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En las últimas horas, la "revolución democrática" de Evo Morales, y la oligarquía "autonómica" opositora del oriente boliviano, radicalizaron sus discursos, compitieron con manifestaciones multitudinarias en La Paz y Santa Cruz, desoyeron los llamamientos a la moderación, y todo indica que parecen dispuestos a medir sus fuerzas en una confrontación violenta, en el marco de una guerra civil anunciada a gritos desde ambos sectores.

La guerra -vale aclararlo- ya no es por la propiedad de los hidrocarburos y de las riquezas de Bolivia (que siguen en manos de las multinacionales), sino por la hegemonía del control del Estado.

Si bien Morales ha repetido hasta el cansancio que respetará la propiedad privada –inclusive los grandes latifundios "productivos"– y que garantizará seguridad jurídica para las transnacionales, con las cuales no ha roto, la oligarquía latifundista ya le declaró la guerra por el monopolio del poder del Estado.

Desde el Gobierno boliviano se tacha sin rodeos de "fascista" al movimiento opositor de los "cívicos" y el jueves Ruperto Quispe, jefe de los "ponchos rojos", una organización indígena aymara convertida en "fuerza de choque" del presidente Evo Morales, que asegura tener 100.000 miembros en sus filas, amenazó con tomar las tierras de Santa Cruz y avanzar hace el resto de las provincias secesionistas.

El pasado fin de semana, los "ponchos rojos" movilizaron a 5.000 hombres para marchar contra Sucre, cuando llegó la noticia de que la ciudad (controlada por los "cívicos) se había rebelado contra la decisión de aprobar sin la presencia de la oposición la polémica Constitución impuesta por Morales.

La intervención del presidente boliviano evitó que la milicia paramilitar indígena ingresara a la ciudad convirtiendo una situación límite en un baño de sangre que el gobierno, la embajada norteamericana y el establishment de poder económico intentan evitar.

Los "ponchos rojos" -el rojo es un color sagrado en la tradición aymara- aparecieron escoltando a Morales en enero de 2005 cuando el día anterior a jurar como presidente de Bolivia protagonizó un ritual indígena en las ruinas de Tiwanaku por el cual quedaba investido del poder espiritual de sus antepasados.

Los milicianos indígenas fueron institucionalizados como fuerza de choque oficial, en agosto de 2006, cuando, autorizados por Morales, desfilaron junto a las Fuerzas Armadas en una parada militar.

Utilizando lenguaje y gestos fundamentalistas, los "ponchos rojos" se muestran soberbios y utilizan métodos crueles (el degollamiento de animales como si fueran sus enemigos) a modo de "presión psicológica" contra los "cívicos" y las provincias "rebeldes" a las que amenazan con tomar por la fuerza.

En las antípodas de los "ponchos rojos" y del gobierno de morales, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz (bunker central de la oligarquía secesionista que quiere dividir Bolivia para quedarse con las provincias más ricas) , Branco Marinkovic, anunció el jueves el inicio de la " resistencia civil" y una huelga de hambre indefinida de dirigentes desde el lunes a raíz de la "ruptura democrática".

Santa Cruz y otras cinco provincias controladas por la oligarquía secesionista siguen en pie de guerra desde que se levantaron contra la Constitución impulsada por el gobierno de Evo Morales y decretaron el "estado de resistencia civil movilizada".

Marinkovic pidió a los opositores prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y al Comité Interinstitucional de Chuquisaca, que inicien el lunes "misiones de denuncias ante organismos internacionales" para difundir la "ruptura democrática".

También señaló que la "Media Luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) decidió profundizar la legitimación popular del proyecto de estatuto autonómico promovido en esos departamentos (provincias), por fuera de la Asamblea Constituyente, también denominado "autonomías de facto".

Todo comenzará el lunes cuando unos 30 dirigentes del Comité Cívico (CC) santacruceño se declaren en huelga de hambre, con la idea de hacer una enorme cadena de miles protestando a la vez en todo el país.

Subiendo la apuesta del enfrentamiento, Marinkovic (referente principal de la oligarquía secesionista), dijo que Morales "mandó matar" a las tres víctimas de Sucre, y le acusó de manejar al país como un "sindicato" cocalero, en alusión a que el mandatario sigue siendo presidente de las asociaciones de productores de hoja de coca.

