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| 09/08/07 |
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| Malvinas y el gobierno de Alfonsin, tercera parte | ||
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Tercera entrega, escrito por Oscar Mastropierro... LOS ENCUENTROS ENTRE LEGISLADORES ARGENTINOS Y BRITANICOS Desde comienzos de 1984 se produjeron diversos contactos oficiosos entre parlamentarios de la Argentina y del Reino Unido. La reunión de la Conferencia de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Ginebra en abril de ese año, dio lugar a un intercambio de opiniones entre miembros de partidos políticos del Congreso argentino ( ) y el Parlamento británico ( ). Un seminario sobre las Islas Malvinas, celebrado en mayo de 1984 con los auspicios de la Universidad de Maryland, reunió a parlamentarios ( ) y a otras personalidades de ambos países. Lo importante fue que de ese encuentro surgió, por recomendación de los británicos, una fórmula que Buenos Aires emplearía de allí en más y que se convertiría en otro antecedente de la "sombrilla o paraguas" aplicada en las negociaciones a partir de 1990 (Cardoso, Kirschbaum, Van der Kooy;1992:383). A fines de junio, tres miembros del Parlamento británico ( ) visitaron en forma no oficial a la Argentina, por invitación de la Comisión de Asuntos Parlamentarios Internacionales del Senado argentino. Fue la primera visita al país de parlamentarios británicos desde el conflicto de 1982. Los miembros de la delegación sugirieron, como primer paso para mejorar las relaciones entre ambos países, la cesación incondicional de las hostilidades por parte de la Argentina acompañada por la declaración simultánea del Reino Unido sobre el levantamiento de la "zona de protección" de 150 millas en torno a las Islas Malvinas (Falkland). El 18 de septiembre de 1985 se reunieron en Francia Raúl Alfonsín con el líder del Partido Laborista y de la oposición, Neil Kinnock, quienes suscribieron una declaración reafirmando la necesidad de una negociación de las partes según la fórmula de Maryland, es decir negociaciones que permitieran resolver los problemas pendientes entre los dos países incluyendo los aspectos sobre el futuro de las islas (Cardoso, Kirschbaum, Van der Kooy;1992:383). En febrero de 1986, y por primera vez desde la ruptura de relaciones diplomáticas anglo-argentinas en 1982, parlamentarios del gobierno conservador de Margaret Thatcher analizaron extensamente junto con representantes del laborismo, el tema de la soberanía sobre las islas Malvinas, en el curso de una reunión con cuatro legisladores argentinos ( ), de visita en Londres. Los argentinos señalaron que en la conversación mantenida con el líder laborista opositor Neil Kinnock, éste se comprometía a iniciar "inmediatas negociaciones" con la Argentina sobre todos los temas referentes a la cuestión Malvinas (el de la soberanía incluido), si su partido accedía al poder luego de los comicios que se realizarían en Gran Bretaña en 1987. Entre las reuniones sostenidas por los cuatro legisladores argentinos, se destacó la que mantuvieron con el representante en Londres de la oficina del gobierno de las islas Malvinas, Alistair Cameroun. Este, al concluir el encuentro dijo no haber percibido "ninguna evolución favorable" en el punto de vista de los argentinos respecto del tema de la soberanía en las islas y calificó al diálogo como "intercambio de opiniones" ( ). Un hecho interesante sobre cierta flexibilización británica como hecho de índole humanitario, ocurrió en septiembre del mismo año. El padre del piloto de combate argentino Miguel Angel Giménez, muerto durante la guerra en 1982 y cuyos restos fueron hallados en las islas, recibió el permiso de Gran Bretaña para asistir al funeral, convirtiéndose así, en el primer argentino en pisar las islas tras el conflicto. El 10 de octubre de 1986 legisladores argentinos y británicos ( ) se reunieron reservadamente en Buenos Aires para analizar a agenda abierta posibles caminos de entendimiento que permitieran solucionar el conflicto. Si bien no se lograron acuerdos concretos sobre cuales podrían ser los carriles de negociación entre ambos gobiernos para solucionar el conflicto por los archipiélagos del Atlántico sudoccidental, los legisladores argentinos y británicos convinieron mantener un nuevo encuentro en abril del año siguiente en Lisboa, en el marco de la Conferencia Interparlamentaria Mundial, con un temario de tres puntos que incluía la cuestión de la soberanía.
