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Cañones autopropulsados, transportes y radares que detectan fuego enemigo son parte del pedido de compra que formalizó la presidente a EE.UU...

Como ministra de Defensa y como presidenta de Chile, Michelle Bachelet ha puesto su firma en contratos de compra de armamento por varios miles de millones de dólares. Desde ambos cargos le ha tocado conducir la actual campaña de modernización de las Fuerzas Armadas de Chile, que es seguida con atención, y en algunos casos con denuncias de carrera armamentista, desde los países vecinos, ante la superioridad tecnológica de algunas ramas militares chilenas.

Primero fue la Marina, que recibió fragatas, submarinos y misiles antibuques. Casi en paralelo, la Fuerza Aérea se dotó de decenas de cazabombarderos F-16. En el último mes el turno del lifting fue para la artillería, que recibirá cañones autopropulsados, transportes, centros de comando y radares Firetracker capaces de detectar fuego de la artillería enemiga. Para estas últimas compras, por valor de 275 millones de dólares, el Ministerio de Defensa de Chile optó por equipo de EE.UU. debido a que los sistemas de artillería de ese país han sido probados en las arenas de Irak y la experiencia iguala las condiciones del desértico norte chileno en donde tienen asiento varias unidades de cañoneo.

La compra, que deberá ser aprobada por el congreso de EE.UU., incluye 12 obuses autopropulsados M109 A5 de 155 mm y otros 12 M109 A3m, que equiparán dos nuevos grupos de artillería. El Ejército chileno ya tiene 24 M109 A1B, por lo que el país quedará mejor equipado que Brasil en términos de artillería pesada. La lista también incluye seis puestos de mando M577 A2, 18 transportes de personal M113 A2, y 24 transportes logísticos M548 A1.

Además, durante sus recientes visitas a Moscú, Amsterdam y París, Bachelet concretó además la compra de helicópteros rusos, cazabombarderos holandeses y un satélite civil-militar francés, por valor de más de 800 millones de dólares, que se une a los más de 6.000 millones de dólares gastados en armas por Chile desde 1990. Los fondos provienen principalmente de un diezmo de los ingresos por exportaciones de cobre, que por ley, pasa a manos de las Fuerzas Armadas.

El más duro crítico de esas compras ha sido el gobierno de Perú. Sobre todo después de que el reforzamiento de la Marina chilena coincidiera en el tiempo con la demanda de Lima ante la Corte Internacional de La Haya, para obtener el dominio de unos 35 mil kilómetros cuadrados de aguas territoriales en el Pacífico que hoy controla Chile.

“Hay una asimetría bélica”, dijo esta semana el ministro de Defensa peruano, Ántero Flores Aráoz, al denunciar la supuesta carrera armamentista de Chile, y reiteró la necesidad de crear un mecanismo sudamericano que fije límites a las compras militares. En Santiago, el canciller chileno, Mariano Fernández, dio razones técnicas y eludió las implicancias políticas de las adquisiciones. “La sociedad civil chilena ha cambiado. Hemos dado saltos tecnológicos, y queremos unas Fuerzas Armadas profesionales”, dijo. Pero los generales admiten que ese poder es inédito en la historia del país. El ex jefe de la Marina, almirante Rodolfo Codina, dijo que “detrás de la brasileña” la de Chile la segunda armada más grande de América del Sur.

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