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Tras casi un año
de tratativas, Diputados aprobó aunque con reformas, el proyecto
del Senado. De aceptarla el Congreso, se convertiría en la
ley más importante que sanciona luego de la guerra para
favorecer la postura Argentina...
La norma obliga a las empresas pesqueras a optar entre los permisos
otorgados por la Argentina y los del Reino Unido para operar en las
Malvinas, y establece restricciones para capturar en aguas territoriales
argentinas.
Los diputados aprobaron anoche y enviaron en revisión
al Senado el proyecto que, mediante una reforma de la ley federal
de pesca, busca frenar la captura ilegal de especies ictícolas
en el mar Argentino, incluida la zona
marítima de las islas Malvinas.
Se trata de una iniciativa de los senadores oficialistas Silvia Giusti
(Chubut) y Mario Daniele (Tierra del Fuego), aprobada en septiembre
pasado en el Senado, que endurece las sanciones para la pesca sin permiso
del gobierno nacional en el mar Argentino y en la zona en litigio con
el Reino Unido de las islas Malvinas.
El proyecto fue aprobado, con modificaciones, en la Cámara baja
por 133 votos afirmativos y una abstención.
En realidad, el proyecto modifica el régimen federal actual,
pero no hace referencia explícita a Malvinas, aunque es evidente
que retoma fuerza después de que los kelpers empezaron a dar
permiso de pesca en la zona por 25 años en un claro desafío
a la posición argentina.
La medida se suma a la denuncia que el gobierno argentino hizo días
atrás de los convenios de exploración y explotación
petrolera conjunta entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña,
firmados en 1995.
El presidente de la comisión de Intereses Marítimos y
Fluviales, Eduardo De Bernardi, sostuvo que la reforma "significa
lisa y llanamente nuestra condición de Estado para tratar de
proteger el recurso marítimo que implica entradas económicas
sustanciales para el país".
En ese sentido, dijo que la modificación de fondo apunta a mantener
la jurisdicción del estado argentino "en todo el territorio
nacional", incluidas las "aguas jurisdiccionales".
La norma, en líneas generales, obliga a las empresas pesqueras
a optar entre los permisos otorgados por la Argentina y los expedidas
por el Reino Unido para operar en las Islas Malvinas, dado que establece
claras restricciones para capturar en aguas territoriales argentinas.
También, establece multas que van desde los 10 mil pesos hasta
los 10 millones de pesos y postula que "en el caso de comprobarse
que un titular de un permiso de pesca" y "autorización
de captura" viole "algunas de las prohibiciones previstas"
en la ley, dichas autorizaciones "caducarán automáticamente".
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