Si bien ni en el texto aprobado ni en los fundamentos de la iniciativa original se hace mención a la cuestión Malvinas, no caben dudas que hacia allí se centraron los esfuerzos de los legisladores para intentar, al menos, disminuir los incontrolables actos de depredación del caladero argentino que alientan las autoridades coloniales británicas asentadas en nuestro archipiélago austral.

Las modificaciones

El nuevo texto legal apunta concretamente en dos direcciones al modificar el Régimen Federal de Pesca.

Por una parte agrega un nuevo artículo, el 27 bis, por el cual se exige que para que el CFP otorgue cuotas o asignaciones de captura a una empresa ésta deberá manifestar bajo declaración jurada que no mantiene relación jurídica ni económica con otras “que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido” por la autoridad de aplicación.

Incorpora, además, un último párrafo al artículo 28 de la 24.922 que prevé que “En el caso de comprobarse que un titular de un permiso de pesca que cuente con cuota/s de captura asignada y/o autorización de captura en los términos de la presente ley viole algunas de las prohibiciones previstas en los incisos a), b), y c) del artículo 27 bis, el permiso y la/s cuota/s y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente”.

Por otro lado, aumentan sustancialmente los montos de las infracciones previstas en la 24.922 elevando hasta los 5 y 10 millones de pesos el mínimo y máximo de las multas por pescar sin permiso en aguas bajo jurisdicción argentina.

En ese mismo sentido, ante una multa por pescar sin permiso se reducen los porcentajes de disminución de montos al allanarse a la imputación. En el caso de hacerlo durante los 10 primeros días hábiles, los infractores antes abonaban sólo el 50% de la multa y ahora deberán pagar el 75%. Si lo hacen después de los 10 días, antes pagaban el 75% y ahora deberán enfrentar el 90% de la multa aplicable.

La opción

Desde el inicio del debate de esta modificación a la Ley Federal de Pesca se habló de que muchas empresas internacionales con pesqueras controladas en Argentina y buques operando en las Malvinas, generalmente a través de joint ventures, deberían optar por hacerlo sólo en alguna de las dos zonas.

Y esto es así porque el primer agregado a la Ley de Pesca busca evitar que grupos pesqueros internacionales que operan simultáneamente, a través de empresas controladas o vinculadas, en el caladero argentino y en la zona de Malvinas puedan seguir haciéndolo.

Los legisladores buscan restringir este accionar al obligar a las empresas argentinas a suscribir una declaración jurada en la que aseguran que no tienen vinculación alguna con otras que operen en aguas bajo jurisdicción de nuestro país sin el permiso correspondiente.

Como las aguas que rodean a las Islas Malvinas están, para nuestra legislación, bajo jurisdicción argentina, aquellas empresas vinculadas con las que operan en esa zona verían caer sus permisos, cuotas y asignaciones de captura en forma automática.

Y es por ello que, en el plazo de 360 días que fija esta ley, las empresas pesqueras que operan tanto en Malvinas como en el continente deberán evaluar si se desprenden de sus activos en la Argentina o renuncian a pescar en aguas del archipiélago con permisos otorgados por las autoridades impuestas por la corona británica.

Los motivos

El endurecimiento de la posición argentina obedece, por un lado, a retomar una posición más firme con relación a la usurpación del archipiélago por parte de Gran Bretaña que se ha mantenido a lo largo de los gobiernos democráticos con la sola interrupción de la política de peluche estimulada por Carlos Menem y ejecutada por Guido Di Tella.

Pero también se enmarca en el Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (PAI-INDNR) adoptado por la FAO en el año 2001, en virtud de las prácticas depredatorias que alientan las autoridades pesqueras impuestas en las Islas que otorgaron permisos de hasta 25 años sin atender el cuidado de recursos que la Argentina reclama como propios.

Esta política impulsada por el Congreso de la Nación Argentina, siguiendo el mandato constitucional de mantener la recuperación de las Malvinas como un objetivo permanente e irrenunciable, pretende evitar el saqueo de los recursos naturales argentinos del archipiélago por parte de la potencia colonial como se ha repetido en las diferentes colonias que la corona británica mantuvo y mantiene el otros lugares del globo.

Pesca ilegal

Así como la República Argentina no reconoce a las autoridades británicas que hoy administran las Islas Malvinas tampoco reconoce como legal la pesca que se lleva a cabo en las aguas circundantes.

En consonancia con el Plan de Acción Internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Argentina elaboró y aprobó un Plan de Acción Nacional contra la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, a través del cual se compromete a desalentar y eliminar estas prácticas.

Evitar la pesca consentida por una autoridad ilegítima en aguas jurisdiccionales argentinas y sobre la cual no se puede ejercer control alguno es una fuerte apuesta de nuestro país para cumplir con los compromisos asumidos frente al PAI-INDNR adoptado con la FAO.

CRONOLOGÍA DEL TRATAMIENTO EN EL CONGRESO
Los pasos de la ley

06/04/2006 – El senador Mario Daniele presenta el proyecto original que sanciona la pesca en la zona de Malvinas para empresas vinculadas a las que operan en nuestro caladero.
11/07/2006 – La senadora Silvia Giusti junto a Mario Daniele presentan la segunda iniciativa modificando la ley 24.922 en el mismo sentido y con mayor precisión.
19/07/2006 – El proyecto ingresa a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Justicia y Asuntos Penales.
06/09/2006 – Las comisiones del Senado emiten dictamen favorable al proyecto de Giusti y Daniele con modificaciones.
27/09/2006 – El Senado aprueba con modificaciones el dictamen del proyecto Giusti-Daniele y pasa a consideración de la Cámara de Diputados.
02/10/2006 – La media sanción del Senado ingresa a la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados.
07/02/2007 – La Comisión de Intereses Marítimos emite dictamen favorable a la iniciativa con modificaciones y 2 disidencias parciales.
11/04/2007 – La Cámara de Diputados considera y aprueba con modificaciones el proyecto con media sanción del Senado y vuelve a la cámara de origen.
16/04/2007 – El proyecto ingresa nuevamente al Senado y se deriva a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Justicia y Asuntos Penales.
15/04/2008 – Justo un año más tarde las comisiones emiten dictamen favorable aceptando las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.
28/05/2008 – El Senado de la Nación da sanción definitiva a la modificación a la Ley Federal de Pesca que prevé sanciones a las empresas que, vinculadas a otras nacionales, pesquen sin permiso argentino en la zona de Malvinas.

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