CARTA A ROMINA PICOLOTTI
¿POR QUÉ RECLAMAMOS POR LAS PASTERAS SI URUGUAY DEPREDA SISTEMÁTICAMENTE
RECURSOS MARÍTIMOS?
Doctora Picolotti, usted es la “esperanza” ambiental nacional,
por ello este informe, para que no se lo cajoneen o digan que esto tiene carriles
de "derecha" o "izquierda". Aquí crudamente sabrá
usted una muy pequeña parte de la verdad pesquera nacional que hace
millonarios a una poderosa cadena de lealtades y corrupción de forma
impune. En Argentina a la señora María Julia Alsogaray jamás
se la juzgó por la irresponsabilidad ambiental pesquera y el daño
irreversible a la biodiversidad bajo su gestión. Tampoco al Dr. Carlos
Menem ni a Felipe Sola.
Sabiendo que usted aceptó un cargo en una cartera que es un colapso,
donde la pesca está dentro de su área, se debe actuar rápidamente
en defensa del interés nacional y los recursos, sin más dilaciones
ni titubeos.
Doctora Picolotti, cuando las leyes pasan a ser una "facultad optativa"
de quien las controla y de quien las cumple, el futuro pesquero de la Argentina
pasa a ser efímero. Lo que aquí describo es una cabal muestra
de la pérdida de calidad institucional y de su sentidos jurídicos
en torno a la bateria de legislación que poseemos.
Argentina no se puede dar el lujo de dilapidar recursos que traerán
aparejadas gravísimas consecuencias sociales. Tenemos una saturación
de leyes casi diria, una especie de "inflacion legislativa" inaplicada.
A los funcionarios que creen que las leyes son su privilegio único
y a los armadores que siguen creyendo que la mejor ley es la que no existe
o no se aplica, se les debe imponer el respeto a las mismas, pues convivimos
en una democracia, que aunque parezca vacía de contenido y llena de
discursos inaplicados como las leyes, debe ser respetada.
Aquí bien cabe resaltar que los funcionarios tienen el deber de ocuparse
del presente, los legisladores del futuro y los jueces y fiscales del pasado.
El futuro ambiental, doctora Picolotti, es patrimonio de todos y para garantizalo
hay que aplicar las leyes de manera contundente, en respeto a las garantías
constitucionales de un Estado de derecho.
Un poco de historia de la traición pesquera a la Nación
El Gobierno de Videla fue el que inauguró la radicación
de extranjeros al caladero argentino con el proyecto Harengus de Carlos Bulgueroni
y luego radicando a los japoneses de Nipón Suizan -Pespasa en el país-.
Pescaban “en exploración de bodegas llenas” de 2.000 toneladas
por viaje, en buques que ostentaban el pabellón patrio y su tripulación
se integraba con 60 japoneses y un argentino. Dra. Picolotti, estas empresas
niponas son, por si no se enteró, las mismas que pescan ballenas y
que nos depredan, con buques surimeros, los paraísos naturales de Ushuaia.
En el mismo sentido, le comento que los buques surimeros están prohibidos
en todo el mundo por ser altamente depredadores y dañosos a los ecosistema.
Argentina utilizó (utiliza) la pesca como moneda de cambio y enriquecimiento
ilícito de funcionarios. El Estado nacional no se destacó ni
se destaca por la defensa genuina de sus recursos pesqueros ni ambientales
más que en el discurso del día a día. Los uruguayos despliegan
en nuestro mar una actividad extractiva sin control e irresponsablemente,
depredando recursos.
Mientras las diatribas políticas van hacia un lado, los hechos son
contrastantes de otra realidad. Argentina no controla la flota uruguaya que
vacía el mar argentino, otorgando capturas de especies más allá
de la capacidad sustentable.
Los políticos aplican medidas políticas a recursos que hay que
manejar con un plan biológico sustentable y fehaciente de férreo
control, pues mas allá de ellos están las generaciones futuras,
heredando el daño que la patria "jamás demanda”.