A comienzos de 1988, un nuevo problema se asomaba en torno al conflicto. El anuncio de Gran Bretaña de realizar maniobras militares (denominadas Fire Focus) de envergadura en las islas Malvinas en el mes de marzo, motivó que la Argentina reclamara ante las Naciones Unidas una reunión del Consejo de Seguridad en el marco de una nueva ofensiva diplomática para que la comunidad internacional presionara sobre Gran Bretaña para que desistiera de realizar los mencionados ejercicios. La Argentina acusó a Gran Bretaña de boicotear las negociaciones indirectas -que se estaban realizando a través de Estados Unidos- para solucionar pacíficamente el diferendo por la posesión de las islas y la responsabilizó por las consecuencias que podrían derivarse ante el desplazamiento de tropas en el Atlántico sudoccidental. Por su parte Robert Gelbard, subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, se comunicó con el presidente Alfonsín para manifestarle la decisión del gobierno norteamericano de apoyar toda iniciativa tendiente a evitar un agravamiento de la tensión y posibles incidentes en las aguas aledañas a Malvinas. En el orden interno, y luego de una reunión de la conducción partidaria, el justicialismo reclamó al gobierno nacional la urgente preparación de un plan de operaciones militares como prevención defensiva del territorio nacional en respuesta a las maniobras Fire Focus. Asimismo advirtió al gobierno de Estados Unidos que si se facilitaba el uso de las instalaciones militares de la isla Ascensión para el reaprovisionamiento de la aviación británica, se convertiría a todo el Atlántico sur en teatro de ejercitaciones de la OTAN y a toda América Latina en eventual teatro de operaciones del conflicto este-oeste. También consideró necesario que el gobierno argentino convocara al Consejo de Seguridad para exhortar a la suspensión de las maniobras debido a que este hecho amenaza la defensa de la totalidad del continente latinoamericano ( ). Por su parte el gobierno encomendó a las Fuerzas Armadas tareas de vigilancia y alerta defensiva mientras duraran las maniobras militares, a la vez que destacó su disposición a evitar riesgos de incidentes armados en la zona, advirtiendo que, en caso contrario, pondría en ejecución los planes de defensa correspondientes ( ). La decisión de establecer un estado de "vigilancia y alerta" adoptada tras una reunión del ministro de Defensa con los jefes de los estados mayores de las Fuerzas Armadas, no implicaba un despliegue de fuerzas en el sur ante la inminencia de la iniciación de las maniobras. Esto quería decir que las patrullas marítimas y aéreas continuarían con la modalidad habitual aunque habría, como lo informó el comunicado oficial, un atento seguimiento de los movimientos británicos en el archipiélago para evitar cualquier tipo de incidentes. Estas medidas -de carácter preventivo, pero limitadas- coincidían además con noticias provenientes de Londres sobre la magnitud de los ejercicios. Los mismos carecerían de la espectacularidad que se les había atribuido en un principio ya que el despliegue estimado de cinco mil hombres, sólo se reduciría a seiscientos efectivos. Ante la situación que se vivía, el canciller Dante Caputo reiteró en la ONU el deseo del gobierno de Buenos Aires de realizar negociaciones con Gran Bretaña por el tema Malvinas y pidió al secretario general, Javier Pérez de Cuellar, su intervención para que los británicos suspendieran los ejercicios militares en las islas. Por su parte Gran Bretaña dijo que el gobierno de Buenos Aires había reaccionado en exceso al colocar sus fuerzas en alerta ante las maniobras. Aseguraban tener un deber con los isleños y la gente que murió en la guerra para asegurar que no ocurriera una repetición de la invasión argentina y no tenían intención de cancelar el ejercicio. Al hablar el canciller Caputo ante el Consejo de Seguridad, el 17 de
marzo de 1988, acusó a Gran Bretaña de efectuar maniobras
militares en las islas Malvinas, cuando los gobiernos de ambos países
mantenían contactos indirectos para evitar incidentes en el Atlántico
sur.
