CARTA A ROMINA PICOLOTTI
¿POR QUÉ RECLAMAMOS POR LAS PASTERAS SI URUGUAY DEPREDA SISTEMÁTICAMENTE RECURSOS MARÍTIMOS?

Doctora Picolotti, usted es la “esperanza” ambiental nacional, por ello este informe, para que no se lo cajoneen o digan que esto tiene carriles de "derecha" o "izquierda". Aquí crudamente sabrá usted una muy pequeña parte de la verdad pesquera nacional que hace millonarios a una poderosa cadena de lealtades y corrupción de forma impune. En Argentina a la señora María Julia Alsogaray jamás se la juzgó por la irresponsabilidad ambiental pesquera y el daño irreversible a la biodiversidad bajo su gestión. Tampoco al Dr. Carlos Menem ni a Felipe Sola.
Sabiendo que usted aceptó un cargo en una cartera que es un colapso, donde la pesca está dentro de su área, se debe actuar rápidamente en defensa del interés nacional y los recursos, sin más dilaciones ni titubeos.
Doctora Picolotti, cuando las leyes pasan a ser una "facultad optativa" de quien las controla y de quien las cumple, el futuro pesquero de la Argentina pasa a ser efímero. Lo que aquí describo es una cabal muestra de la pérdida de calidad institucional y de su sentidos jurídicos en torno a la bateria de legislación que poseemos.
Argentina no se puede dar el lujo de dilapidar recursos que traerán aparejadas gravísimas consecuencias sociales. Tenemos una saturación de leyes casi diria, una especie de "inflacion legislativa" inaplicada.
A los funcionarios que creen que las leyes son su privilegio único y a los armadores que siguen creyendo que la mejor ley es la que no existe o no se aplica, se les debe imponer el respeto a las mismas, pues convivimos en una democracia, que aunque parezca vacía de contenido y llena de discursos inaplicados como las leyes, debe ser respetada.
Aquí bien cabe resaltar que los funcionarios tienen el deber de ocuparse del presente, los legisladores del futuro y los jueces y fiscales del pasado.
El futuro ambiental, doctora Picolotti, es patrimonio de todos y para garantizalo hay que aplicar las leyes de manera contundente, en respeto a las garantías constitucionales de un Estado de derecho.


Un poco de historia de la traición pesquera a la Nación

El Gobierno de Videla fue el que inauguró la radicación de extranjeros al caladero argentino con el proyecto Harengus de Carlos Bulgueroni y luego radicando a los japoneses de Nipón Suizan -Pespasa en el país-.
Pescaban “en exploración de bodegas llenas” de 2.000 toneladas por viaje, en buques que ostentaban el pabellón patrio y su tripulación se integraba con 60 japoneses y un argentino. Dra. Picolotti, estas empresas niponas son, por si no se enteró, las mismas que pescan ballenas y que nos depredan, con buques surimeros, los paraísos naturales de Ushuaia. En el mismo sentido, le comento que los buques surimeros están prohibidos en todo el mundo por ser altamente depredadores y dañosos a los ecosistema.
Argentina utilizó (utiliza) la pesca como moneda de cambio y enriquecimiento ilícito de funcionarios. El Estado nacional no se destacó ni se destaca por la defensa genuina de sus recursos pesqueros ni ambientales más que en el discurso del día a día. Los uruguayos despliegan en nuestro mar una actividad extractiva sin control e irresponsablemente, depredando recursos.
Mientras las diatribas políticas van hacia un lado, los hechos son contrastantes de otra realidad. Argentina no controla la flota uruguaya que vacía el mar argentino, otorgando capturas de especies más allá de la capacidad sustentable.
Los políticos aplican medidas políticas a recursos que hay que manejar con un plan biológico sustentable y fehaciente de férreo control, pues mas allá de ellos están las generaciones futuras, heredando el daño que la patria "jamás demanda”.
La prueba está que desde hace décadas permanecen los mismos delincuentes que impulsaron el colapso pesquero nacional entronizados en distintos estamentos de la administración pesquera, robando para las diferentes "coronas". O sea que nada cambia, todo se transforma "remixado" para continuar los negocios con recursos naturales públicos.
Felipe Solá es el ejemplo taxativo de las políticas de aplicación al sector. Es público que la AGN-PTN-SIGEN-UBA emitieron dictámenes de nulidad a permisos de pesca otorgados ilegalmente con su firma a extranjeros que a la fecha ostentan su riqueza a costa de pescado argentino que exportan -reitero, ilegalmente- desde la pasada década.
Las medidas actuales de ordenación pesquera son “pour de galery”, o sea para la gilada, pues no hay control de capturas, ni artes de pesca. Sí hay una banda de recaudadores de coimas que roban para diferentes “coronados” en sillones de poder.
Los datos de esta nota son la prueba más irrevocable de que Argentina no lleva adelante las políticas legales vigentes en referencia a recursos marinos (1).


