El gobierno argentino
acaba de descubrir que el sistema de Defensa Nacional esta colapsado.
Que la semidestrucción del Irizar, unica nave de esas caracteristicas
en Sudamerica fue obra de la irresponsabilidad de los funcionarios que
gimotean entre las tesis progresistas sobre el ejercito endogamico(?)
de la doctora Garre y el licenciado Sain y los intereses de retornos
concretos de Julio De Vido.
También, que el poder aéreo argentino ha sido desguazado
y que en verdad para un gobierno que finge un nacionalismo de fines
y no de medios poco es lo que se ha hecho en materia de planificacion
estrategica nacional.
El gobierno de Kirchner más alla de la retorica es el peor gobierno
en materia de Defensa Nacional que se ha visto en muchos años.
Solo por esto se ha ganado un lugar en la historia de la abdicación
del poder autonómico nacional en beneficio de gente inconsecuente.
Es interesante recontar entonces esta historia chilena sobre el uso
de los sistemas de armas como parte de la diplomacia abierta y secreta
y advertir como la coherencia de las políticas de estado de un
lado de la cordillera responden a los intereses de la Nación
-a esos inclaudicables dominios reservados que la Defensa, la Politica
Exterior y la Seguridad expresan de forma sinergica frente a los balbuceos
partidocraticos de un pais blando y decadente como es la Argentina actual.
Veamos el interesante informe chileno aclarando que Famae es el complejo
militar de produccion para la defensa del país vecino.
Lo cierto es que Chile no hubiese perdido el Irizar con el corazon ligero.
Ni se hubiese hecho una vasectomía militar.
EL INFORME
En medio de las cuestionadas ventas de armas a Croacia y Ecuador, otra
operación de Famae-Chile de similares características
y desconocida, hasta ahora, fracasó en 1995, obligándola
a pagar casi tres millones de dólares en compensaciones. Se trató
de un intento por deshacerse de las polémicas bombas de racimo
que fallaron en el país del Ayatolá. Pero eso no fue todo.Puso
de relieve la continuidad de una politica de armas nacional.
Eran las nueve de la mañana de un caluroso y seco día
de verano en Madrid de fines de los '80. Los mozos del lujoso Hotel
Villamagna iban de un salón a otro llevando bandejas plateadas
con suculentos desayunos. Uno de ellos le dejó café, panecillos
y agua mineral a un ciudadano francés que esperaba impaciente
la llegada de un emisario. Minutos más tarde, un abogado chileno,
de bigote negro, tez blanca, cabello liso engominado y un vistoso maletín
lo saludó de mano y se sentó con él a conversar
durante varias horas.
Esta escena era parte de las últimas secuelas de la desastrosa
operación de venta de armas chilenas a Irán, a mediados
de los ’80. Los protagonistas de la reunión eran el francés
Bernard Stroiazzo y nada menos que el abogado Pablo Rodríguez
Grez. Se desarrolló en las postrimerías de la dictadura.
Requerido en varias ocasiones por este diario, el ex defensor del dictador
no se pronunció ni devolvió llamados.
Tres años antes, Stroiazzo había actuado como intermediario
entre Famae e Irán para la venta a ese país de las bombas
de racimo –tipo cluster– fabricadas por Ferrimar-Famae,
una mala copia de las producidas por el fabricante de armas Carlos Cardoen.
Las “avispas”, como fueron bautizadas estas bombas, terminaron
con una serie de pruebas fallidas en la base aérea de Merabad,
en Irán, que casi le costó la vida a un coronel iraní
que pilotaba un F-5 Phantom.
Ese episodio, ocurrido el 11 de julio de 1986, no sólo terminó
por cerrar toda posibilidad de negocio de Famae con el país gobernado
por el ayatolá Jomeini, sino que también tuvo un altísimo
costo para Stroiazzo, quien fue detenido junto a su hijo y retenido
durante 18 meses. El francés debió lidiar con las autoridades
iraníes para mantenerse con vida y, según su versión,
asumió personalmente las compensaciones que exigieron los persas
por al fracaso de la venta y la pérdida del avión.
LA CONEXIÓN FRANCESA
Bernard Stroiazzo-Mougin, es de origen corso. Hace años vive
en Alicante (España), donde mantiene su centro de operaciones.
Ingeniero en termodinámica, ha estado vinculado al negocio del
petróleo y compañías aéreas desde hace décadas.
