(Crónicas Fueguinas).- La Parlamentaria sostiene que la ley original, tal lo sostenido oportunamente por el Fiscal de Estado, no incluía a los cruceros dentro de la prohibición de amarre en puertos fueguinos.

La iniciativa, que tomó estado parlamentario en la sesión del pasado jueves 28 de junio, fue girada a la comisión de legislación general.

En el fundamento de la propuesta, la integrante de bloque Partido Popular Patagónico sostiene que del análisis de los antecedentes parlamentarios que dieron origen a la ley 852, como así también del texto de la norma sancionada el 25 de agosto del año pasado “surge restricción alguna para el amarre, permanencia o abastecimiento de buques de bandera británica o de conveniencia, que se dediquen exclusivamente a la actividad turística”, y agrega que esta es también la opinión sustentada por el Fiscal de Estado respecto del alcance de la ley vigente. Entonces porqué la Legisladora considera necesario que sus pares avalen la modificación en cuestión.

Para ello hay que remontarse a los sucedido el pasado 27 de febrero, cuando el por entonces Presidente de Puertos, Alejandro Berola, con el aval de la Gobernadora y el Vicegobernador resolvió prohibir el ingreso al puerto de Ushuaia de los barcos de turismo Star Princess y Adonia, argumentando que ambos navíos se encontraban alcanzados por la ley “Gaucho Rivero” por ser de bandera británica o de conveniencia.

Si bien el artículo 2º de la mencionada ley dice textualmente: “prohíbase la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de recursos naturales, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina”, para defender la prohibición de ingresos de esos dos cruceros desde el Ejecutivo fueguino se asimiló al turismo con una actividad vinculada a la explotación de los recursos naturales. Este particular criterio quedó plasmado en el decreto reglamentario de la ley 852. Allí, la administración Ríos Pero sumó dentro de las actividades comprendidas por la norma provincial las que estén “basadas en la comercialización de servicios turísticos de explotación de los paisajes naturales y culturales de nuestra Provincia, que no implican actividad extractiva pero sí explotable comercialmente”.

Para zanjar de manera definitiva esta controversia y evitar que Ushuaia pierda recaladas de buques de turismo en las futuras temporadas de cruceros, Laura Rojo propone que la ley Gaucho Rivero quede redactada de la siguiente manera: “Prohíbase la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de hidrocarburos y/o recursos vivos derivados de la pesca, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina. Exclúyase a los buques de turismo”.