Regalamos recursos que tampoco controlamos:

La entrega de recursos como la anchoita, que forman parte de una cadena trófica alimentaria del ecosistema, genera puestos de trabajo en Uruguay a extranjeros pauperizados de países vecinos y millones de dólares a extranjeros millonarios, experimentados piratas vaciadores de mares con sus buques altamente depredadores. El fedeebak llena bolsillos de otra cadena de corruptos de ambas orillas para comprar silencios y omitir datos de controles y volúmenes de capturas.
Todo esto es posible a la luz de quienes nos representan y representaron en defensa de los intereses pesqueros nacionales y ambientales. Reitero, siempre son los mismos funcionarios, los que nos llevaron a la promulgación de la Ley de Emergencia Pesquera para la merluza, acompañados por un consejo asesor (gremialistas) a los que no sólo no les alcanza con "entregar" a los trabajadores, sino que también “muerden” de la administración millonaria de recursos pesqueros.
La solución al robo y la entrega es muy simple: si todos los actores participaran multidiciplinariamente terciando entre políticos, funcionarios y sindicalistas, nuestra suerte podría cambiar. Pero para ello hay que romper muchas “cajas”, desterrando las “cadenas de la felicidad". Sólo el observar la superoblación de buques y el estado de los recursos en referencia a la pasada década da la pauta simple de la corrupción que se incoa ex profeso en contra de los intereses de la república Argentina y los millones de “giles” (votantes).
Mientras generamos puestos de trabajo en Uruguay, llenando bolsillos a manos llenas -insisto, con recursos públicos- en nuestro país muchos ciudadanos comen de tachos de basura y piden trabajo en marchas públicas.
Dra Picolotti, los argentinos queremos respuestas de quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos, para ello los elegimos.


Ibramar, Fripur, Grinfin y otros depredan el mar argentino con la venia de todos los responsables

