Primera entrega de varios capítulos escritos por Oscar Mastropierro. Las acciones diplomáticas argentinas, y las acciones unilaterales británicas...

El trabajo que se presentará a continuación y en varias etapas, es exclusiva creación de Oscar Mastropierro, ante cualquier inquietud u opinión sobre el informe, deberán de dirigirse a él.

INTRODUCCION

Tomando como punto de partida la guerra que se libró entre Argentina y Gran Bretaña por la posesión de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en 1982, se realizará un análisis global de las políticas seguidas por parte de la Argentina entre fines de 1983 y mediados de 1989 buscando una solución al conflicto por parte del primer gobierno democrático argentino luego de la dictadura. Si bien incluye a los tres archipiélagos mencionados‚ se lo conoce como el conflicto o cuestión de las Malvinas. Por razones de brevedad se lo denominará de ese modo en las líneas siguientes. Para mencionar a las islas se utiliza la denominación Malvinas, cuando los interlocutores son argentinos, y Falklands, cuando son británicos. Es necesario recordar que oficialmente las Naciones Unidas utiliza el nombre de Malvinas/Falkland para referirse a la controversia.

El principal propósito de este trabajo es permitir un mayor conocimiento sobre las estrategias diplomáticas argentinas aplicadas a sus objetivos de política exterior en relación con sus intenciones de recuperar los archipiélagos del Atlántico Sur.

En segundo lugar se establecen en forma cronológica las políticas y acciones seguidas por el gobierno argentino entre 1983 y 1989, tendientes a recuperar las islas del Atlántico Sur por la vía de la negociación.

LA SITUACION DE LAS ISLAS MALVINAS DURANTE EL GOBIERNO DE ALFONSIN

No fue fácil para la administración de Alfonsín llevar adelante el tema Malvinas. Influía de manera considerable el escaso tiempo pasado desde la guerra, siendo muy importante el recuerdo fresco en la memoria de los argentinos por el sentimiento que despertó la derrota militar.

En un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el 3 de enero de 1984, en ocasión de cumplirse 150 años de la "ocupación por la fuerza de las Islas Malvinas" por parte del Reino Unido, y reafirmado en el mensaje del 1 de mayo del mismo año ante la Asamblea Legislativa por el mismo presidente Alfonsín, declaró que uno de sus primeros actos de gobierno había sido reiterar ante el Secretario General de las Naciones Unidas su respeto por la vía pacífica de la solución de las controversias internacionales y su disposición a entablar las negociaciones de buena fe que la Asamblea General había recomendado en su resolución 38/12. En la declaración se reafirmó también la importancia que el gobierno argentino otorgaba a los intereses de los habitantes de las islas. Estos intereses se verían debidamente garantizados "bajo el imperio de la Constitución nacional y de principios democráticos, derechos y garantías que rigen en la República Argentina, aparte del estatuto especial de garantías y salvaguardias que en su oportunidad se pueda acordar" ( ).

Evidentemente, desde un primer momento se llevó adelante una política ubicada en el campo diplomático, dejando de lado el militar. Se continuó con la presentación del tema ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se siguieron obteniendo mayoritariamente votos favorables a la posición de la Argentina, aunque en los últimos años de gobierno el apoyo había decaído levemente. Ante la negativa británica de discutir el tema de la soberanía, el gobierno argentino se rehusó a declarar el cese de hostilidades, desconociendo también la soberanía británica sobre el mar adyacente a las islas. La Argentina firmó con la Unión Soviética y Bulgaria, acuerdos pesqueros por los cuales se les autorizaba a pescar en aguas adyacentes a las islas, lo que motivó una fuerte reacción por parte de Gran Bretaña. Finalmente, poco tiempo antes de entregar el gobierno a Carlos Menem, la cancillería había comenzado a negociar lo que posteriormente se dio en llamar el "paraguas de soberanía", el cual fue puesto en vigencia por el nuevo gobierno democrático.

