COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR LA SITUACIÓN CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES.
“CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS/ FALKLAND”

Nueva York, junio 14, 2012.

Señor Presidente,
Agradezco su autorización que me permite esta nueva oportunidad de peticionar ante el Comité presidido por usted y que hoy examina la “Cuestión de las Islas Malvinas”.

Soy Alejandro J. Betts, un malvinense de la cuarta generación de isleños nacidos en las Islas Malvinas. Tengo nietas de la sexta generación de igual condición de isleños nativos de las Islas. Asimismo, mi madre y tres hermanos también, aún son residentes en dicho territorio. Por otra parte, mi hijo mayor reside en el territorio continental desde 1981, y otros hijos y nietos nacieron en Córdoba. Fui residente permanente de las Islas Malvinas hasta terminado el conflicto armado de 1982. Debido a mi apoyo incondicional a la posición argentina, no pude quedarme allí.

Señoras y Señores, un año más de desilusión. Un año más de intransigente incumplimiento por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de las recomendaciones y resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la Cuestión Malvinas. Incumplimiento por parte de un miembro fundador de tal Organización, con poder de veto en el Consejo de Seguridad, que obliga a este Comité Especial de Descolonización tener ante sí para su adopción un nuevo proyecto de resolución que insta a las partes en la controversia a proceder sin demora a abocarse a hallar la solución definitiva a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Lamentablemente esa solución definitiva no ha podido ser alcanzada debido al incumplimiento del mandato internacional por una de las dos partes de este proceso: el Reino Unido.

Para las Naciones Unidas, tanto su Asamblea General como este Comité Especial de Descolonización, hay una clara identificación de las partes enfrentadas en esta Cuestión: Gran Bretaña y la Argentina. No hay tres partes; solo hay dos. Ningún acontecimiento o situación circunstancial desde 1965 hasta el presente ha modificado esa bilateralidad.

Señor Presidente: el Reino Unido, con su larga historia de sometimiento de pueblos de diferentes continentes, pretende hoy manipular un principio que costó tanto a tales pueblos ver aceptado: el principio de libre determinación. El objetivo de esta manipulación es perpetuar la situación colonial en detrimento del pueblo que la ha sufrido a pocos años de su independencia: el pueblo argentino. La resolución 1514 (XV) de la Asamblea General no fue aprobada para facilitar tal maniobra de las potencias coloniales. El derecho de libre determinación no surge ni se crea para favorecer la continuidad de conquistas militares seguidas de la instalación de una población afín al conquistador para hacerles decir que quieren seguir perpetuándose bajo la misma situación colonial, como ocurre hoy en Malvinas.

Señor Presidente, señoras y señores Delegados,
Analizando las estadísticas del censo colonial del año 2006, resulta concluyente que ese colonialismo continuo se ha hecho más evidente desde 1982 hasta el presente. Ese relevamiento arrojó que 1086 personas de los 2955 censados aquel año acreditaban menos de 10 años de residencia en las Islas Malvinas. Es decir; un 37 por ciento de la población en esa fecha. Pero más preocupante aún es que desde 1982 hasta el presente, el incremento poblacional colonial resulta, en gran medida, de la política británica de contratación de mano de obra del Reino Unido (392) y Santa Elena (315), otra colonia del Reino Unido, también bajo consideración de este Comité. Lo anterior es todo un detalle para tener presente en el análisis de la evolución del proceso colonizador británico en Malvinas.

Un agravante a esta política colonizadora descrito en el párrafo anterior señor Presidente, es la innegable existencia de un infranqueable control de inmigraciones puesto en vigencia por la potencia colonial que permite manejar la situación demográfica a su antojo. En particular, ese control excluye la posibilidad de radicación, de ser propietarios o de tenencia de tierras en las Islas por parte de ciudadanos argentinos. Le doy mi ejemplo Señor Presidente: con mi documento de identidad argentino, si yo deseara volver a instalarme en la tierra en la que nací y viví durante 34 años, no podría hacerlo ni tendría derecho de voto. En cambio, un súbdito británico nacido en Londres y que se instala en las Islas, podría votar al cabo de algunos años.
Pero cabe tener presente que, por lo menos, desde 1885 en adelante, la Argentina ha recibido y cobijado sin ningún tipo de condición o de limitaciones en sus derechos civiles y políticos a cualquier nativo de las Malvinas que haya querido habitar en el territorio continental argentino. Tales personas son reconocidas como ciudadanos argentinos de pleno derecho, nacidos en territorio insular argentino.

Además, en sintonía con la letra de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas, la República Argentina desarrolló múltiples diligencias e iniciativas a favor del archipiélago, todas altamente positivas para sus habitantes. Pero a partir de mediados de la década del 70, dirigentes isleños y voces con mucha influencia dentro de la comunidad, instruidos desde la administración colonial, fogonearon la subordinación absoluta a una postura probritánica que se fue consensuando entre la administración metropolitana británica y los gerentes locales de la empresa colonial, la Falkland Islands Company.

Esta constante acción psicológica para contrarrestar los demasiado obvios beneficios productos del fortalecimiento de relaciones con la Argentina requiere la uniformidad y subordinación absoluta de los habitantes de las Islas Malvinas. Por lo tanto, cualquiera que se exprese en desacuerdo con el sistema verticalista probritánico es considerado punible de intimidación constante, discriminación y una persecución psicológica e ideológica implacable y despiadada. En los hechos, aunque no de derecho, impera desde entonces en las Malvinas ocupadas una forma de delito totalitario de opinión.

Además, señor Presidente y miembros del Comité, tiene que quedar en claro que en Malvinas no hay un gobierno independiente elegido libremente por sus habitantes. La administración ejecutiva recae sobre un Gobernador no electivo, nombrado por la Corona. Todo acto, decisión o declaración pública realizado por este funcionario se formula en nombre de Su Majestad, la Reina. Sus funciones y poderes se asemejan más a un virrey que a un gobernador.