La empresa Ibramar SA de origen chileno y capitales noruegos, instaló una planta para elaborar harina de pescado a partir de la anchoita con el objeto de alimentar a los salmones que se crían al sur de Chile. La planta industrial, ubicada en Rocha, fue inaugurada hace un año por el entonces presidente oriental Luis Battle; por incumplimiento de las normas ambientales municipales se tuvo que paralizar la actividad, aunque luego DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) la habilitó nuevamente.
A fines del pasado año, Ibramar SA firmó un acuerdo con DINAMA por el cual la planta de harina dejaría de operar hasta el mes de marzo de 2005, ya que el puerto La Paloma es muy importante turisticamente, y hace pocos días Francisco Pick, representante de la empresa, sostuvo que para reiniciar en este año “está todo listo” y la cantidad de empleados es la misma que antes, 60 personas.
El gobierno otorgó un permiso de captura de hasta 200 mil toneladas anuales de anchoita. Sin embargo, la planta industrial puede llegar a procesar 2.500 toneladas por día, es decir, 600 mil toneladas anuales. Sus buques estarían en condiciones de abastecer ese volumen si se efectúa una marea cada tres días. Cada uno de estos buques cerqueros poseen una bodega de 800 toneladas y redes de 1.500 metros de largo por 180 metros de profundidad.
Es preocupante el accionar de estos buques ya que los malleros son pequeños y la red constituye una pared, una jaula, desde la superficie hasta el fondo. Luego se aplican los bombeadores mediante los cuales todo el pescado atrapado por la red va a la bodega en agua, y de la misma manera se descarga en puerto, sin discriminar especies ni tamaños. Sólo unas 3 mil toneladas anuales se destinarían a salado o conserva, es decir, para consumo humano. Uno de los compromisos de la empresa fue poner en marcha esta etapa en primer lugar. Sin embargo, todavía no se ha efectuado.
La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) aprobó una resolución en la que se establece una captura máxima permisible de anchoita de 80 mil toneladas anuales en el espacio de la zona común de pesca uruguayo-argentina (40 mil toneladas para cada parte). Sin embargo, se puede prever que la industria harinera intentará salvar su negocio rompiendo ese límite, declarando sus capturas por fuera de dicha zona.
El principal fundamento que abrió paso a este emprendimiento pesquero fue la creación de fuentes de trabajo, pero la cantidad de 500 puestos, si se logran 200 mil toneladas, es bastante baja si se compara con los 1.500 puestos de trabajo que genera sólo las 25 mil toneladas anuales que explota Argentina, provenientes de buques artesanales que operan con red de cerco sin jareta y arrastreros de media agua fresqueros. Según información confiable de fuentes uruguayas, la empresa Ibramar SA ha puesto en marcha nuevamente la producción de harina de anchoita a partir del 10 de mayo. La misma estuvo parada cuatro meses por problemas ambientales y para evitar la incidencia de malos olores en el balneario de La Paloma.
Mientras la empresa gestiona la renovación de los permisos de pesca de sus buques cerqueros, de gran poder de pesca, ante una tenaz oposición de pescadores uruguayos y argentinos, afronta al mismo tiempo un conflicto gremial porque adeuda cuatro meses de salarios a sus sesenta trabajadores, los cuales en su mayoría son inmigrantes bolivianos y peruanos.
Según se supo, el nuevo director nacional de recursos acuáticos del Uruguay, Daniel Montiel, cavila acerca de la conveniencia de renovar esos permisos, que admiten capturas de 200 mil toneladas de anchoita, mientras pescadores, ambientalistas y empresarios cuestionan fuertemente la práctica de la pesca para harina y afirman que, al ser la anchoita el alimento de más de 40 especies de valor comercial, corre grave peligro el ecosistema marino y las pesquerías tradicionales de la zona, como las de merluza y corvina.


Críticas

Es dable informar que Uruguay oculta bajo su pabellón a buques extranjeros denominados en el mundo "piratas" a los cuales les otorga capturas en el mar argentino sin respetar códigos de pesca responsable de la FAO ni protocolos de seguridad internacional como los convenios SOLAS-MARPOL (léase prácticas ilegales de merluza negra). Si bien el convenio de FAO es de naturaleza voluntaria, ciertas partes del mismo se tomaron del derecho internacional tales como la Convención del Mar de 1982 (CONVEMAR) instando a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces y las medidas a adoptar por los buques pesqueros que pescan en alta mar.
Cuando uno se dirige a buscar respuestas ante la oficina del Frente Común Marítimo cita en Buenos Aires, lo envían a Uruguay bajo pretexto de que allí funcionan las comisiones técnicas (FREEPLATA) y que ellos del tema nada saben.
De la misma manera, cuando uno pregunta en el INIDEP -off the record, obvio- dicen: "ese tema es pesado, hay muchos intereses políticos y económicos en juego, sabemos cómo funciona esto, sin control alguno. Por lo que nos pagan no vamos ser encima 'cabeza de turco' de los empresarios y políticos de aquí y de allá (Plin…)".
La Dra. Picolotti llegó precedida de una fama que no se ve plasmada en los temas del frente común de pesca, dado que subyace la corrupción. Esto es otra prueba más de que aquí se habla mucho de la sustentabilidad del medio ambiente, del impacto ambiental pero no se hace nada que se pueda ver reflejado en hechos concretos.