En noviembre de 1988, el canciller Dante Caputo, anunció oficialmente la primera reunión de alto nivel con un representante del gobierno británico, luego de la guerra. A partir de las palabras de Caputo surgieron las preguntas y las dudas. Teniendo en cuenta que el canciller anunció que su actividad como presidente de la Asamblea General le exigía "neutralidad" en el tema Malvinas, se suponía entonces que, lejos de representar la opinión del gobierno argentino cuando conversara con el embajador Crispin Tickell -delegado inglés en las Naciones Unidas-, la cita tendría apenas un carácter protocolar ( ). La percepción de la realidad es, muchas veces, más poderosa que la realidad misma y un único hecho suele tener significados distintos para diferentes personas. Algo de esto sucedió con los anuncios de la mencionada reunión. Bastaba con contrastar las explicaciones dadas por ambas partes. Caputo anunciando la reunión y el Foreing Office confirmando, para darse cuenta de las disimilitudes en los enfoques sobre la instancia. Para el canciller argentino el encuentro equivalía al encendido de esa "luz" en el largo sexenio de oscuridad de la etapa posbélica del conflicto con Gran Bretaña que Caputo había prometido a la opinión pública argentina desde que fuera electo presidente de la 43 Asamblea General. En cambio, el gobierno británico parecía decidido a no hacerle sencillas las cosas a Caputo y a declamar otra versión de la cita. Uno de sus voceros puso cuidado en "aclarar" que la reunión se realizaría a pedido de Caputo, que Tickell esperaba escuchar de labios de aquel, temas esencialmente relacionados con la Asamblea, ya que este lo recibiría en su condición de presidente de ese cuerpo deliberativo y agregó que si la cuestión Malvinas surgiera, Tickell no tendría otro mensaje que la reiteración de la negativa de su país a dialogar sobre el problema de la soberanía. Como siempre sucede en estas instancias, la argumentación británica estaba prolijamente construida, acción con la que colaboraba el dato de que era Londres la única de las partes que estaba en situación de regular las condiciones de un contacto como este ( ). El canciller Dante Caputo analizó la cuestión de las islas Malvinas, entre otros temas, en la conversación mantenida con su par británico, pero calificó al diálogo de "exploratorio" y pidió que se tomara "con mucha cautela". En tanto, en Londres, el Partido Laborista británico -de oposición- reaccionó expresando satisfacción por el encuentro entre representantes de alto nivel del Reino Unido y la Argentina y anunció que introducirían el tema en el Parlamento Europeo. El vocero para asuntos exteriores del laborismo, George Foulkes, dijo que "damos la bienvenida y creemos que son un paso en la dirección correcta... es un asunto de importancia e interés publico". El Foreign Office se limitó a informar que la cuestión Malvinas fue secundaria. El embajador Tickell señaló en la reunión que el Reino Unido deseaba normalizar sus relaciones bilaterales con la Argentina, pero insistió en que su gobierno iba a mantener sus compromisos con los habitantes del archipiélago ( ).
En julio de 1988 el fiscal de Cámara Luis Moreno Ocampo preparó, con el auxilio de asesores militares, una larga lista de acusaciones contra los ex comandantes Leopoldo Fortunato Galtieri, Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, que a partir del 26 de ese mes se sentarían en el banquillo de los acusados. Los tres militares habían sido condenados a 14, 12 y 8 años de prisión en un fallo de primera instancia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en mayo de 1986. Esta vez, los miembros de la junta militar que condujo la guerra de las Malvinas, comparecerían en audiencias públicas ante la Cámara Nacional Criminal y Correccional, en un proceso que no encontraba antecedentes históricos: por primera vez, un tribunal civil ordinario juzgaría la conducción de las operaciones de una guerra convencional ( ). Moreno Ocampo sostenía en su exposición que el tribunal militar había impuesto sanciones inferiores a las que debió haber aplicado, debido a que no se habían considerado una serie de imputaciones como el establecimiento de dos comandos operacionales separados, el repliegue de la Flota de Mar a los puertos continentales y no ejercer en forma unificada y precisa la conducción de la guerra. Por su parte, el vicealmirante Juan José Lombardo (Comandante