A este gobernador/virrey lo acompañan otros dos funcionarios de la metrópoli, obviamente no electivos. El Ejecutivo Administrativo, por lo tanto, queda fuera de la voluntad popular.

¿Qué sucede con el Legislativo? La Asamblea Legislativa consta de 13 miembros, 5 de ellos siendo funcionarios públicos que pertenece al gabinete del ilegítimo gobernador y es designado por él en forma directa incluyendo la presidencia del Cuerpo. Con esta metodología, es evidente que no existe, en las Islas, la división o independencia de los poderes en las Islas.
Los restantes 8 miembros de la Asamblea resultan elegidos por sufragio universal. De los miembros elegidos para la Asamblea en ejercicio, cinco han nacido en nuestras islas y cuatro de ellos se han criado allí. Los tres restantes son nacidos en el Reino Unido, llegados a las Islas durante las décadas del 80 y 90. En resumen, 8 de los 13 miembros que componen el Legislativo son filobritánicos, nativos del Reino Unido.

Con la Asamblea Ejecutiva ocurre algo similar, pero más desproporcionado aún. El cuerpo tiene 8 integrantes, presidido por el Gobernador colonial asistido por los 4 funcionarios del Gabinete colonial designados en la Asamblea Legislativa, entre ellos el Fiscal General Colonial y el Comandante en Jefe de la Guarnición Británica del Atlántico Sur, además hay 2 integrantes que provienen del Reino Unido y solamente 1 isleño.

Es decir, de hecho, los malvinenses nativos no gobiernan a las Malvinas, sino que lo hacen los ciudadanos oriundos de la Gran Bretaña radicados en las islas.

Son ellos quienes deciden la dilatación de este conflicto diplomático entre el Reino Unido y la Argentina. Actúan en representación de una población constituida sobre la base de un estricto control migratorio colonial, en la que los argentinos continentales y los habitantes isleños “desleales” son discriminados mientras que cualquier súbdito de Su Majestad que se instale en las islas pasa a formar parte de su cuerpo electoral en pocos años. Este grupo humano bajo ninguna forma puede considerarse un “pueblo” titular del derecho de libre determinación.

Hoy los medios de comunicación y los dos peticionarios de las islas han hecho referencias a un referéndum a llevarse a cabo próximamente en Malvinas a determinar la opinión de la gente en cuanto a su preferencia con relación a una administración territorial británica o argentina para el archipiélago. A título personal señor presidente, considero que este tipo de consulta a la comunidad está por lo menos a cincuenta años a destiempo. No es un elemento que aportaría positivamente a la solución de la Cuestión. Es simplemente un ejercicio anecdótico con un resultado conocido por anticipado, puesto que la población malvinense es totalmente funcional al colonialismo. Permitir que la población británica de las Islas se constituya en árbitro de una disputa de la que su propio país es parte, tergiversa el derecho a la libre determinación de los pueblos. Tal como hemos escuchado hace instantes de boca de los propios peticionarios isleños, no existe en la Cuestión Malvinas un pueblo sometido a la subyugación, dominación o explotación de una potencia colonial.

Señor Presidente,

Sobre la base de lo mencionado hasta aquí, es evidente que es sólo el poder militar de Gran Bretaña el que mantiene la injusta y distorsionada situación unilateral en el Atlántico Sudoccidental. El Reino Unido sabe perfectamente bien que no tiene la razón o ningún respaldo jurídico a su pretensión de título legítimo sobre los archipiélagos en disputa, pero sí tiene la ventaja absoluta de la fuerza, elemento que el gobierno británico prioriza por sobre de las gestiones diplomáticas en esta Cuestión. La escalada militar británica preocupa no sólo a la Argentina, sino también a los países de la región que se han sumado a la Argentina en el rechazo al despliegue militar británico en la zona en disputa.

La instalación y el mantenimiento de una base militar en las Islas Malvinas, su constante intensificación y modernización de equipamiento y sistemas de armamento, más la realización de maniobras militares y el adiestramiento permanente del personal de las tres fuerzas armadas, son todas flagrantes violaciones de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y constituyen una amenaza para la región.

Por desgracia, señoras y señores, el Reino Unido utiliza la infundada excusa de la autodeterminación para el establecimiento de una poderosa base militar que sirve exclusivamente a sus intereses estratégicos en el control absoluto del Atlántico Sur en toda su extensión.

A ello, se suma el continuo y unilateral despojo de los recursos naturales renovables y no renovables circundantes a los tres archipiélagos australes, sujetos a esta controversia.

Señor Presidente, señoras y señores Delegados,
Lo evidente es burdamente sencillo: hay una ocupación ilegítima continua en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; una reivindicación argentina fundada en derecho, la cual recibe amplio apoyo regional e internacional; y un persistente colonialismo británico que resulta anacrónico en el actual orden mundial. Las reiteradas resoluciones adoptadas por la Asamblea General y este Comité Especial de Descolonización reclaman fervorosamente la reanudación del proceso bilateral de negociaciones sobre soberanía, a la mayor brevedad posible, a fin de encontrar una solución pacífica a la controversia. Existe, así, una injusta situación que es necesario reparar, y esto no sólo lo sostiene desde siempre la Argentina, sino que fue admitido por el Reino Unido, tal como surge claramente de las palabras del Sr. Gastón De Bernhardt, al concluir el primer informe oficial sobre este asunto, producido por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores británico en 1910: “la injustificada agresión cometida por el Reino Unido en 1833 contra un país con el cual, pocos años antes, en 1825, firmo un Tratado de Paz, Comercio y Navegación”.

Gracias, Señor Presidente.