Actualmente se encuentra desarrollando un ambicioso proyecto para la
producción de un nuevo combustible.
Se inició en los negocios con la construcción de centrales
térmicas y plantas de destilación en Turquía y
distintos países del Medio Oriente. En los primeros años
80 trabajaba en Londres para la National Iranian Oil Company, la petrolera
estatal iraní.
Por sus buenas relaciones con las autoridades de ese país fue
contactado en 1985 por Famae para que facilitara el negocio.
Llamado por LND, Stroiazzo dice no poder evitar su profundo malestar
al recordar este episodio. Especialmente porque, según él,
Chile no hizo ninguna gestión para su liberación mientras
estuvo retenido en Teherán. Asegura haber sacado dinero de su
bolsillo para que los iraníes lo liberaran junto a los otros
detenidos por el caso, entre ellos dos técnicos chilenos de Famae.
Meses antes, Stroiazzo había sido abordado por el agente externo
chileno Fernando Pérez García, quien lo habría
convencido para que moviera sus hilos en Teherán. Pero cuando
las bombas fallaron, Famae no sólo desconoció toda responsabilidad,
sino que sacó de las tratativas a Stroiazzo e intentó
colocar a otro representante: Bernard van Meer. Este ciudadano holandés,
residente en Inglaterra, era yerno del ahora ex comandante en jefe de
la FACH Ramón Vega, entonces segundo en el mando. Actualmente,
ambos son investigados en Bélgica y Chile por supuestamente haber
recibido, años después, comisiones ilegales por la compra
de aviones Mirage a ese país.
Stroiazzo demandó a la Corfo, la cual financió la fabricación
de “avispas”, en 1987, exigiendo una millonaria indemnización
por perjuicios. De ahí que la reunión en el Hotel Villamagna,
celebrada un año más tarde, tuviera una importancia crucial
para el Gobierno de Pinochet. El plebiscito del Sí y el No estaba
próximo a celebrarse y si la noticia se conocía podía
tener efectos nefastos para el régimen. Por ello, el ex dictador
se esmeró en elegir a un emisario de alto nivel. Hasta ahora,
el nombre del famoso jurista jamás había sido vinculado
a las secretas operaciones de ventas de armas de Famae con países
involucrados en conflictos bélicos. Sin embargo, varios consultados
para este reportaje, entre ellos el propio Stroiazzo, recuerdan el rol
del ex dirigente de Patria y Libertad en esta operación.
“Por todos los daños, yo le pedí cinco millones
de dólares. Él [Rodríguez] me ofreció un
millón. Pero me pareció que estaba intentando ganar tiempo
por las elecciones en Chile, porque luego, cuando Pinochet perdió,
no me dieron absolutamente nada y entonces yo seguí con mi demanda”,
aclaró el operador francés.
Pero pese al fracaso, las pérdidas y el retorno de la democracia,
Famae decidió insistir años más tarde en buscar
un nuevo mercado para sus bombas de racimo, y nuevamente se las arregló
para recurrir a Stroiazzo y sus contactos. Esta vez en el continente
africano.
AL CALOR AFRICANO
En septiembre de 1992, Famae llegó a un acuerdo con el francés,
quien aceptó recibir sólo 500 mil dólares como
compensación por la “aventura” iraní.
Además se le ofrecieron nuevos negocios con Famae, esta vez para
fabricar carros Mowag y venderlos nuevamente a Irán. Pero el
negocio no prosperó (ver recuadro).
Por esta razón, el francés dice haber visto con simpatía
una nueva oferta hecha por Fernando Pérez García, desconocida
por la opinión pública hasta ahora. El comprador esta
vez sería Angola.
El joven país (que dejó de ser colonia portuguesa en 1975)
aún mantenía un cruento enfrentamiento con guerrilla de
la Unita (Unión Nacional por la Independencia Total de Angola),
de tendencia derechista y en su tiempo apoyada por Sudáfrica.
Fernándo Pérez sabía que Stroiazzo mantenía
contactos con el Gobierno angoleño, de ahí la invitación
a representar nuevamente a Famae.
En ese mismo período, el general Luis Iraçábal
Lobo, director de Famae, había ordenado enviar a ese país
un dosier ofreciendo los productos bélicos chilenos. Con el empresario
francés a la cabeza, las autoridades angoleñas no demoraron
en aceptar y proponer un acuerdo de compra por 75 millones de dólares.