Carlos Escudé (1992:181) se ha mostrado muy crítico hacia la política llevada adelante por el gobierno radical en relación a las Malvinas. Recuerda que durante el gobierno de Alfonsín, la Argentina rehusó reconocer oficialmente que la guerra había concluido; es decir, rehusó declarar el cese de hostilidades, a pesar de las demandas británicas en tal sentido. Para Escudé esta declaración habría dificultado el trámite político de militarización de las islas por parte de Gran Bretaña. También fue perjudicial lo que cree una política de patrullaje agresivo en el Atlántico Sur, llegándose al hundimiento de un pesquero taiwanés con pérdida de vidas humanas en aguas malvinenses. Se incurrió en alardes belicistas, tanto en ocasión de la declaración británica de una zona en la que ellos adjudicarían licencias de pesca, como cuando se realizaron las maniobras "Fire Focus". En el análisis de Escudé estas maniobras constituían un ejercicio lógico de autodefensa en un territorio que había sido invadido en 1982. También considera como muy grave la firma de los acuerdos de pesca con la Unión Soviética y con Bulgaria, por los cuales la Argentina intentó llevar a los soviéticos a pescar, con nuestro permiso, en las aguas dominadas por los británicos.

LAS GESTIONES ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

La Asamblea General de los años 1982 y 1983

Finalizada la guerra, las dos primeras Asambleas de las Naciones Unidas se desarrollaron durante el gobierno militar aun gobernando la Argentina. En ambos casos, la Argentina obtuvo marcados éxitos, mucho más teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la guerra, ya que se lograron sendas resoluciones que le eran totalmente favorables en respaldo de su posición.

Fue importante el texto de la de 1982 (37/9), que en sus consideraciones reafirmaba que:

- el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal en Naciones Unidas, ratificando así que este caso es una situación colonial;
- recordaba todas las anteriores resoluciones relativas a Malvinas;
- tenía en cuenta la existencia de una cesación de hecho de las hostilidades en el Atlántico Sur y la intención manifestada por las partes de no reanudarlas, con lo que se quitó fundamento al argumento británico de exigir la declaración de cese de hostilidades a la Argentina como condición previa para negociar;
- reafirmaba la necesidad de tomar en cuenta "los intereses de la población de las islas Malvinas (Falkland)" dejando de lado así la pretensión británica de atender a los deseos de esa población o su presunto derecho a la autodeterminación;
- recordaba el principio del no uso de la fuerza o la amenaza de su uso, por lo que condenaba la Zona de Exclusión;
- en la parte resolutiva pedía a los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña "que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a las islas Malvinas (Falkland)".
- dispuso que el tema se tratara en la reunión del año siguiente, logrando institucionalizar el tema en ese alto organismo.

Esta Resolución 37/9 fue aprobada en votación por 90 votos contra 12 ( ) y 52 abstenciones, el 4 de noviembre.

Con respecto a la Resolución 38/12, del 16 de noviembre de 1983, la misma fue aprobada por 87 votos contra 9 ( ) y 54 abstenciones; lamentaba "la falta de progreso en el cumplimiento de su resolución 37/9" del año anterior.

Desde el regreso de la Argentina a un sistema de gobierno civil, lo que coincidió aproximadamente con la aprobación de la Resolución 38/12 de la Asamblea General, el Reino Unido expresó reiteradamente su deseo de mejorar las relaciones bilaterales con la Argentina, pero excluyendo toda ronda de negociación relativa de la soberanía sobre las Islas Malvinas (Falkland).

Con motivo de la investidura del presidente Alfonsín, y a pesar de la inexistencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, la Sra. Thatcher envió un mensaje al nuevo presidente argentino en el que expresaba su satisfacción por la restauración de la democracia en la Argentina "en el convencimiento de que ésta traerá libertad y justicia a todo el pueblo", y añadía que "el día de hoy trae nuevas esperanzas para su país" ( ).

Por su parte el nuevo gobierno argentino, asumido el 10 de diciembre de 1983, se declaró dispuesto a iniciar conversaciones con el Reino Unido destinadas no sólo a mejorar sus relaciones bilaterales sino también a buscar una solución pacífica a la controversia de soberanía sobre las islas en el marco de las resoluciones 37/9 y 38/12 de la Asamblea General.