La prueba está que desde hace décadas permanecen los mismos
delincuentes que impulsaron el colapso pesquero nacional entronizados en distintos
estamentos de la administración pesquera, robando para las diferentes
"coronas". O sea que nada cambia, todo se transforma "remixado"
para continuar los negocios con recursos naturales públicos.
Felipe Solá es el ejemplo taxativo de las políticas de aplicación
al sector. Es público que la AGN-PTN-SIGEN-UBA emitieron dictámenes
de nulidad a permisos de pesca otorgados ilegalmente con su firma a extranjeros
que a la fecha ostentan su riqueza a costa de pescado argentino que exportan
-reitero, ilegalmente- desde la pasada década.
Las medidas actuales de ordenación pesquera son “pour de galery”,
o sea para la gilada, pues no hay control de capturas, ni artes de pesca.
Sí hay una banda de recaudadores de coimas que roban para diferentes
“coronados” en sillones de poder.
Los datos de esta nota son la prueba más irrevocable de que Argentina
no lleva adelante las políticas legales vigentes en referencia a recursos
marinos (1).
Regalamos recursos que tampoco controlamos:
La entrega de recursos como la anchoita, que forman parte de
una cadena trófica alimentaria del ecosistema, genera puestos de trabajo
en Uruguay a extranjeros pauperizados de países vecinos y millones
de dólares a extranjeros millonarios, experimentados piratas vaciadores
de mares con sus buques altamente depredadores. El fedeebak llena bolsillos
de otra cadena de corruptos de ambas orillas para comprar silencios y omitir
datos de controles y volúmenes de capturas.
Todo esto es posible a la luz de quienes nos representan y representaron en
defensa de los intereses pesqueros nacionales y ambientales. Reitero, siempre
son los mismos funcionarios, los que nos llevaron a la promulgación
de la Ley de Emergencia Pesquera para la merluza, acompañados por un
consejo asesor (gremialistas) a los que no sólo no les alcanza con
"entregar" a los trabajadores, sino que también “muerden”
de la administración millonaria de recursos pesqueros.
La solución al robo y la entrega es muy simple: si todos los actores
participaran multidiciplinariamente terciando entre políticos, funcionarios
y sindicalistas, nuestra suerte podría cambiar. Pero para ello hay
que romper muchas “cajas”, desterrando las “cadenas de la
felicidad". Sólo el observar la superoblación de buques
y el estado de los recursos en referencia a la pasada década da la
pauta simple de la corrupción que se incoa ex profeso en contra de
los intereses de la república Argentina y los millones de “giles”
(votantes).
Mientras generamos puestos de trabajo en Uruguay, llenando bolsillos a manos
llenas -insisto, con recursos públicos- en nuestro país muchos
ciudadanos comen de tachos de basura y piden trabajo en marchas públicas.
Dra Picolotti, los argentinos queremos respuestas de quienes tienen la responsabilidad
de gobernarnos, para ello los elegimos.
Ibramar, Fripur, Grinfin y otros depredan el mar argentino con la venia de
todos los responsables
La empresa Ibramar SA de origen chileno y capitales noruegos,
instaló una planta para elaborar harina de pescado a partir de la anchoita
con el objeto de alimentar a los salmones que se crían al sur de Chile.
La planta industrial, ubicada en Rocha, fue inaugurada hace un año
por el entonces presidente oriental Luis Battle; por incumplimiento de las
normas ambientales municipales se tuvo que paralizar la actividad, aunque
luego DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) la habilitó
nuevamente.
A fines del pasado año, Ibramar SA firmó un acuerdo con DINAMA
por el cual la planta de harina dejaría de operar hasta el mes de marzo
de 2005, ya que el puerto La Paloma es muy importante turisticamente, y hace
pocos días Francisco Pick, representante de la empresa, sostuvo que
para reiniciar en este año “está todo listo” y la
cantidad de empleados es la misma que antes, 60 personas.