El 2 de septiembre de 1994, el negocio fue formalizado con la firma
de un contrato. Por Angola firmó José Pedro Agostinho
de Castro, a nombre del Ministerio de Defensa; por Famae, Iraçabal
Lobo y Bernard Stroiazzo en su calidad de “delegado para Africa
austral” de Famae. El documento quedó protocolizado en
Chile en la notaría de Félix Jara Cadot.
En la partida de pertrechos solicitados por el país africano
(ver infografía), los requerimientos eran amplios y llamativos,
pero los productos estrella fueron 200 bombas tipo racimo (las mismas
rechazadas por Irán), mil 200 MK-82, también de fragmentación,
además de cohetes, morteros y municiones. Asimismo, se incluía
un avión Pillan de entrenamiento.
El protocolo obligó a Angola a depositar 11,25 millones de dólares
a Famae, la que le otorgó un crédito para pagar el saldo
en ocho cuotas, cada una de 7.968.750 dólares.
El primer pago se hizo en una de las cuentas de Famae en el Banco de
Chile, sucursal San Diego. Posteriormente, se depositaron ocho pagarés,
emitidos por el Banco Nacional de Angola. El Gobierno africano había
cumplido con su parte.
Según el contrato, 30 días después de efectuado
el depósito debía llegar el primer cargamento a Luanda,
capital de Angola. Pero la espera se hizo larga. Pasados los primeros
dos meses, las autoridades angoleñas comenzaron a exigir a través
de Stroiazzo que Famae cumpliera el contrato.
TENSIÓN
Según documentación a la que se tuvo acceso, Famae se
deshizo en explicaciones para justificar el retraso de los envíos.
En ningún momento cuestionó la validez de los documentos
emitidos por Angola ni informó sobre problemas de fabricación
o de envío.
Por su parte, Stroiazzo dice que empezó a sentirse defraudado
una vez más; dueño de los contactos con los africanos,
su reputación como empresario petrolero se veía disminuida.
La tensión llegó a niveles críticos cuando Stroiazzo
se comunicó con su abogado chileno Jorge Ovalle, a quien le dio
instrucciones de preparar una nueva demanda contra Famae. Fernando Pérez,
por su parte, hacía lo posible por calmar los ánimos,
tanto de Famae como de Stroiazzo y del Gobierno angoleño.
Para el jurista chileno, que ya lo había representado en la anterior
demanda, el negocio con Angola fue oscuro. “Para mí, lo
oscuro es aquello respecto de lo cual no se conocen las características
de una negociación. Se le ocultan incluso a los abogados contratados
y, por cierto, a terceros y a la opinión pública”,
precisó Ovalle.
Las especulaciones de quienes tuvieron conocimiento del negocio con
Angola sugieren que hubo razones aún más secretas para
dilatar y, finalmente, hacer fracasar la transacción.
A la fecha en que se iniciaron las tratativas, en 1992, Jorge Rodríguez
Grossi era titular de la Subsecretaría de Hacienda. El economista,
que en 1993 también formó parte del Comité Asesor
de Famae, asegura que nunca tuvo conocimiento de que se estuviera gestando
un negocio de este calibre con Angola. Sin embargo, aclara que si existió
un crédito de Famae y hubo papeles entregados como garantía,
esta operación habría requerido, como lo establece la
ley, el visto bueno de la Dirección de Presupuesto de Hacienda.
“Famae no puede hacer una operación sin estar segura de
que está financiada. Me refiero a que cuando tú vas a
vender algo te lo tienen que garantizar; si no es así, no sirve”.
Rodríguez Grossi dejó el Gobierno de Frei en septiembre
de 1994, siendo subsecretario de Desarrollo Regional. Dos meses después
y fuera de todo cargo público, Famae le solicitó una asesoría
y allí tomó conocimiento del negocio con Angola.
“A mí me consultaron, como economista, exclusivamente sobre
la validez de los pagarés emitidos por Angola. Mi opinión
fue que no tenían ningún valor, porque no se transaban
en el mercado. Pero en todo caso no tuve detalles del contrato”.
Según los antecedentes recogidos, ni Hacienda ni la Dirección
de Presupuesto fueron informados de este contrato. Quien fue subsecretario
de Hacienda en 1994, cuando se firmó el contrato, Manuel Marfán,
señaló a LND que jamás tuvo conocimiento de este
tema.