1º Hay carencia de información fehaciente de capturas.
2º Falta coincidencia en los parámetros estadísticos en relación a sus ecosistemas
3º Falta control y ordenación pesquera a cargo de las distintas instituciones que regulan la pesca a nivel nacional y Cancillería.
4º Falta transparencia y participación de los actores involucrados en las capturas siendo esto una “politización” de capturas en las políticas pesqueras públicas.
5º Falta una evaluación científica efectuada de forma regular para garantizar el estado de las poblaciones de peces y la biota.


Difundamos y hagamos memoria
Las empresa Ibramar SA - Ulfimar SA, de capitales noruegos y chilenos (y ligada a través de operadores uruguayos a políticos de la Lista 15 del partido colorado, en el gobierno) operan seis buques cerqueros, con una bodega de 800 toneladas cada uno y redes de 1.500 metros de largo por 180 metros de profundidad (2).
El permiso de pesca que otorgó el gobierno uruguayo refiere hasta 200 mil toneladas anuales de anchoita. Sin embargo, la planta, que ha sido desmontada de su emplazamiento original en San Antonio, Chile, tiene una capacidad de procesamiento de 2.500 toneladas por día, es decir, más de 600 mil toneladas anuales de pescado entero. Los seis buques estarían en condiciones de abastecer ese volumen si efectúan una marea cada tres días, lo que no es inusual en esta clase de operaciones de cerco.
Si bien la Resolución 5/2004 de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (uruguayo-argentino) establece una captura máxima de 40 mil toneladas anuales para cada parte e intercambio mensual de los datos de “captura y desembarque” no existen hasta el momento mecanismos de ejecución efectiva que permitan un control fehaciente respecto de los volúmenes declarados ni de la ubicación de los lances.
Los antecedentes recientes de observadores pesqueros uruguayos provenientes de la lista política oficial, complicados en las prácticas ilegales de pesca de merluza negra, con denuncias graves contra el propio director de pesca, Yamandú Flangini como las que han hecho el diario La República, los observadores científicos de carrera y el gremio de trabajadores del Estado, muestran la debilidad de esos controles.
Esto es muy importante, porque los límites se establecieron para la Zona Común de Pesca, pero las capturas podrían ser declaradas en el área uruguaya (una franja profunda al este de dicha zona), escapando así al máximo impuesto.
La operación de los buques cerqueros no se caracteriza por una gran selectividad. Los malleros son pequeños y la red constituye una pared, una jaula, desde la superficie hasta el fondo. Luego se aplican los bombeadores, mediante los cuales todo el pescado atrapado por la red va a la bodega en agua, y de la misma manera se descarga en puerto, sin discriminar especies ni tamaños, pasando a la planta de harina.
La facturación prevista (30 millones de dólares) también se corresponde con 200 mil toneladas de captura. El canon que tendrán que pagar es ascendente durante el período de concesión de 30 años, llegando en los últimos diez a 120 mil dólares: es decir un cuatro por mil de la facturación. Pero además el emprendimiento ha sido incluído en un régimen promocional por el cual serán eximidos de impuestos al patrimonio por cinco años, y a las ganancias por dos años.
Además, se destaca la importancia que la anchoita juega en los encadenamientos tróficos de la región, ya que constituye el alimento de alrededor de otras 40 especies, entre ellas la merluza y el calamar, que hoy se encuentran con problemas para recuperar sus respectivos stocks. Los científicos de la uruguaya DiNaRA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) coinciden con esta apreciación, aunque sus informes suelen dormir el sueño de los justos en los cajones del escritorio del cuestionado director Flangini.
Ya hace dos años, el Consejo Federal Pesquero argentino expresó su fundada preocupación por el avance del proyecto harinero en Uruguay, y más teniendo en cuenta que en Argentina la pesca para reducción está prohibida y las plantas de harina funcionan con los desechos de las plantas de fileteado y con pescado decomisado. En fuentes de la Cancillería argentina, entre los delegados que concurrieron a la reunión donde se aprobó la Resolución 5/04, aseguran que por lo menos esta norma frena un poco las pretensiones de una explotación masiva de la anchoita. Sin embargo, la falta de controles cruzados efectivos y de monitoreo satelital de los buques permite sospechar que este ha sido apenas el primer paso en esa dirección.