El gobierno otorgó un permiso de captura de hasta 200 mil toneladas
anuales de anchoita. Sin embargo, la planta industrial puede llegar a procesar
2.500 toneladas por día, es decir, 600 mil toneladas anuales. Sus buques
estarían en condiciones de abastecer ese volumen si se efectúa
una marea cada tres días. Cada uno de estos buques cerqueros poseen
una bodega de 800 toneladas y redes de 1.500 metros de largo por 180 metros
de profundidad.
Es preocupante el accionar de estos buques ya que los malleros son pequeños
y la red constituye una pared, una jaula, desde la superficie hasta el fondo.
Luego se aplican los bombeadores mediante los cuales todo el pescado atrapado
por la red va a la bodega en agua, y de la misma manera se descarga en puerto,
sin discriminar especies ni tamaños. Sólo unas 3 mil toneladas
anuales se destinarían a salado o conserva, es decir, para consumo
humano. Uno de los compromisos de la empresa fue poner en marcha esta etapa
en primer lugar. Sin embargo, todavía no se ha efectuado.
La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM)
aprobó una resolución en la que se establece una captura máxima
permisible de anchoita de 80 mil toneladas anuales en el espacio de la zona
común de pesca uruguayo-argentina (40 mil toneladas para cada parte).
Sin embargo, se puede prever que la industria harinera intentará salvar
su negocio rompiendo ese límite, declarando sus capturas por fuera
de dicha zona.
El principal fundamento que abrió paso a este emprendimiento pesquero
fue la creación de fuentes de trabajo, pero la cantidad de 500 puestos,
si se logran 200 mil toneladas, es bastante baja si se compara con los 1.500
puestos de trabajo que genera sólo las 25 mil toneladas anuales que
explota Argentina, provenientes de buques artesanales que operan con red de
cerco sin jareta y arrastreros de media agua fresqueros. Según información
confiable de fuentes uruguayas, la empresa Ibramar SA ha puesto en marcha
nuevamente la producción de harina de anchoita a partir del 10 de mayo.
La misma estuvo parada cuatro meses por problemas ambientales y para evitar
la incidencia de malos olores en el balneario de La Paloma.
Mientras la empresa gestiona la renovación de los permisos de pesca
de sus buques cerqueros, de gran poder de pesca, ante una tenaz oposición
de pescadores uruguayos y argentinos, afronta al mismo tiempo un conflicto
gremial porque adeuda cuatro meses de salarios a sus sesenta trabajadores,
los cuales en su mayoría son inmigrantes bolivianos y peruanos.
Según se supo, el nuevo director nacional de recursos acuáticos
del Uruguay, Daniel Montiel, cavila acerca de la conveniencia de renovar esos
permisos, que admiten capturas de 200 mil toneladas de anchoita, mientras
pescadores, ambientalistas y empresarios cuestionan fuertemente la práctica
de la pesca para harina y afirman que, al ser la anchoita el alimento de más
de 40 especies de valor comercial, corre grave peligro el ecosistema marino
y las pesquerías tradicionales de la zona, como las de merluza y corvina.
Críticas
Es dable informar que Uruguay oculta bajo su pabellón
a buques extranjeros denominados en el mundo "piratas" a los cuales
les otorga capturas en el mar argentino sin respetar códigos de pesca
responsable de la FAO ni protocolos de seguridad internacional como los convenios
SOLAS-MARPOL (léase prácticas ilegales de merluza negra). Si
bien el convenio de FAO es de naturaleza voluntaria, ciertas partes del mismo
se tomaron del derecho internacional tales como la Convención del Mar
de 1982 (CONVEMAR) instando a la conservación y ordenación de
las poblaciones de peces y las medidas a adoptar por los buques pesqueros
que pescan en alta mar.
Cuando uno se dirige a buscar respuestas ante la oficina del Frente Común
Marítimo cita en Buenos Aires, lo envían a Uruguay bajo pretexto
de que allí funcionan las comisiones técnicas (FREEPLATA) y
que ellos del tema nada saben.