La Asamblea General entre 1984 y 1988

Asumido el gobierno democrático en diciembre de 1983, hizo su debut en las Naciones Unidas, en la Asamblea General del año siguiente. En esa ocasión, la resolución fue prácticamente igual al año anterior.

La votación del año 1984 (Resolución 39/6) no representó grandes modificaciones con respecto al año anterior, salvo dos votos más a favor, 92, 9 en contra ( ) y 54 abstenciones. El presidente Alfonsín asistió a la Asamblea para reforzar la posición argentina en ese organismo el 24 de septiembre. Sin embargo hubo un cambio de sustancia en la resolución. Ya no se expresaba en la misma que el "mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas". Esta supresión pareció de lo más inadecuado pues se alejaba de la cuestión Malvinas el encuadre jurídico de permanencia de una situación colonial. Se tornaba difícil establecer que disputa existía entre los dos países sobre soberanía sin otro encuadre jurídico. La eliminación del párrafo tenía como objetivo lograr mayor adhesión de votos de países que habían tenido tradición colonial. Sin embargo ese objetivo no se logró ( ).

En 1985 se fijaron nuevas estrategias para la cuestión Malvinas en Naciones Unidas. En primer lugar el proyecto de resolución (40/21) ya no era copatrocinado por países de América Latina solamente, sino por la Argentina, Brasil, Ghana, India, México, Uruguay y Yugoslavia; en segundo lugar se utilizó la fórmula de eliminar la frase "disputa de soberanía" reemplazándola por "solucionar los problemas pendientes, incluyendo todos los aspectos sobre el futuro de las islas Malvinas", según lo conversado con el británico George Foulkes en 1984. Esta fue empleada en el proyecto de resolución que se aseguró en la Asamblea un récord de votos en favor de la Argentina, entre ellos los de Francia, Italia y Grecia. La cooperación europea había sido más intensa y en su primera redacción el texto recogió el trabajo del canciller español Fernando Morán, quien le dijo a Caputo que su deseo era concebir un modelo de resolución que "hasta los ingleses puedan votar".

Estas modificaciones trajeron como consecuencia un mayor número de votos a favor, 107 contra 4 ( ) y 41 abstenciones;

El éxito más importante del gobierno radical fue la votación de la Asamblea General de 1986, obteniendo un resultado de 116 votos a favor, 4 en contra ( ) y 34 abstenciones. La declaración unilateral británica de crear la FICZ sobre un área de 150 millas, fue muy cuestionada por sus socios de la CEE y por el resto del mundo, porque significaba un aumento de la tensión en la región. Francia, Italia, Grecia y la República Federal Alemana confirmaron que votarían a favor de la resolución de negociaciones que incluyeran el tema de la soberanía.

Entre los nuevos votos favorables a la Argentina se encontraban los de Países Bajos, Noruega, Egipto, Marruecos y Filipinas. La decisión holandesa fue considerada oficialmente como muy importante ya que pertenecía a la CEE, aumentando el aislamiento británico, y Noruega, como país nórdico, tenía un gran peso en sus posiciones pacifistas e independientes. Por su parte Egipto y Marruecos tenían un peso innegable en el mundo árabe. Por su parte Estados Unidos volvió a votar en favor de la Argentina como lo hacía desde 1983.

Entre las pérdidas argentinas vale la pena resaltar a Turquía, que el año anterior había votado a favor. En 1986 sufrió las presiones británicas, dado su interés de entrar en la CEE.

En la Asamblea General de noviembre de 1987, la comunidad internacional renovó su llamado a la búsqueda de una solución negociada a la crisis, dirigiéndose claramente a Gran Bretaña, que se había rehusado a escuchar las exhortaciones previas. La resolución fue aprobada por 114 votos a favor, 5 en contra ( ) y 36 abstenciones, lo que representaba dos votos menos a favor que en 1986. La resolución, auspiciada por Argentina, Brasil, Ghana, India, México, Uruguay y Yugoslavia, reiteraba la resolución pacífica de todas las diferencias y de todos los aspectos sobre el futuro de las islas.

