fue instalada una zona de conservación alrededor de las islas. Hasta 1987, los kelpers malvivían de la ganadería ovina -se contabilizaban cientos de miles de cabezas- y, sobre todo, de los subsidios del gobierno británico. La situación cambió cuando, ese mismo año, comenzó a regir en las Islas Malvinas una Zona de Conservación y Administración de Pesca (FICZ, sus siglas en inglés) de 150 millas. La resolución fue tomada de manera unilateral por el gobierno colonial de las Malvinas en medio de largos intentos de negociación con la Argentina –que tuvieron a los Estados Unidos como intermediario- y que llevaban más de un año. Cuando se implementó la zona de conservación, hacía años que los barcos argentinos ya no pescaban allí para evitar conflictos. La decisión estuvo resguardada en un declarado afán conservacionista. La implementación de una zona con protección militar fue acompañada por campañas de conservación que incluyeron, a los largo de estos años, desde merchandising a publicaciones científicas. Pero los esfuerzos conservacionistas tienen otro rostro: la venta de permisos de pesca a empresas extranjeras, que es actualmente el principal ingreso de las autoridades de facto de las Malvinas. Ello le permite brindar a su población servicios de salud y educación. En 1990 se crea la Zona Externa de Conservación (Falkland Islands Outer Conservation Zone, FOCZ) que amplía la Zona de Conservación y exclusión al Norte, al Este y al Sur de las Islas a 200 millas. La conservación sigue siendo un argumento esencial, ya que la extensión de los permisos de pesca a 25 años fue justificada por un vocero de la embajada británica en Buenos Aires diciendo que “quien tenga un permiso de 25 cuidará más los recursos que quien pesca y se va”. Mientras los periódicos británicos siguen ubicando el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas como parte del folcklore argentino, junto al mate, al tango y al fútbol; los espacios y los recursos naturales en disputa siguen brindando a los kelpers unos ingresos extraordinarios para la región, en nombre de la conservación. Y el gobierno del Reino Unido arguye que su soberanía sobre las Malvinas está fuera de discusión. Lecturas recomendadas Artículos AAVV: “Discusiones confidenciales anglo-argentinas sobre temas
de pesca. La intervención de los Estados Unidos: 1986-1989”,
en Historia de las Relaciones Exteriores de la República Argentina,
cap. 59, t. XIV, UCEMA, 2000 Documentos Discurso del Sr. Canciller Dante Caputo, 41° Período de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuestión
de las Islas Malvinas 24 de noviembre de 1986 Lecturas recomendadas en inglés: “Argentina ups the ante in new battle over Falklands”,
en The guardian, 1 julio 2006 Comunidad Pesquera |
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