"Una verdad por todos ignorada no se vuelve falsa ni una mentira consensuada por multitudes se transforma en verdad." Mahatma Gandhi.

Por Pablo Crocchi.

Se enseña en universidades la falacia histórica que establece como origen de las Constituciones a la Carta Magna firmada por Juan Sin Tierras, un célebre déspota inglés usurpador de la corona que resulta así una especie de “padre de las democracias”. Resulta risible que justamente el único Estado europeo que actualmente no tiene –ni tuvo jamás- Constitución escrita se arrogue este mérito. También enseñan a los niños isleños de Malvinas que el archipiélago que habitan no se trata de un afloramiento de la Plataforma Continental Sudamericana, sino de un desprendimiento de la placa tectónica africana. Notable, puesto que con solo mirar un simple gráfico geológico se desmorona ese académico real disparate. Se dice que si rompemos una mentira en pedazos, en cada trozo hallaremos una pequeña verdad, pues todas las tierras emergidas estuvieron unidas en los tiempos remotos de Laureana y Gondwana.

La Constitución malvinense

Ese documento pomposamente llamado "Orden de Constitución de las islas Falklands 2008" que entrará en vigor el 1° de enero de 2009, es otra falacia jurídica de la corona británica. Se trata en realidad de otra Carta Patente o Decreto Real donde arbitrariamente reconoce -y desconoce por omisión- derechos a sus "súbditos". El Reino Unido de Gran Bretaña -sujeto a la corona inglesa-, es el único Estado europeo que no tuvo ni tiene Constitución escrita: su sistema jurídico se basa en colecciones a través del tiempo de Cartas Patentes (decretos Reales como las Cédulas Reales que padecimos en la era virreinal), donde la corona manifiesta sus reales caprichos, a veces bajo presión de los súbditos y otras a su antojo, según relación de fuerzas. Los británicos deberían preocuparse por obtener una auténtica Constitución que garantice sus derechos a futuro, pues si esta Reina ha sido moderada en el frente interno –tal vez por instinto de supervivencia-, a futuro otros monarcas podrían no serlo.

Este documento (que declara reconocer ciertos derechos a los isleños sin reconocer otros solicitados) no es una Constitución sino otra maniobra para fastidiar y provocar a los argentinos, pues consolida la situación colonial reconociendo como británicos a ciertos pobladores –no a todos- que hasta hoy eran considerados “ciudadanos commonwealth”: una especie de “siervos de la gleba” sin derecho a propiedad de tierras y otras bajezas propias del despotismo explotador anacrónico. Existen monarquías constitucionales, como España o Suecia, que cuentan con su ley fundamental escrita, emanada de una Convención o Asamblea o Parlamento convocado a ese efecto con amplio consenso popular. Esa Ley escrita y aceptada concede a esas coronas roles y atribuciones del poder político, estableciendo límites y delegando funciones, pues los pueblos son la fuente de legitimación del poder en los sistemas democráticos, poder que delegan pero que no abdican. Esta concepción es la que impulsa la Carta de las Naciones Unidas y está vinculada con el principio de Autodeterminación de los pueblos y la idea de Soberanía. Pueblos que no existen como tales en estos territorios vacíos y vaciados por los británicos, como las islas Georgias (San Pedro) y Sándwich (Santiago), solo patrullados militarmente, o las mismas Malvinas en que su pequeño conglomerado humano situado en el municipio de Puerto Argentino resulta ampliamente superado por la guarnición militar que las custodia de nosotros, los “temibles” argentinos. Es destacable que durante la actividad de la Compañía Argentina de Pesca (CAP) con su centro operativo en Gritvyken, en las Georgias [San Pedro] se alcanzó una población permanente que superó los 1800 habitantes, cantidad similar a la actual nativa de Malvinas.

La tradición absolutista aún vigente de las dinastías inglesas -que se apoderaron de la corona en Gran Bretaña sometiendo a Gales, Escocia e Irlanda-, sigue siendo más propia de un emperador persa del siglo V antes de cristo que de un estado Moderno que ingresa al tercer milenio. De esta manera la corona seguirá nombrando al gobernador en nuestras Islas Malvinas (así como Darío o Nabucodonosor designaban a sus Sátrapas) y continuará decidiendo sobre la administración de yacimientos petrolíferos y otros recursos naturales, que es lo único que verdaderamente le interesa. De esta forma el novedoso Poder Ejecutivo local elegido por los isleños, será un simple intendente que deberá conformar a los escasos electores de esa escasa población con mantener limpias las calles, promover el turismo y otras nimiedades, mientras otros en Londres deciden su destino. Es decir, la resonada supuesta Constitución ratifica la situación colonial denunciada por la República Argentina en los foros internacionales.

Lo curioso es que si fuese sometida a plebiscito por Sí o por No entre los pocos isleños en capacidad de votar, es muy probable que se impusiera el No, ya que el texto de este Decreto Real defrauda una vez más las ingenuas expectativas de los isleños, quienes aspiran a un Estado seudo-independiente commonwealth de menos de 1.800 habitantes nativos. Pero la avidez de esa corona por los recursos naturales de la región -y su temor a perderlos-, la llevó a ofrecerlos como Territorios de Ultramar a los países miembros de la Unión Europea , que quedarían así obligados a defenderlos como propios en el terreno diplomático y el militar, planos en los que los isleños "no cortan ni pinchan". Tal vez hoy los isleños malvinenses revisen la postura de nuestro Veterano de Guerra de Malvinas don Alejandro Betts (allí nacido), a quien muchos de ellos no comprendieron y trataron con excesiva dureza por el solo hecho de asumir su nacionalidad argentina. Pero la Historia tiene sus reglas y el destino decidirá, pues quienes son fuertes hoy serán débiles mañana y viceversa.

En el período en que no mantuvimos relaciones diplomáticas con Gran Bretaña [años 1982 a 1990] no tuvimos mayores perjuicios económicos ni faltó un plato de comida en la mesa del trabajador argentino, como ahora que pocos trabajadores quedan. Ante los nuevos ultrajes a la dignidad nacional y a los intereses permanentes del pueblo argentino sería tiempo que nuestra dirigencia política revise la legislación que favorece generosamente las inversiones británicas y evalúe si no ha llegado la hora de establecer otra actitud retirando nuestro embajador en Londres, para exigir desde otro lugar la discusión por la soberanía reclamada por las Naciones Unidas, poniendo así efectivamente en marcha la Primera Cláusula Transitoria de nuestra Constitución Nacional.

¡Malvinas: Volveremos!

Y ellos lo saben…

Pablo Crocchi – Buenos Aires, 1° de diciembre de 2008

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