Una calificada fuente del Palacio San Martín le dijo a Télam que “los temores británicos de despertar tensiones" que pueden terminar en una nueva guerra, es un recurso para esconder el verdadero propósito: "encubrir la ilegalidad de sus actos y desviar la atención. Y subrayó que la política nacional en el tema Malvinas “se conduce en estricta conformidad con el mandato de la Constitución Nacional: solución por medios pacíficos”.

La fuente calificada de la Cancillería señaló que "no puede existir seguridad jurídica" en torno a la exploración petrolera alrededor de las Islas Malvinas cuando hay "una disputa de soberanía internacionalmente reconocida y pendiente de solución".

La respuesta diplomática argentina se relaciona con el off de record que realizó otro alto funcionario británico con el cotidiano Financial Times de la fecha, donde se subraya que "Gordon Brown insite en que se debe permitir que la perforación exploratoria tenga lugar en las aguas alrededor de las islas".

"Si los británicos necesitan poner en boca del premier Brown un respaldo político al riesgo jurídico de las empresas inglesas, es un punto a favor de la estrategia argentina por Malvinas", reflexionó ante Télam la fuente del Palacio San Martín.

Según el diplomático, "lo que hace el Reino Unido es dejar más en evidencia la verdadera realidad: la disputa de soberanía existe".

"La Argentina advierte nuevamente al Reino Unido sobre la legalidad de este nuevo acto unilateral, así como a todos los actores privados involucrados, que serán pasibles de futuras demandas judiciales en los máximos tribunales por la potencial exploración y explotación de recursos argentinos", agregó.

Hasta el momento se desconoce que las empresas británicas recibieran algún resguardo de derechos argentinos por parte del Gobierno, aunque se descuenta que ello pueda ocurrir, de acuerdo con el portavoz diplomático.

Ante el conocimiento de que empresas británicas comenzarían en forma inminente la exploración para su explotación de una zona petrolífera en el norte de las Malvinas, el canciller Jorge Taiana ordenó trasmitir el martes pasado una enérgica protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores inglés, queja que recibió al encargado de negocios de la embajada Simon Thomas.

La lectura que hace la diplomacia argentina sobre "los temores británicos de despertar tensiones" que pueden terminar en una nueva guerra, es un recurso para esconder el verdadero propósito: "encubrir la ilegalidad de sus actos y desviar la atención del hecho que violentan".

"No cabe en absoluto la hipótesis militar que acusa el Reino Unido", puntualizó en forma terminante la fuente de la Cancillería.

"La política nacional en el tema Malvinas se conduce en estricta conformidad con el mandato de la Constitución Nacional en su cláusula transitoria primera: solución por medios pacíficos, conforme el derecho internacional", precisó el portavoz oficial.

El diplomático, que sigue el caso Malvinas con particular interés, añadió que "las operaciones británicas no son ilegales sólo porque la Argentina lo diga: la ocupación británica hace del área una zona sujeta a disputa de soberanía y las Naciones Unidas (ONU) lo reconocen". La empresa británica Desire Petroleum anticipó que está próxima a instalar una plataforma, la Ocean Guardian, en el norte de las islas Malvinas, provincia de Tierra del Fuego.

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