De la misma manera, cuando uno pregunta en el INIDEP -off the record, obvio-
dicen: "ese tema es pesado, hay muchos intereses políticos y económicos
en juego, sabemos cómo funciona esto, sin control alguno. Por lo que
nos pagan no vamos ser encima 'cabeza de turco' de los empresarios y políticos
de aquí y de allá (Plin…)".
La Dra. Picolotti llegó precedida de una fama que no se ve plasmada
en los temas del frente común de pesca, dado que subyace la corrupción.
Esto es otra prueba más de que aquí se habla mucho de la sustentabilidad
del medio ambiente, del impacto ambiental pero no se hace nada que se pueda
ver reflejado en hechos concretos.
1º Hay carencia de información fehaciente de capturas.
2º Falta coincidencia en los parámetros estadísticos en
relación a sus ecosistemas
3º Falta control y ordenación pesquera a cargo de las distintas
instituciones que regulan la pesca a nivel nacional y Cancillería.
4º Falta transparencia y participación de los actores involucrados
en las capturas siendo esto una “politización” de capturas
en las políticas pesqueras públicas.
5º Falta una evaluación científica efectuada de forma regular
para garantizar el estado de las poblaciones de peces y la biota.
Difundamos y hagamos memoria
Las empresa Ibramar SA - Ulfimar SA, de capitales noruegos y chilenos (y ligada
a través de operadores uruguayos a políticos de la Lista 15
del partido colorado, en el gobierno) operan seis buques cerqueros, con una
bodega de 800 toneladas cada uno y redes de 1.500 metros de largo por 180
metros de profundidad (2).
El permiso de pesca que otorgó el gobierno uruguayo refiere hasta 200
mil toneladas anuales de anchoita. Sin embargo, la planta, que ha sido desmontada
de su emplazamiento original en San Antonio, Chile, tiene una capacidad de
procesamiento de 2.500 toneladas por día, es decir, más de 600
mil toneladas anuales de pescado entero. Los seis buques estarían en
condiciones de abastecer ese volumen si efectúan una marea cada tres
días, lo que no es inusual en esta clase de operaciones de cerco.
Si bien la Resolución 5/2004 de la Comisión Técnica Mixta
del Frente Marítimo (uruguayo-argentino) establece una captura máxima
de 40 mil toneladas anuales para cada parte e intercambio mensual de los datos
de “captura y desembarque” no existen hasta el momento mecanismos
de ejecución efectiva que permitan un control fehaciente respecto de
los volúmenes declarados ni de la ubicación de los lances.
Los antecedentes recientes de observadores pesqueros uruguayos provenientes
de la lista política oficial, complicados en las prácticas ilegales
de pesca de merluza negra, con denuncias graves contra el propio director
de pesca, Yamandú Flangini como las que han hecho el diario La República,
los observadores científicos de carrera y el gremio de trabajadores
del Estado, muestran la debilidad de esos controles.
Esto es muy importante, porque los límites se establecieron para la
Zona Común de Pesca, pero las capturas podrían ser declaradas
en el área uruguaya (una franja profunda al este de dicha zona), escapando
así al máximo impuesto.
La operación de los buques cerqueros no se caracteriza por una gran
selectividad. Los malleros son pequeños y la red constituye una pared,
una jaula, desde la superficie hasta el fondo. Luego se aplican los bombeadores,
mediante los cuales todo el pescado atrapado por la red va a la bodega en
agua, y de la misma manera se descarga en puerto, sin discriminar especies
ni tamaños, pasando a la planta de harina.
La facturación prevista (30 millones de dólares) también
se corresponde con 200 mil toneladas de captura. El canon que tendrán
que pagar es ascendente durante el período de concesión de 30
años, llegando en los últimos diez a 120 mil dólares:
es decir un cuatro por mil de la facturación. Pero además el
emprendimiento ha sido incluído en un régimen promocional por
el cual serán eximidos de impuestos al patrimonio por cinco años,
y a las ganancias por dos años.
