El presidente de YPF, iniciará una gira con la banca JP Morgan por Londres y Nueva York, banco que financia a dos de las cuatro petroleras británicas que exploran en Malvinas. En febrero pasado Timmerman había denunciado a la empresa por apoyar la exploración ilegal en el Mar Argentino...

Miguel Galuccio realizará una gira para buscarle inversores a YPF por Houston, Los Angeles, Boston, Nueva York y Londres entre el 21 y el 28 de este mes.

“JP Morgan es accionista de dos de las cuatro petroleras que actúan en Malvinas, lo cual configura el disparate más grande y la contradicción más grande en la que pueda incurrir el Gobierno”, indicó a Hoy Mario Cafiero, exdiputado y especialista en materia energética. Además sostuvo que la iniciativa oficial “es un despropósito” y hace “caer todo el discurso del Gobierno en relación a Malvinas”.

JP Morgan es uno de los máximos accionistas de las empresas Rockhopper Exploration y Desire Petroleum, que hace tiempo vienen explotando de forma ilegítima y hasta ilegal, según las resoluciones de la ONU, los recursos naturales que pertenecen a la Argentina. De todas formas, la ilegalidad no caracteriza sólo a los buitres extranjeros, ya que con los acuerdos previstos por Galuccio, el Ejecutivo nacional vulnera la legislación argentina con respecto a la temática soberana. “Es absolutamente falso que defiendan los intereses argentinos en Malvinas. Incluso se viola la ley 26.659, que impide al Gobierno contratar a empresas que estén ligadas directa o indirectamente a la explotación en Malvinas”, agregó Cafiero.

Contradicciones, hipocresías y palabras que el viento se llevó

El 15 de marzo pasado, el actual Canciller de la Nación, expresaba en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que se iniciaría una ofensiva judicial "dentro y fuera del país" contra empresas que realizan tareas petrolíferas en la zona de Malvinas y firmas y bancos que les brindan "apoyo logístico", "servicios financieros", "inversionistas", "asesoría y consultoría en general".

A través de una conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman anunció que "la presidente Cristina Fernández instruyó iniciar un plan de acciones legales del Estado nacional en el país y en el exterior contra actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur", que incluirá "denuncias penales, civiles y administrativas" contras empresas que operan en tres niveles en la explotación y exploración petrolera.

En el minuto 6, el Canciller comienza a criticar a los bancos que apoyan las actividades ilegales, entre ellos, JP Morgan

Las medidas alcanzarán a firmas que son "propietarias de pozos y plataformas petroleras", que "brindan servicios de apoyo logístico" y otras que "aportan apoyo financiero, inversionistas y asesoramiento sobre inversiones", lo que incluirá denuncias penales y comerciales contra "bancos, accionistas, analistas y consultoras de riesgo" que operan en el país y en el exterior. Según Timerman, la ofensiva comprenderá a empresas "que poseen ilegítimas licencias" otorgadas por Gran Bretaña "para buscar petróleo" y "que operan en las bolsas de valores de Londres y Estados Unidos". Al describir el nuevo plan, detalló que el gobierno presentará "en lo inmediato" denuncias "penales y administrativas" ante "juzgados federales" del país y "organismos del Estado argentino, entes reguladores y organismos internacionales". "Esta estrategia judicial no se limitará a acciones desarrolladas en Argentina, también se proyectará al exterior a través de mecanismos de cooperación judicial internacional", señaló después de precisar que se "implementarán medidas cautelares o de ejecución ordenadas por autoridades judiciales argentinas".

Al explicar los argumentos legales, Timerman señaló que "se trata de la defensa de la soberanía territorial y de los recursos naturales que son propiedad del pueblo argentino y que el gobierno tiene la obligación de defender".

• El plan de acciones legales del Estado nacional para denunciar las actividades de exploración y explotación “ilícitas” de hidrocarburos en el Atlántico Sur incluye a casi un centenar de empresa, establecidas en tres niveles, según un detalle que proyectó Héctor Timerman: petroleras, las que brindan apoyo logístico y compañías especializadas en servicios financieros o de asesoría.
  En el primer rubro, el de las empresas que realizan “ilegítimas actividades de exploración hidrocarburíferas” en la plataforma continental argentina en proximidades de Malvinas, el gobierno incluyó a Rockhopper Exploration, Desiree Petroleum, Falkland Oil & Gas, Borders & Southerland y Argos.
  En la parte de plataformas de perforación y materiales de apoyatura (repuestos), las empresas que fueron mencionadas fueron Diamond (propietaria de la plataforma Ocean Guardian) y Dry Ships y Ocean Rig (dueños de la plataforma Leiv Eirikson) y 11 buques proveedores con sus respectivos dueños.
  En el nivel de apoyatura por servicios financieros se identificaron a bancos (The Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays y Lloyds, entre otros); brokers (Merrill Lynch, Seymour Pierce, Oriel, Ocean Equities, Mirabaud, etcétera), y analistas (Merrill Lynch, Goldman Sachs, Jefferies, Edison Investment, Credit Suisse, etcétera).
  En cuanto a servicios logísticos y de asesoría, la Cancillería presentó un complejo cuadro de relaciones entre empresas donde, entre otros, se destacan como participantes algunas empresas con presencia en la Argentina, como HSBC, Societe Generale, JP Morgan, UBS, Fidelity, etcétera.
  Al cuadro se le suman siete empresas consideradas “interesadas en las ilegítimas actividades de exploración hidrocarburífera” en la plataforma continental argentina en cercanías de Malvinas: “British Petroleum, Amerada Hess, Anadarka, Cairn, Premier Oil, Murphy Oil y Noble Energy.

Seis meses después, no se conocieron denuncias o reclamos ante organismos internacionales, pero si observamos que YPF contrató a JP Morgan, una de las bancas involucradas en las denuncias del gobierno argentino. ¿Quién entiende?