La acción argentina ante la ONU prosiguió el 11 de agosto de 1988, cuando el Comité de Descolonización aprobó un proyecto de Cuba, Chile y Venezuela pidiendo negociaciones para resolver la controversia de soberanía, con 20 votos a favor y cuatro abstenciones ( ). Solicitaba una vez a las partes a reanudar negociaciones para encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica, justa y duradera.

Al mes siguiente, el triunfo de Dante Caputo en la elección de presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, provocó reacciones en los dos países. En Londres se señalaba la furiosa actividad de conciliábulo dirigida a evitar el triunfo del canciller argentino, triunfo que era considerado como un importante logro de Buenos Aires en sus esfuerzos para ampliar su influencia, realizada el día 20, estuvo a la altura de las expectativas más optimistas.

Además de las naciones latinoamericanas, apoyaron a la Argentina, los países árabes, el bloque soviético, Europa (con la excepción de Gran Bretaña y dos países escandinavos), India, Pakistán, China, Japón y un número considerable de naciones africanas (Nigeria, Zimbabwe, Angola y Mozambique, entre otras). Estados Unidos no había comprometido su voto con ninguna de las dos partes, pero, pese a los esfuerzos británicos, apoyó a Caputo.

Reunida la 43 Asamblea General de las Naciones Unidas, con la presidencia de Dante Caputo, la secretaria de Relaciones Exteriores, Susana Ruiz Cerutti, reiteró la disposición de negociar el problema de las islas Malvinas, la cual era "antigua cuestión colonial, vigente desde las primeras fases del desarrollo de la vida independiente de la Argentina, cuya posibilidad de solución se hace tangible con el movimiento de descolonización alentado por las Naciones Unidas" ( ). Reiteró la disposición de nuestro país para el inicio de un diálogo sin precondiciones, amplio, sincero, que asimismo contemplara y respetara los intereses de los habitantes de las islas, asegurándoles su bienestar y prosperidad.

Con respecto a la votación en la Asamblea General de 1988 se hacía referencia a la pérdida de vigencia en Naciones Unidas del caso islas Malvinas. Después de los intentos del gobierno militar (1982/1983) que llegaron a los 90 votos en 1982 y a los 87 en 1983, en 1984 Caputo propició dos resoluciones reuniendo en los años 1984 y 1985 un aumento respecto a las cifras obtenidas por el régimen de facto. En 1986 Argentina obtuvo la mayor cantidad de votos a favor en la Asamblea General, producto de la decisión unilateral británica de extender la zona de conservación pesquera, y porque Argentina eliminó la mención del término "soberanía", llegando a la suma de 116 votos a favor en 1986. De allí en adelante, la Argentina disminuyó en el apoyo recibido a 114 votos en 1987, perdiendo los votos favorables de Brunei, Papua Nueva-Guinea y Mauricio recibiendo el apoyo de Santo Tomé y Príncipe. Por su parte el Reino Unido ganó un voto por medio de Gambia.

En 1988, recibió la Argentina 109 favorables, mientras iban en aumento las abstenciones de importantes naciones como la República Federal Alemana, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Israel, Portugal, Turquía y otros estados amigos, de 34 en el 1986 a 36 en 1987 y 37 en 1988. También se registró una equiparación en los votos en contra (5 en 1988) y algunas ausencias (Sudáfrica no votaba por entonces).

Esta tendencia señalaba que el "asunto Malvinas", tal como era planteado, estaba perdiendo vigor en la Asamblea General. A entender de Rizzo Romano, en ese último año, otro hecho había aumentado el desgaste del tema: la propia presidencia de la Asamblea General de Caputo. En efecto, un presidente de la Asamblea General pierde capacidad de defender tesis propias, en virtud del carácter de equilibrio que le impone el cargo: está obligado a permanecer imparcial frente a los acontecimientos.

De todas formas, y aun aceptando en parte las críticas realizadas, la Asamblea General seguía siendo el ámbito más propicio y más importante para realizar los reclamos sobre negociación de soberanía, ya que colocaba al Reino Unido, cada año, en la incómoda posición de tener que defender su postura y perder a la hora de las votaciones.

(Continuaremos con la siguiente parte en la edición de mañana)

Oscar Mastropierro.

Profesor de Geografía. Magíster en Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro. Tandil.

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