del TOAS) y los generales Mario Benjamín Menéndez (gobernador de las islas) y Omar Parada (comandante de la III Brigada) que fueron absueltos por el Consejo Supremo, no escapaban los graves cargos de Moreno Ocampo. Al primero se lo acusaba de no haber empleado el poder naval en el momento oportuno y al segundo esencialmente por "no conducir las operaciones, cuyo ejercicio efectivo dejó en manos de comandos subordinados a los que tampoco supervisó debidamente" ( ). Finalmente la Cámara de Apelaciones en lo Federal, presidida por el doctor Horacio R. Cattani, condenó a doce años de reclusión, con más la accesoria de destitución al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, al almirante Jorge Anaya y al brigadier Basilio Lami Dozo, a quienes encontró responsables penalmente del delito de impericia o negligencia en la conducción de la guerra de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El tribunal que dictó la sentencia por unanimidad de sus integrantes, encuadró la responsabilidad penal de los ex integrantes de la tercera junta del proceso militar en el agravante derivado de haber causado perjuicios y trastornos en las operaciones de guerra ( ). En cuanto al resto de los imputados, la Cámara Federal confirmó las absoluciones dictadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en favor del vicealmirante Juan José Lombardo y los generales Omar Parada y Mario Benjamín Menéndez El 7 de octubre de 1989, y ya con Carlos Menem en la presidencia de la Nación, los procesados fueron indultados mediante el decreto 1005.
Un enlace por mar entre las islas Malvinas y el continente americano se organizó por primera vez desde la guerra de las Malvinas en enero de 1989. El primer barco que haría el viaje era el Indiana I que realizaría la travesía entre Puerto Argentino y las ciudades de Montevideo y Punta Arenas. El buque con bandera de Bahamas, pero propiedad de japoneses, taiwaneses, coreanos, españoles e ingleses transportaba hasta 12 pasajeros, así como también frutas, verduras, materiales para la construcción y distintos tipos de repuestos. Conocida la noticia, el embajador británico en Montevideo. Aunque reiteró su "solidaridad con la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Malvinas", el gobierno uruguayo anticipó que prestaría el servicio de carga y descarga a la nave en la medida en que su arribo a Montevideo, y que llegaría también a Punta Arenas, constituyera un hecho esporádico que no implicara el establecimiento de una línea regular y que cumpliera funciones comerciales pacíficas ( ). Por su parte el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña desmintió los rumores sobre la inauguración de un servicio regular de transbordo entre Malvinas y Uruguay, considerando a la noticia como infundada y sin la intención de tener un servicio regular entre las islas y el continente. La llegada del buque al puerto de Montevideo primero y a Punta Arenas después, generó un pequeño incidente por parte de dirigentes gremiales de Argentina, Chile y Uruguay, quienes decretaron un boicot general a las tareas de carga y descarga. La CGT argentina había denunciado el carácter "hostil" e "inamistoso" del servicio, al que caracterizó como un instrumento para el mantenimiento de la ocupación británica de las islas, para la fortaleza militar creada en el lugar y para la depredación de la riqueza ictícola argentina ( ). En Chile, el presidente de la Central Democrática de Trabajadores (CDT) Hernol Flores, expresó su rechazo y repudio hacia la presencia en Punta Arenas del carguero, por considerar que podía deteriorar las relaciones con la Argentina. Pero la cancillería sostuvo que se trataba de un servicio comercial privado que no requería autorización para atracar en costas chilenas ( ). En el mes de marzo el gobierno de Uruguay impidió que el Indiana I atracara nuevamente en el puerto de Montevideo, tras lo cual la nave comercial se dirigió hacia aguas brasileñas donde la marina de ese país tampoco le permitió seguir viaje al puerto de Río Grande del Sur. En canciller uruguayo, Luis Barrios Tassano, manifestó que su país había denegado el ingreso del buque a puertos de su país debido a que anteriormente un avión de la Fuerza Aérea británica que había aterrizado en Montevideo alegando problemas técnicos, desobedeció la orden de regresar a la isla Ascensión, dirigiéndose, por el contrario, hacia las Islas Malvinas ( ). INTERCAMBIO