Se trata de los testimonios de Raúl Vallejos, Ricardo Pinatti, Angel Urban y Ricardo Jackinsuk, todos ex soldados del Regimiento de Infantería Nº 12, quienes fueron obligados a realizar tareas peligrosas, en forma compulsiva, cuando se encontraban como prisioneros de guerra en Darwin, y heridos gravemente cuando explotó parte de la munición que fueron obligados a trasladar.

El hecho consta en los Anexos del Informe Oficial del Ejército Argentino, publicado en 1983, donde se reproduce el Acta de Protesta suscripta por oficiales argentinos de las tres Fuerzas Armadas, y fue denunciado ante la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra constituida en el Ministerio de Defensa argentino en 1993. En aquella oportunidad, el Auditor General de las Fuerzas Armadas, Brig. Eugenio Miari, produjo un Dictamen donde calificó como violación al Derecho Internacional Humanitario al hecho denunciado, entre otros.

En 1998, Vallejos, Pinatti y Leonardo Durán (ex Subteniente del Ejército a cargo de la patrulla del RI 12 que sufrió las consecuencias de ese crimen de guerra, también herido en esas circunstancias), se presentaron ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la Dra. Lilian Herráez, para solicitar se investiguen los hechos en el marco de las violaciones a las Convenciones de Ginebra de 1949. La causa sigue radicada en ese tribunal, sin que haya habido avances sustantivos.

Recientemente, las víctimas del crimen de guerra apelaron al Poder Ejecutivo Nacional, dirigiendo una carta a la Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, para que los represente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reclamando la investigación de los hechos denunciados.

Asimismo, esta Asoc. Civil Combatientes en Malvinas de Buenos Aires solicitó al H. Congreso de la Nación la recativación de la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra en Malvinas, creada por Ley Nº 24.517 del año 1995, pero que nunca se pusiera en funciones, además de instar a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del Dr. Eduardo Luis Duhalde, para que produzca un Dictamen sobre la pertinencia de que el Estado Nacional acuda como Alta Parte Contratante ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para reclamar la investigación.

La Comisión a constituirse en el H. Congreso de la Nación podría -según la propuesta efectuada por nuestra entidad-, ocuparse de investigar las conductas del personal argentino, sancionando administrativamente a aquellos que sostuvieron conductas al margen del Honor Militar, única vía que existe en la actualidad sin forzar el Derecho vigente.

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