Finalmente

Dra. Picolotti, esperamos ver bajo su gestión la aplicación de la legislación que el sector pesquero precisa en los parámetros ambientales y se frene este daño a la biodiversidad por parte de Uruguay. Le deseo mucho éxito en su tarea y sepa que somos muchos los que la miramos con gran anhelo de justicia en este atropello vergonzoso para la república Argentina del cual nadie habla.
Le reitero que si usted mira las cifras arriba expresadas vera que 25.000 toneladas de anchoita anuales dan trabajo a 1500 personas al año capturadas por buques que hoy están parados, algunos por haber agotado su cupo de captura de merluza. Si usted multiplica las 200.000 toneladas que se otorgaron podrá ver cuántos miles ahorraríamos en planes trabajar y cuántos reclamos menos tendría que soportar el Gobierno. Reclamos que le permitirán prescindir de la "compra" de miles de votos a cambio de planes sociales.
La resultante final a evaluar es ¿Interesan más los votos x plan o el futuro pesquero y el medio ambiente de la Patria mas allá de ambiciones de reelecciones políticas como legado a las generaciones futuras?
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador
(1) Para más certeza ver: http://www.tierramerica.net/2006/0617/ecobreves.shtml

(2) 26/07/02 – se adjudica licitación publica a la firma Ibramar S.A. para extracción y procesamiento de la especie anchoita
VISTO: estos antecedentes elevados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca;
RESULTANDO: I) por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de junio de 2002, se calificó el proyecto presentado por la firma IBRAMAR S.A. (Oferta N° 1), a la licitación pública N° 5/02, con el objeto de la presentación de proyectos de inversión para adjudicar la extracción y procesamiento de hasta 200.000 toneladas anuales de desembarque nominal de la especie anchoíta, mediante buques y plantas pesqueras, dejándose establecido expresamente que se descarta la alternativa propuesta en su oferta de utilización de un buque madre no pesquero (Susan Hill), así como el operar dos buques con bandera extranjera mediante la obtención de permisos de pesca científicos; se descartó el proyecto presentado por la firma ANlRCO S.A. (Oferta N° 2) a la licitación pública Nº 5/02 y se fijó el día 28 de junio de 2002, para el acto de apertura de la propuesta económica de IBRAMAR S.A. (sobre N° 2) y devolución del sobre cerrado conteniendo su propuesta económica a la empresa no calificada (ANlRCO S.A. );
II) por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 28 de junio de 2002, se prorrogó hasta el 24 de julio de 2002, el plazo establecido por la resolución de 14 de junio de 2002, para la apertura del segundo sobre;
III) el Poder Ejecutivo por resolución de 17 de julio de 2002, no hizo lugar a la solicitud de suspensión de las resoluciones de fechas 14 y 28 de junio de 2002, solicitada por la firma ANlRCO S.A., al interponer recurso de revocación contra las citadas resoluciones;
IV) el día 24 de julio de 2002, a la hora 14:30, se procedió a la apertura del sobre N° 2 de la firma IBRAMAR S.A. y la devolución a la firma ANlRCO S.A. del sobre N° 2;
V) estudiada la propuesta económica (2° sobre), por parte de la Comisión Asesora de Adjudicaciones que entendió en estos procedimientos, por Acta de fecha 25 de julio de 2002, no formula observaciones, por cuanto la forma de pago del canon ofrecido U$S 20.000 resulta ajustada a lo establecido en el punto 2.2. del Pliego de Condiciones que rigió el llamado de referencia, sugiriendo -por tanto- se adjudique la licitación pública N° 5/02 a la firma IBRAMAR S.A. , conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones, la propuesta técnica del oferente en los términos que se indican en el numeral 1° de la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de junio de 2002 y la propuesta económica antes señalada;
