El senador Marcelo Guinle planteó la necesidad de ratificar la vigencia de la Resolución 407/07 de la Secretaría de Energía, que prohíbe la actividad comercial y el registro de toda empresa que opere por si mismo o por medio de terceros, explotaciones de hidrocarburos sin los respectivos permisos, ya sean de Nación o de las provincias.

El legislador, que impulsó duras sanciones a las empresas radicadas en el país que en forma directa o a través de sucursales, filiales o empresas asociadas participasen en exploraciones o explotaciones de recursos naturales o energéticos en la zona de las Islas Malvinas, remarcó que la Resolución prevé la “caducidad de los permisos y concesiones respectivos, sin perjuicio de las demás acciones judiciales y administrativas que pudieran corresponder” a las empresas que actúen o participen en forma directa o indirecta en la Plataforma Continental sin los correspondientes permisos otorgados por la autoridad argentina.

“Lo que está en juego es nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos naturales; y en este contexto, la explotación de tales recursos no puede ser confundida con un simple negocio. Esto las empresas lo deberán entender y actuar en consecuencia”, señaló Guinle, quien trabaja en dos nuevas iniciativas para castigar el doble juego de algunas empresas y busca que la Cancillería realice los reclamos en todos los ámbitos correspondientes, e inclusive lleve la cuestión analizada, estudiada y acordada en los distintos ámbitos ante tribunales supranacionales.

Intereses cruzados

De acuerdo a la información publicada por la prensa británica, recientemente cuatro empresas petroleras contrataron una plataforma y los servicios de perforación, con el fin de confirmar la disponibilidad de crudo en cantidades comerciales. Una de estas empresas, la anglo australiana BHP Billiton habría definido una inversión cercana a los u$s 100 millones, al pagar por su participación en asociación con la Falklands Oil & Gas Company, en la cual asume el rol de operadora del área.

Esta empresa tendría a su vez cateos y permisos exploratorios mineros en la provincia de Salta, con lo cual se estaría ante un caso pasible de sanciones hacia la misma.

“En este sentido, se deben activar en forma inmediata tanto desde el ámbito nacional, como de las respectivas jurisdicciones provinciales, todas las medidas y sanciones que desalienten y castiguen el doble juego de aquellos que creen que en los negocios vale todo”, reclamó Guinle.

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