Argentina se quejó porque Roma no las incluyó en una diócesis que propone crear. Mientras el gobierno se fija en pequeñeces, Gran Bretaña sigue con el saqueo de todos los recursos de la Nación...

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Como si la relación entre el Gobierno argentino y la Iglesia no estuviera lo suficientemente complicada, trascendió que otra controversia se sumó en las últimas semanas a la ya larga lista de desencuentros. Si bien el nuevo incidente trató mantenerse en la mayor reserva, Clarín pudo saber que la Casa Rosada se quejó ante el Vaticano porque este decidió crear la diócesis de Tierra del Fuego, pero sin incluir en la nueva jurisdicción eclesiástica a las Islas Malvinas.

Fuentes seguras dijeron a este diario que el malestar de las autoridades del Gobierno nacional fue tal que no sólo congeló la respuesta a la comunicación formal de la determinación de Roma (lo que, en los hechos, implica bloquear la instauración de la nueva diócesis), sino que, además, tampoco respondió a la comunicación de la creación de una prelatura (una jurisdicción con rango menor a una diócesis), que tendrá como cabecera la localidad de Esquel.

El Gobierno sostiene que la provincia de Tierra del Fuego -creada por una ley del Congreso de la Nación en 1990- incluye las "islas del Atlántico sur", entre las que se cuentan las Malvinas. Y que su exclusión de la nueva diócesis católica supone una falta de reconocimiento del Estado vaticano a la soberanía nacional sobre ellas. Por consiguiente, el Poder Ejecutivo -según el razonamiento oficial- no puede convalidar ese criterio.

Desde el lado de la curia romana, la reacción fue de asombro. Allí aseguran que las Islas Malvinas tienen eclesiásticamente una condición especial por tratarse de una "tierra de misión", donde los católicos son minoría (unos 300 de un total de más de 3.000, en su mayoría anglicanos). Por eso, dependen -de acuerdo con su razonamiento- de la congregación para la Evangelización de los Pueblos del Vaticano (conocida como Propaganda FIDE).

En base a ese criterio, desde 1952 constituyen para la tarea pastoral de la Iglesia una prefectura apostólica que -según consigna la agencia informativa católica AICA en la guía eclesiástica de 1995- "depende directamente de la Santa Sede y, por tanto, no forma parte ni de la organización eclesiástica argentina, ni tampoco de la de Gran Bretaña". Para algunos observadores, se trata de un status que permite quedar al margen de la disputa de soberanía.

Pero para el Gobierno argentino constituye una afrenta y un nuevo motivo de disidencia. Acaso para permitirle al Vaticano lo que cree una "salida elegante", a la Cancillería se le ocurrió una curiosa idea: como la actual diócesis de Río Gallegos incluye hoy a Tierra del Fuego, le solicitó a la Santa Sede que clarifique si las Islas Malvinas estarán comprendidas dentro de la actual diócesis patagónica o en la nueva. Pero Roma no parece que vaya a decir lo que Buenos Aires quiere escuchar. Y por eso el conflicto seguiría abierto.

Más allá de la opinión que se pueda tener sobre la posición de la Argentina y la del Vaticano, el nuevo escollo se suma a otros que, igualmente, permanecen desde hace tiempo sin solución: la falta del acuerdo presidencial a la designación del obispo castrense que sucederá a Antonio Baseotto, ya retirado. Y la ausencia de un nuevo postulante para la embajada ante la Santa Sede, luego de que Roma no le otorgara el plácet al ex ministro Alberto Iribarne por su condición de católico divorciado en nueva unión. ¿Cartón lleno?

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