CONSIDERANDO: I) en el caso en vista se han dado cumplimiento los requisitos vigentes en materia de licitaciones públicas;
ll) por tanto, no existe inconveniente alguno en adjudicar la licitación pública N° 5/02, en la forma aconsejada por la Comisión Asesora de Adjudicaciones que entendió en los procedimientos;
ATENTO: a lo preceptuado por los Arts. 27 y 33 del TOCAF,
El Presidente de la República
RESUELVE
1°). Adjudicase a la firma IBRAMAR S.A., ad-referéndum de la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas, la licitación pública N° 5/02, que tiene por objeto la presentación de proyectos de inversión para la extracción y procesamiento de hasta 200.000 toneladas anuales de desembarque nominal de la especie anchoíta, mediante buques y plantas pesqueras, y el pago de un canon de U$S 20.000 (son veinte mil dólares americanos), en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones que rigió para esta licitación, la propuesta técnica del oferente en los términos que se indican en el numeral 1° de la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de junio de 2002 y la propuesta económica presentada.
2°).- El pago del canon deberá integrarse en una sola partida, dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos, a partir de la notificación a la firma IBRAMAR S.A. de la presente resolución.
3°).- Comuníquese y pase al Departamento de Adquisiciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para su conocimiento, notificación a las firmas oferentes, y demás efectos.
ANEXO:
Argentina no aplica código de pesca responsable

BUENOS AIRES.- El grupo ambientalista argentino Fundación Vida Silvestre advirtió que existe una brecha entre la realidad pesquera local y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO.
"Por ejemplo, se fijan capturas máximas sin considerar la tradicional subdeclaración ni descontar capturas de otros países", dijo a Tierramérica Guillermo Cañete, coordinador de la fundación.
“Una investigación del grupo mostró que el enfoque precautorio que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en el código de 1995 --de adhesión voluntaria-- "no está bien incorporado" a la legislación local.”Lo que no fue clarificado es que Argentina esta adscripta al código de FAO el que no es aplicado a los extranjeros que pululan en el mar de esta Nación gracias a los Militares y Políticos traidores “que nos supieron Gobernar hasta la fecha”. Mientras se llenan la boca hablando del medio ambiente y la sustentabilidad los uruguayos depredan a destajo con una flota pirata y artes de pesca ilegales nuestros recursos diariamente y nadie dice ni hace tampoco nada al respecto.
La Ley general de Medio Ambiente encierra un cúmulo de parámetros ambientales inaplicados en el mar Argentino que pasa a ser parte de otra “pila de papeles de legislación” no aplicada ex profeso por quienes deberían, para que nada cambie.
Ver declaración de Redes (Uruguay) y CeDePesca (Argentina) sobre este tema>>
Ver Informe INIDEP Nº 15/04. Diagnóstico de la población de anchoita (Engraulis anchoita) al norte de los 41ºS y estimación de capturas biológicamente aceptables durante el año 2004. J. Hansen, A.D. Garciarena. 20 pp.
Ver Informe INIDEP Nº 27/04. Composición esperable de eventuales capturas masivas de anchoita en la zona común de pesca argentino-uruguaya. Jorge Hansen. 8 pp.