Los diputados buscan que el proyecto —sancionado por unanimidad el Senado el 27 de setiembre pasado— sea votado esta misma semana, en coincidencia con la conmemoración por la guerra de Malvinas.

Aunque el texto no hace ni una sola mención a las islas, todos reconocen que apunta al corazón económico de los kelpers: si un pesquero opera —como sucede hasta ahora— sólo con permiso de los malvinenses en la zona en litigio ("aguas jurisdiccionales argentinas"), deberá atenerse a las consecuencias. No solo multas millonarias, sino que tampoco podrán pescar en el mar argentino fuera de conflicto con Gran Bretaña. Además, no podrán vender su producción a empresas que estén en regla con nuestro país.

La cuestión se precipitó cuando los kelpers empezaron a otorgar licencias de pesca por 25 años, en lugar de hacerlo por uno solo como hasta ahora. En los hechos, los buques extranjeros aceptan la supremacía de Londres y usan esa autorización para la zona en litigio. Cuando salen de ella, usan el permiso otorgado por la Argentina. Lo que se busca es que, al menos, los buques necesiten los dos permisos para operar en la zona en disputa.

Según recordó el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Jorge Argüello, las reuniones conjuntas de ambos países en el tema de la pesca no se estaban realizando. Desde la guerra sí hubo avances en otras áreas, sobre la base del "paraguas de soberanía" establecido en los 90.

El proyecto fue redactado en el Senado por la chubutense Silvia Giusti y el fueguino Mario Daniele, y al fundamentarlo nadie mencionó Malvinas. El único que lo hizo fue el radical Rodolfo Terragno: "los reclamos de independencia kelpers se basan en el desarrollo de la pesca en el Atlántico Sur", dijo para aplaudir la iniciativa. "Como dijo Lord Shackleton, es el calamar y no el petróleo lo que permitirá la autarquía de las islas", agregó.

—Muy bien, pero ese no el tema de este proyecto— lo cortó Giusti.

—Es un placer escuchar a alguien que sabe más... pero todos estamos conscientes de que eso no se vincula con esta iniciativa— agregó con suavidad el jefe radical Ernesto Sanz.

Estaba claro que había un acuerdo entre bancadas para no vincular, al menos públicamente, las sanciones a la pesca ilegal con el litigio por Malvinas. Había riesgo de abrir otro frente en las complicadas relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

Ahora sucede otro tanto con la iniciativa, que ya tiene dictamen —con reformas menores— de la Comisión de Intereses Marítimos que preside el kirchnerista Eduardo De Bernardi.

Pero además del contexto en que se votaría (el aniversario de la guerra), lo concreto es que las compañías pesqueras en la zona deberán elegir entre operar solo en la zona en litigio (cercana a Malvinas) o aprovechar la mayor extensión del mar argentino. Si quieren las dos zonas, entonces deberán pedir permiso también a nuestro país, una forma de reconocer el reclamo argentino de soberanía en esa zona.

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