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Fuente: Pesca y Puertos | 12/06/07 |
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Calamar y Malvinas | ||
Ningún análisis
puede soslayar que la venta de licencias ilegítimas de pesca, ahora
con la adjudicación de pretendidos derechos de propiedad por hasta
25 años sobre los espacios circundantes a las Islas Malvinas que
implementó el gobierno que detenta el poder en el archipiélago,
puso en peligro la sustentabilidad económica del calamar illex,
uno de los principales recursos del Atlántico Sur.
El propio director de Pesquerías, el inglés John Barton reconoció tiempo atrás que a partir de la nueva legislación se habían duplicado el número de licencias. Es por ello que nadie honestamente en las Malvinas puede asombrarse frente a los problemas de mercado que existen actualmente para colocar las capturas de calamar, que este año estarán por encima de los mejores promedios de temporadas anteriores. Según información proveniente de las Malvinas, desde el 15 de febrero último cuando se inició la zafra, las licencias de pesca otorgadas permitieron que se capturaran más de 150 mil toneladas de illex. La doctora Andrea Clausen, miembro del Consejo Legislativo de las Malvinas admitió esta situación al decir que “desafortunadamente los altos volúmenes de captura tienen un impacto negativo sobre los precios de mercado”. Sin embargo, en su análisis omite decir que esta situación podría haberse evitado si el Reino Unido hubiera puesto fin a la realización de actos unilaterales contrarios a la cooperación convenida bajo el paraguas de soberanía. Actos entre los que se encuentran la adjudicación de ilegítimos permisos para la exploración y explotación de hidrocarburos, hecho que obligó a nuestro país a dar por terminado el acuerdo y la continuada venta de licencias ilegítimas de pesca. Compartimos la posición de la doctora Clausen cuando sostiene que “por razones de conservación y de comercio es razonable operar en un clima de baja sustentable de las capturas”. Pero por otra parte no admitimos que se responsabilice al gobierno argentino de no buscar una solución de acuerdo al derecho internacional y mucho menos que afirme que mientras nuestro país “continúe ignorando la situación, habrá impacto en el medio ambiente y en el comercio”. La verdad es que si no se han llegado a acuerdos que permitan un manejo sustentable de los recursos marinos en el Atlántico Sur se debió a la intransigencia británica y al mantenimiento de una situación colonial que vulnera el derecho a la integridad territorial de la Argentina. Mientras Gran Bretaña continuó adoptando medidas unilaterales que desconocen los permanentes llamamientos de la comunidad internacional para que se reanuden las negociaciones sobre la soberanía en Malvinas, nuestro país ha dado reiteradas muestras y ha estado siempre dispuesto a cooperar con el Reino Unido, bajo el debido resguardo jurídico, en aspectos prácticos que derivan de la situación de apropiación de las Islas. Muestra de ello ha sido el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1990, los acuerdos alcanzados por ambos países en cuestiones de pesca y de hidrocarburos referidos al área en disputa. Por consiguiente es la conducta internacional seguida en este tema por el Reino Unido la responsable de que se haya deteriorado la cooperación bilateral en materia de conservación de los recursos pesqueros y la que llevó a la suspensión de las reuniones de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. Quien pretenda ignorar estos antecedentes, poco estará haciendo para asegurar un futuro sustentable a los habitantes de las Islas Malvinas cuyos intereses y modo de vida, los argentinos nos hemos comprometido a respetar . En estos días, cuando la posición argentina en la “Cuestión Malvinas” ha logrado un unánime aval regional a través de un nuevo pronunciamiento de la OEA, sería deseable que en Malvinas los analizaran. |
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