"Hoy le decimos al presidente: una Asamblea Constituyente en un cuartel militar no la va aceptar jamás el pueblo", advirtió el dirigente de los secesionistas oligárquicos.

El ex presidente boliviano Jorge Quiroga, otra de las cabezas visibles de la coalición oligárquica "secesionista" atrincherada y en pie de guerra, consideró que la carta política aprobada por la mayoría oficialista de la Constituyente "no tiene más valor que un papel higiénico usado".

"Lo que se aprobó en Sucre al amparo de los fusiles y bayonetas, es simplemente un papelucho aprobado a las corridas, de manera absolutamente vergonzosa y hasta jocosa, que lo más que podría llegar a ser es un estatuto político del (oficialista) MAS", señaló el diputado "opositor" Fernando Messmer.

Por su parte, el presidente Evo Morales expresó el jueves su voluntad de dialogar con los nueve prefectos sobre las nuevas políticas sociales del país, aunque lamentó que el paro cívico promovido por cinco autoridades departamentales y seis comités cívicos hayan apuntado a "frenar los cambios estructurales".

Para la izquierda combativa, el desenlace del proceso muestra en carne viva los intereses contrapuestos de la oligarquía, "peona" de las transnacionales, y de los mayoritarios sectores sociales empobrecidos aprisionados en el colchón "reformista" del gobierno de Evo Morales.

Ese -según los analistas de la izquierda combativa- es el límite del reformismo de la "revolución democrática", que, si bien no plantea ningún peligro para los intereses diversificados de los bancos, transnacionales y petroleras que siguen saqueando las riquezas bolivianas, promueve una competencia por el poder del Estado entre Morales y la antigua derecha oligárquica gerenciadora de los mismos intereses.

Y hay una paradoja: Morales, que en junio de 2005, cuando los cortes de ruta y las huelgas paralizaban a Bolivia, se plantó como el dirigente que venía a "parar la guerra civil", hoy está amenazado por un proceso parecido ejecutado desde el establishment de poder oligárquico.

En junio de 2005, con Bolivia paralizada por las huelgas y los cortes de ruta de las organizaciones y sindicatos combativos, en pleno desenlace de una "guerra civil", Evo Morales dividió el movimiento y se convirtió en el símbolo más representativo del "diálogo" con el establishment de poder para detener el conflicto.

La aparición de Morales (el sucesor) en la cadena CNN detrás de Mesa (el renunciante), fue parte del marketing mediático para "parar el conflicto" y darle una salida constitucional a Bolivia sin represión militar ni muertos.

Para los sectores combativos, Evo Morales era la "carta en la manga" que tenía el Departamento de Estado norteamericano para desinflar las protestas y evitar una represión que quebraría la "gobernabilidad constitucional" establecida como estrategia de dominio en América Latina.

Jugando de "caballo de troya", Morales (con su partido y sus seguidores indígenas) dividió la protesta, y a cambio fue proyectado como candidato presidente de Bolivia con su campaña electoral apuntalada desde la propia cadena CNN.

Dos años después, Morales, convertido en Presidente, enfrenta la perspectiva cierta de una guerra civil, promocionada desde las pantallas de la CNN y de las cadenas imperiales.

Para la izquierda combativa del Altiplano, la convulsión social en Sucre de las últimas 36 horas (en realidad un ataque oligárquico contra el gobierno "socialista") confirma una vez más que si bien Evo Morales llegó al gobierno, "las mayorías oprimidas aún no han tomado el poder".

De cualquier manera, y sea por la causa que fuere, los hechos son demostrativos de que hoy Bolivia está inmersa en un proceso de enfrentamiento y división aue no parece tener retorno

Las regiones "rebeldes" suman el 80% de la economía del país, casi dos tercios del territorio, y el 58% de los casi diez millones de bolivianos.

Una razón más que atendible para afirmar que el gobierno reformista (pseudo "revolucionario") de Evo Morales se encuentra en una encrucijada, y tendrá que elegir que lugar ocupar en esta dialéctica explosiva de "ponchos rojos" y "cívicos" a punto de iniciar la batalla.

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