Aunque es raro que La Nación publique este tipo de artículos (ya que siempre defienden y han defendido todo tipo de intereses británicos en el país), la pelea que llevan con el gobierno, permite conocer datos interesantes y a la vez, terroríficos.

logo de la empresa inglesa

Introducción

Mientras el gobierno emite spot publicitarios pro Malvinas, y sus discursos mediáticos llaman a recuperar la soberanía irredenta de las Islas, en la práctica suceden hechos muy curiosos que hacen dudar sobre la veracidad del reclamo.
En ese contexto, encontramos también, funcionarios británicos que trabajan en puestos clave en el Estado (Ministerio de Seguridad, YPF), y una ampliación de usurpación británica en las aguas del Atlántico Sur que no ha tenido protesta alguna del gobierno argentino.

Tristemente, las palabras y los discursos no se asemejan con la realidad de los hechos.

Ahora, el SUBE, que posee una base de datos detallada de cada ciudadano que se transporta por Buenos Aires, resulta que está controlada por una empresa británica, donde hasta la propia embajada intercedió.

Global Infraesctructure (GI)

La empresa se creó una vez realizado el "lobby" entre un empresario británico, la embajada y los funcionarios argentinos de la Secretaría de Transporte.
Insolitamente, obtuvo la licitación pese a la existencia de otras ofertas mucho más baratas.
La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el registro de Inglaterra y Gales con un capital de 100 libras esterlinas. Días después, la firma británica se asoció con IRV, Iatasa y GFA para ganar la licitación por la supervisión del boleto electrónico.

GI todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había comenzado.
El pasado de GI en Inglaterra despierta misterio. El diario La Nación intentó contactarse con la sede central de la compañía en 78 York Street, Londres, su domicilio legal y su oficina. Llamó a los distintos teléfonos de contacto pero nunca consiguió el teléfono fijo. La casa matriz de la empresa no existía.

Según pudo saber LA NACION, la firma alquiló esa dirección del coqueto barrio de Marylebone como domicilio legal. En ese mismo lugar funciona una firma que ofrece servicios de "oficinas virtuales". Alquilan un "domicilio de negocios" en la capital británica por 40 libras esterlinas al mes, indispensable para recibir correspondencia. Todos sus clientes comparten el mismo domicilio: 78 York Street. Con esos mismos datos, GI figura en la Inspección General de Justicia de la Argentina.

Meses después de su registro legal en Inglaterra, la firma actualizó su dirección. Lejos de las luces de Londres, el nuevo domicilio está situado en las afueras de Oxford, en Bicester, un pueblo que no supera los 29.000 habitantes.

Nación Servicios SA, una empresa que depende del Banco Nación, es quien está a cargo del servicio del SUBE. GI, es quien la controla, tarea que recae en el presidente de la compañía, Stephen Chandler, quien vive en Inglaterra, cuyo sueldo mensual (que pagamos todos los argentinos) es de 40.000 dólares.

Es decir, si un argentino que vive y trabaja en este país, desearía cobrar su sueldo en dólares, no lo puedo hacer. Pero un inglés, recibe su sueldo (que sale del Tesoro Nacional), en la moneda extranjera. Recordamos el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional:

La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

Aquí si quiera hablamos de ciudadanos o habitantes del país, ya que el hombre inglés no vive en este suelo.

• Una empresa inglesa, sin oficinas en la Argentina, con un domicilio legal caduco y con un misterioso pasado en Inglaterra controla la tarjeta SUBE.
  El Estado Nacional eroga a sus tres únicos empleados, tres millones de dólares anuales.

¿Espionaje?

El diario LA NACION comprobó que la firma montó "oficinas virtuales" en Londres, que ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires y que el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque su personal no tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus manos el control de la SUBE. Una empresa fantasma, que controla una de las bases de datos más grandes del país.

El nexo argentino (los cipayos de siempre)

La empresa GI, obtuvo la licitación junto a ex funcionarios y ex asesores de Transporte. Se asociaron: Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV) y Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA).
Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del "liderazgo técnico" de la operación.

A pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no tiene sede en el país: en Tucuman 1, 4° piso -dirección señalada en su página web-, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese, todavía, es su domicilio legal en la Argentina.

Un presidente invisible: Stephen Chandler

Chandler es "jefe de proyecto" de la supervisión de la SUBE. Es decir, es el máximo responsable de las operaciones.

Realizó gestiones sospechosas antes de la licitación. El líder de la compañía estuvo con los funcionarios de la Secretaría de Transporte que meses después recomendaron contratar a GI.
También se reunió con el presidente de Nación Servicios SA, empresa del Banco Nación que opera la SUBE y que ahora, Chandler debe controlar.

En febrero de 2009, la presidente anunció la creación del boleto único, el que estaría vigente en 90 días.