DE "NON PAPERS" ENTRE LA ARGENTINA Y EL REINO UNIDO Durante el gobierno de Alfonsín existió un medio de comunicación entre las partes involucradas en el conflicto de las Malvinas mediante un mecanismo de comunicaciones secretas mantenidas a través del Departamento de Estado. El intercambio de estos "non papers" o documentos no oficiales comenzó a fines de 1986 con una iniciativa del entonces secretario de Estado norteamericano George Schultz. Esta propuesta creó el espacio necesario para el inicio de un diálogo secreto que se prolongó hasta finales de la administración radical. La idea era que la Argentina y el Reino Unido dialogaran sobre la pesca en aguas de Malvinas bajo las disposiciones de la Convención de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Esta postura no fue aceptada por nuestro país porque significaba multilateralizar el conflicto. Durante este intercambio de "non papers", Gran Bretaña buscó limitar un posible encuentro a asuntos relacionados con la pesca y evitar incidentes en la zona, mientras la Argentina pretendió conversaciones con agenda abierta. Surgió así la fórmula del paraguas, un modo de negociación que al poner a resguardo la soberanía, permitía tratar otros aspectos vinculados a Malvinas. Estados Unidos jugó un rol fundamental ejerciendo una labor de intermediario no pasivo, ya que también dio sus impresiones sobre la evolución en el diálogo, planteó sugerencias e inclusive llegó a proponer un apoyo sustancial en armamento a la Argentina si el gobierno accedía a declarar el cese de hostilidades, aunque el gobierno norteamericano no impuso condiciones. Las comunicaciones entre ambas partes incluyó siete documentos entre el 23 de diciembre de 1986 y el 19 de septiembre de 1988. La Argentina propuso en ellos la intervención del Secretario General de las Naciones Unidas como mediador por ser el funcionario internacional de más alta jerarquía y la más alta autoridad neutral, la pacificación del área mediante el cese de hostilidades y el levantamiento de la zona de exclusión, la creación de un régimen de coordinación para la administración de la zona de pesca. El Reino Unido, por su parte, rechazó el papel de mediador del Secretario General, aceptó las propuestas para evitar incidentes y asegurar la conservación y administración de la pesca en el área, reiteró su postura de no estar preparada para negociar la soberanía, aceptó la propuesta del "paraguas" introduciendo algunas enmiendas, se negó a levantar la zona de exclusión, consideró necesario el intercambio de información a nivel técnico sobre pesca con intervención de la FAO. Sin embargo lo más importante fue la propuesta argentina de creación del llamado "paraguas de soberanía mediante el cual nada de lo conversado en los encuentros que mantuvieran ambas partes significaría la renuncia a derecho alguno de soberanía y jurisdicción territorial u marítima sobre las islas y sus espacios circundantes, un reconocimiento a la otra parte de la soberanía o que ningún acto o actividad que se llevara a cabo podría constituir un fundamento para afirmar, apoyar o denegar la posición de la Argentina o del Reino Unido acerca de la soberanía sobre los territorios en disputa. En enero de 1989 el cambio de gobierno en Estados Unidos llegó con al novedad de que el nuevo Secretario de Estado James Baker consideraba que su país ya había realizado enormes esfuerzos en la tarea de acercar a argentinos y británicos y que continuaría haciéndolo. De todas formas la cercanía de las elecciones presidenciales en nuestro país había sellado el destino de las conversaciones de la administración radical con el Reino Unido, ya que los británicos habían decidido no tomar ninguna decisión hasta después de los comicios del 14 de mayo de 1989. CONCLUSIONES Escudé señala como un punto negativo la intención de hacerle pagar a Gran Bretaña altos costos por permanecer en el Atlántico Sur, mediante la sistemática negativa del gobierno de Alfonsín de declarar el cese de hostilidades, de no restablecer relaciones diplomáticas, de firmar acuerdos pesqueros con la URSS y Bulgaria en aguas alrededor de las islas y hostilizando a los británicos en los organismos multilaterales en que ambos participaban. La idea de aumentar los costos del Reino Unido en las islas, condujo a la reacción británica de decretar una zona de protección ictícola en la que se venderían licencias de pesca en beneficio