A principios de 1995, Angola ya exigía la devolución del
dinero, de sus documentos y otras compensaciones. Stroiazzo y Pérez
dieron por fracasado el negocio cuando Famae decidió rescindir
el contrato.
En una reunión realizada en Madrid, donde asistieron los africanos,
representantes de Famae y el intermediario Fernando Pérez, se
puso fin al negocio. El depósito de más de 11 millones
de dólares fue devuelto. Bernard Stroiazzo, nuevamente, quedó
fuera. Según él, en esa pasada se pagaron indemnizaciones
a los representantes angoleños. “Desconozco la suma, pero
la información me fue proporcionada por el integrante de otra
de las compañías intermediarias que participaron en la
negociación con Angola”, dice.
PAGO
Famae jamás dio una explicación oficial a Angola para
justificar el fracaso del negocio. Consultada por LND, la empresa se
excusó de entregar una versión sobre el tema, debido a
que su actual director, el general Antonio Cordero, estaba fuera de
Santiago. Tampoco se facilitó un contacto telefónico con
otra autoridad de la institución.
El caso incomoda especialmente a la industria castrense, porque a pesar
de haber calmado al Gobierno angoleño, los problemas no terminaron
ahí. Esta vez quien se sintió pasado a llevar fue el representante
de Famae Fernando Pérez, quien debido al fracaso de la operación
dejó de percibir una millonaria comisión.
El contrato original entre Chile y Angola establecía que en caso
de producirse controversias, éstas se solucionarían mediante
un juicio arbitral. De esta forma, el caso quedó en manos del
abogado Waldo Ortúzar Latapiat, quien en 1996 acogió parcialmente
la demanda de Pérez, que solicitaba una indemnización
cercana a los 20 millones de dólares. Sin embargo, ninguna de
las partes quedó contenta con el fallo y presentaron recurso
de casación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En esa
instancia, la demanda de Pérez fue rechazada totalmente, pero
el ex mediador de Famae pidió la anulación del fallo y
el caso llegó a la Corte Suprema.
En enero de 2000, el máximo tribunal otorgó a Pérez
la suma de 2,26 millones de dólares a título de “compensación
razonable por el término del contrato celebrado entre Famae y
Angola (Simportex)”.
¿Por qué fracasó la operación Famae-Angola?
Hasta ahora es un misterio. Jorge Rodríguez Grossi considera
que la invalidez de los papeles africanos en los mercados bursátiles
puede ser un motivo.
Fue un período oscuro para Famae. El caso de Angola se registró
entre el ilegal tráfico a Croacia y la venta de armas a Ecuador,
ambas investigados actualmente. Varias tesis se aventuran para explicar
el fiasco. Algunos sostienen que el contrato con los africanos estaba
“inflado” o sobrevalorado por parte de Famae y que el Gobierno
angoleño se habría dado cuenta. Otros piensan que Augusto
Pinochet habría ordenado al general Iraçábal darle
prioridad máxima a su proyecto favorito: el cohete Rayo. Tesis
aparte, ¿de dónde salieron los dineros para el pago a
los africanos y comisionistas que se entregaron en Madrid, si es verdad
lo que cuenta Stroiazzo? ¿Hay perjuicio fiscal en el pago al
intermediario Fernando Pérez, ordenado por la Corte Suprema?
Si Hacienda jamás conoció la operación, ¿cuál
era la real intención de Famae al firmar un contrato sin el necesario
visto bueno de la Dirección de Presupuesto? El caso podría
estar prescrito. Si así fuese, sería un misterio más
que nos dejó sin resolver el difunto Pinochet, en aquella época
comandante en jefe del Ejército.
Tras el fracaso del negocio con Irán, Corfo y Famae intentaron
aplacar la ira de Bernard Stroiazzo pagándole 500 mil dólares.
Pero a ello sumaron un par de ofertas de negocio que nuevamente sedujeron
al francés. Primero, existió una oferta secreta de Corfo
en 1989 que dejaba al empresario con la posibilidad de montar una empresa
dedicada a administrar un basurero de desechos químicos industriales,
gracias a una concesión en el desierto de Atacama. El Gobierno
de Aylwin vetó la iniciativa. Luego, en 1992, Famae firmó
con él una “carta de intenciones” para que Stroiazzo,
a través de una de sus empresas, Eastgate, en sociedad con Salamanca
S.A., de propiedad del coronel (r) Carlos Carreño, fabricara
600 carros Mowag para venderlos, nuevamente, a Irán. |
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