Días después, Chandler tuvo sus primeras reuniones. Lo esperaban en Transporte. "La reunión duró una hora y se hablaron sólo temas técnicos. La SUBE estuvo incluida en la agenda", aseguró una fuente diplomática al tanto de su agenda.
LA NACION intentó comunicarse con Transporte, pero evitaron responder sobre la visita de Chandler. En estricto off the record, una funcionaria que participó de la cita, confesó, con ironía: "No recuerdo esa reunión en particular, pero es habitual ese tipo de lobby. No te olvides de que el lobby está permitido en Inglaterra".

Después de esa visita a la secretaría, Chandler recibió una llamada que lo acercó al negocio. "Desde IRV llamaron a la embajada británica. No dieron demasiadas explicaciones y pidieron su contacto", agregó una fuente allegada a esa empresa. LA NACION reveló que al menos tres miembros de IRV mantenían relaciones personales o laborales con funcionarios de Transporte.

Al poco tiempo, Chandler fundó GI.

LA NACION intentó comunicarse con Chandler, pero el consultor inglés no respondió ninguno de los llamados que este medio realizó a las oficinas del consorcio y a sus contactos en Londres.

Según consta en su CV, este especialista de 58 años fue vicepresidente de Electronic Data System, entidad que participó en el desarrollo de la tarjeta Oyster card de Londres.
El único antecedente propio acreditado por la empresa británica en la licitación fue un proyecto en el área militar del gobierno de República Checa.

LA NACION reveló que el consultor británico cobra 40.000 dólares mensuales; casi dos millones de dólares por los cuatro años de contrato. Aunque su trabajo requiere ocupación full-time, Chandler alterna su estadía entre la Argentina y Gran Bretaña, su lugar de residencia. "Todos los meses pasa un tiempo acá", justificó un allegado del inglés.

Durante tres semanas, LA NACIÓN intentó contactarlo en las oficinas de la supervisión de la SUBE, su lugar de trabajo en Buenos Aires, pero aclararon que estaba en el exterior. "Chandler no tiene un lugar fijo de trabajo", reconocieron desde el consorcio. "Pasará unos días en Londres", informaron en su domicilio particular, en el interior de Inglaterra.

LA NACIÓN se acercó en reiteradas ocasiones hasta el palacete estilo francés ubicado en Rivadavia 882, pero no encontró al "jefe de proyecto" ni a los otros dos empleados extranjeros también contratados en dólares por la Secretaría de Transporte.

La embajada británica interesada

En el año 2009, Chandler pidió a la embajada británica que le organizara una típica ronda de promoción de negocios: almorzó con funcionarios, cámaras empresarias y ejecutivos. La nutrida agenda incluyó una reunión con directivos de Nación Servicios SA (NSSA), empresa del Banco Nación que ya estaba a cargo de la operación de la SUBE.

También participó de ese encuentro Angel de Dios, presidente de Nación Servicios y hombre cercano a Julio de Vido. En esa reunión, Chandler le propuso a De Dios trabajar en la SUBE. "Estaban muy interesados por el conocimiento que Chandler tenía sobre el tema. Lo invitaron a participar en cualquiera de las licitaciones, pero todas las contrataciones dependían de la Secretaría de Transporte. Igualmente, siguieron en contacto", agregó una fuente que participó de la cita.

Dos años después, el consorcio integrado por GI, Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA) es el encargado de supervisar a NSSA en el funcionamiento del boleto electrónico.

Dos empleados

Marcela Ashley y Steve Beer, sus asistentes para controlar la SUBE, fueron empleados en las mismas condiciones. Como "program assurance", Beer percibió un salario mensual de 40.000 dólares durante un año. El total de su contrato: 414.120 dólares. Bajo el rótulo de "stakeholders management", Ashley cobró 24.000 dólares mensuales. Su contrato final, por doce meses, asciende a 247.860 dólares.

"Global [Infraestructure] es Chandler. Acá [en Argentina] son dos empleados: una recepcionista y un técnico. Beer y Ashley trabajan desde Londres. Como es un trabajo técnico, directamente ni vienen para acá", dijo una fuente que firmó documentos importantes de la licitación.

LA NACION intentó contactarse con Beer y con Ashley para consultarles sobre las tareas específicas que desarrollan para controlar la SUBE, pero no pudo ubicarlos ni en las oficinas del consorcio ni en los teléfonos de contacto en el extranjero. La Secretaría de Transporte tampoco respondió las consultas por GI y sus empleados.

La supervisión del boleto electrónico incluye un contrato en pesos y otro en moneda extranjera. El contrato en dólares es de casi 4,5 millones de dólares. Además de los millonarios sueldos, el Estado contempla "vuelos internacionales" y "viáticos". Se estipularon 72 viajes por un total de casi 500.000 dólares.

La opción más cara, por los dólares

Las dos ofertas más competitivas fueron calificadas con un "muy bueno", pero se decidió pagar un 25% más por el mismo trabajo. Los millonarios sueldos de los ejecutivos fue la diferencia más importante entre ambas propuestas.

El consorcio compuesto por Global Infraestructure SA (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA) se quedó con la licitación. Su oferta fue de $47,9 millones (sin impuestos). Su máxima competidora, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por PWC SA y Barimont SA ofreció $ 38,1 (sin impuestos). Un diferencia del 25% por el mismo trabajo.

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