del gobierno malvinense. Esta renta elevó el ingreso per cápita de las islas en los niveles de un emirato petrolero, generando ilusiones allí de una eventual independencia (Escudé;1992;90-91). Sostiene que la política de Alfonsín sobre Malvinas se formuló sin pensar detenidamente en sus costos para la Argentina, pero con una aguda conciencia de los que soportaría Gran Bretaña, como si los costos argentinos casi no importaran, y como si objetivamente el Reino Unido no estuviera en situación de aguantar costos mucho mayores que la Argentina. Esta política se puso en práctica sin considerar que la CEE era un socio comercial crucial de la Argentina y donde Gran Bretaña podía fácilmente introducir obstáculos para muchas iniciativas argentinas frente a la organización. Más aun, el perfil relativamente agresivo adquirido por la política exterior argentina debido a la negativa de Alfonsín de reconocer el cese de hostilidades fue agravado por otras políticas de gobierno, como no aceptar las salvaguardias nucleares e interrumpir el proyecto de misil Cóndor II (Escudé;1995;197-198). En el balance de este periodo puede considerarse como un aspecto positivo el haber reinstalado gradualmente en el debate internacional la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, lo que constituyó un logro significativo luego del conflicto bélico. Desde el final de la guerra, pero en especial desde la restauración de la democracia, la Argentina y el Reino Unido se mostraron incapaces de concretar todo acercamiento sustancial de posiciones. Londres acompañó su reiterada negativa con decisiones que afectaron en forma estructural la situación de las islas: entre 1982 y 1986, la administración conservadora dio a los isleños el pasaporte británico que antes de 1982 habían reclamado sin éxito, instaló una base militar cuyo número combinado de efectivos superaba al de la población civil, encaró -a comienzos de 1985- la modificación de la Constitución de las islas y, finalmente, abrió la puerta a la opulencia a través de la concesión de autonomía administrativa supervisada para negociar licencias de pesca con países y armadores privados. La administración Alfonsín fue coherente con la estrategia tradicional argentina y mantuvo la presión anual mediante las resoluciones de la Asamblea General de la ONU a favor de la reanudación de las negociaciones, interrumpidas en 1982. Se puede decir que este ámbito fue prácticamente el único donde realmente pudo ejercer presión para revitalizar su reclamo. Si bien el apoyo a la Argentina decayó levemente hacia 1988, la gestión efectuada por la diplomacia argentina en las Naciones Unidas en esos años merece un profundo reconocimiento. No es excesivo decir que en condiciones sumamente desventajosas se logró restablecer credibilidad al reclamo argentino, brindando un marco jurídico y político para el futuro, cuando estuvieran dadas las condiciones de retomar las negociaciones (Petrella; 1995, vol. V:XXXIV). Con respecto a la reunión de Berna, hay que reconocerle una arista positiva. No sólo se restableció un diálogo binacional -aunque interrumpido- serio que evidenció claramente la voluntad británica, a sólo dos años del hecho bélico, de volver a establecer sus relaciones con la Argentina sino que, al hacerlo, sus autoridades no podían ignorar que el precio de esos vínculos era acercarse a aceptar en algún momento la discusión de fondo. Desde el punto de vista de la opinión pública internacional, Berna significó una suerte de reconciliación de hecho importante para los dos países. Pero -sin duda- para Argentina resultaba más necesario este diálogo que para el Reino Unido, cuya condición de victorioso en el conflicto lo eximía de mayores urgencias. La rigidez de la posición argentina se advierte en la postura tomada y en la respuesta brindada al gesto unilateral británico de levantar el embargo al comercio entre ambos países. No obstante, es necesario tener en cuenta las circunstancias del momento en el país y a la luz de ello preguntarse si hubiese sido viable mantener una política distinta. La firma de los acuerdos pesqueros con la URSS y Bulgaria originaron una drástica reacción por parte de Gran Bretaña como fue la creación de la FICZ. Así Londres vio la oportunidad de extender sus dominios al mar adyacente reclamando una ZEE que le correspondía de acuerdo a las leyes internacionales y con la cual ampliaba el ejercicio de su soberanía en la zona. Otro aspecto de suma importancia fue el camino iniciado con los "non papers", cuyos resultados positivos se verían recién durante la administración justicialista de Carlos Menem. Fue aquí, durante el ejercicio negociador analizado, que surgió la idea del "paraguas", llave fundamental para que se concretaran las conversaciones formales posteriores. En estas negociaciones puede señalarse como un error por parte del gobierno argentino la obstinación de pretender concesiones británicas a cambio del cese de hostilidades de jure. Esto le daba a los británicos razones para justificar su posición negativa. Gran Bretaña negoció siempre desde una posición de fuerza que le había facilitado no sólo su victoria en la guerra sino su carácter de potencia. En síntesis, los esfuerzos de la Argentina por lograr un diálogo directo sobre el tema de fondo fueron infructuosos. Los acercamientos entre legisladores de ambos países, el intercambio de documentos no oficiales, la declaración argentina de dejar de lado definitivamente el uso de la fuerza con respecto a las islas y el enjuiciamiento a la Junta Militar responsable de guerra se contrapusieron a la negativa argentina de declarar el cese de hostilidades, a la de Gran Bretaña de levantar la zona de exclusión y a la creación de la FICZ, a las maniobras militares Fire Focus, al frustrado encuentro de Berna (pero encuentro al fin), a los acuerdos pesqueros con la URSS y Bulgaria.. La inflexibilidad no brindó resultados positivos a ninguna de
las partes. Para Argentina una cuidadosa combinación de firmeza
en la exteriorización jurídica de sus derechos -que se
hizo- y una disposición a explorar vías de cooperación
con el Reino Unido -que no se pudo hacer- hubieran podido crear el clima
para orientar las circunstancias en el sentido deseado. Naturalmente
que para esto hay también que asumir el punto de vista de la
otra parte, ya que hoy no parece realista que futuras alternativas de
solución puedan basarse en fórmulas anteriores al hecho
bélico y a sus circunstancias (Petrella;1995, vol. V:XXXIII-XXXIV). ALCONADA SEMPE Raúl: "Democracia y política exterior. 1983-1989". En JALABE Silvia Ruth (compiladora): La política exterior argentina y sus protagonistas. 1880-1995. CARI-Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires. 1996. pp 345-355. CARDOSO, Oscar Raúl; KIRSCHBAUM, Ricardo; VAN DER KOOY, Eduardo: Malvinas: la trama secreta. Planeta. Buenos Aires. 1992. 526 p. CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES: Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Diplomacia del Grupo Latinoamericano en Naciones Unidas. 1983-1985. Tomo V. CARI. Buenos Aires. 1995. 602 p. ESCUDE Carlos: Realismo periférico. Fundamentos para la nueva política exterior argentina. Planeta. Buenos Aires. 1992. 292 p. --------------------- El realismo de los estados débiles. La política exterior del primer gobierno de Menem frente a la teoría de las relaciones internacionales. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires. 1995. 238 p. GARCIA DEL SOLAR Lucio: "El paraguas de soberanía". En ARCHIVOS DEL PRESENTE: Argentina y Gran Bretaña. A 15 años de la guerra. Año 2, Nro. 7. Fundación Foro del Sur. Buenos Aires. Enero/marzo 1997. pp 25-31. --------------------------------------- "La cuestión de las Islas Malvinas: política exterior argentina". En: II Curso de Posgrado de derecho Internacional (Homenaje al Dr. Enrique Ferrer Vieyra). Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba-Asociación Argentina de Derecho Internacional. Córdoba. 4 al 8 de agosto de 1997. 21 p. OLIVA María: "El intercambio de ´non papers´ entre Argentina y el Reino Unido durante el gobierno de Alfonsín: un aporte a la historiografía de Malvinas". En REVISTA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. Año 2, Nro. 3. Buenos Aires. Julio de 1993. pp 17-35. ARTICULOS PERIODISTICOS BOLOGNA Bruno: "¿Qué votamos en Naciones Unidas?". En El Fueguino. Año VI, Nro. 223. Ushuaia. 15/05/87. p 4. CARDOSO Oscar Raúl: "Un dato y dos lecturas". En Clarín.
Buenos Aires. 14/11/88. p 13. TORTORA Carlos: "Por primera vez un tribunal civil juzgará una guerra". En Ambito Financiero. Buenos Aires. 20/07/88. p 11. GARCIA ELORRIO Antonio: "Unifican en doce años de reclusión
la condena a los responsables de Malvinas". En Ambito Financiero.
Buenos Aires. 01/11/88. p 12. |
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