Además, se destaca la importancia que la anchoita juega en los encadenamientos
tróficos de la región, ya que constituye el alimento de alrededor
de otras 40 especies, entre ellas la merluza y el calamar, que hoy se encuentran
con problemas para recuperar sus respectivos stocks. Los científicos
de la uruguaya DiNaRA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos)
coinciden con esta apreciación, aunque sus informes suelen dormir el
sueño de los justos en los cajones del escritorio del cuestionado director
Flangini.
Ya hace dos años, el Consejo Federal Pesquero argentino expresó
su fundada preocupación por el avance del proyecto harinero en Uruguay,
y más teniendo en cuenta que en Argentina la pesca para reducción
está prohibida y las plantas de harina funcionan con los desechos de
las plantas de fileteado y con pescado decomisado. En fuentes de la Cancillería
argentina, entre los delegados que concurrieron a la reunión donde
se aprobó la Resolución 5/04, aseguran que por lo menos esta
norma frena un poco las pretensiones de una explotación masiva de la
anchoita. Sin embargo, la falta de controles cruzados efectivos y de monitoreo
satelital de los buques permite sospechar que este ha sido apenas el primer
paso en esa dirección.
Finalmente
Dra. Picolotti, esperamos ver bajo su gestión la aplicación
de la legislación que el sector pesquero precisa en los parámetros
ambientales y se frene este daño a la biodiversidad por parte de Uruguay.
Le deseo mucho éxito en su tarea y sepa que somos muchos los que la
miramos con gran anhelo de justicia en este atropello vergonzoso para la república
Argentina del cual nadie habla.
Le reitero que si usted mira las cifras arriba expresadas vera que 25.000
toneladas de anchoita anuales dan trabajo a 1500 personas al año capturadas
por buques que hoy están parados, algunos por haber agotado su cupo
de captura de merluza. Si usted multiplica las 200.000 toneladas que se otorgaron
podrá ver cuántos miles ahorraríamos en planes trabajar
y cuántos reclamos menos tendría que soportar el Gobierno. Reclamos
que le permitirán prescindir de la "compra" de miles de votos
a cambio de planes sociales.
La resultante final a evaluar es ¿Interesan más los votos x
plan o el futuro pesquero y el medio ambiente de la Patria mas allá
de ambiciones de reelecciones políticas como legado a las generaciones
futuras?
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador
(1) Para más certeza ver: http://www.tierramerica.net/2006/0617/ecobreves.shtml
(2) 26/07/02 – se adjudica licitación publica a
la firma Ibramar S.A. para extracción y procesamiento de la especie
anchoita
VISTO: estos antecedentes elevados por la Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca;
RESULTANDO: I) por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de junio
de 2002, se calificó el proyecto presentado por la firma IBRAMAR S.A.
(Oferta N° 1), a la licitación pública N° 5/02, con
el objeto de la presentación de proyectos de inversión para
adjudicar la extracción y procesamiento de hasta 200.000 toneladas
anuales de desembarque nominal de la especie anchoíta, mediante buques
y plantas pesqueras, dejándose establecido expresamente que se descarta
la alternativa propuesta en su oferta de utilización de un buque madre
no pesquero (Susan Hill), así como el operar dos buques con bandera
extranjera mediante la obtención de permisos de pesca científicos;
se descartó el proyecto presentado por la firma ANlRCO S.A. (Oferta
N° 2) a la licitación pública Nº 5/02 y se fijó
el día 28 de junio de 2002, para el acto de apertura de la propuesta
económica de IBRAMAR S.A. (sobre N° 2) y devolución del
sobre cerrado conteniendo su propuesta económica a la empresa no calificada
(ANlRCO S.A. );
II) por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 28 de junio de 2002,
se prorrogó hasta el 24 de julio de 2002, el plazo establecido por
la resolución de 14 de junio de 2002, para la apertura del segundo
sobre;
III) el Poder Ejecutivo por resolución de 17 de julio de 2002, no hizo
lugar a la solicitud de suspensión de las resoluciones de fechas 14
y 28 de junio de 2002, solicitada por la firma ANlRCO S.A., al interponer
recurso de revocación contra las citadas resoluciones;
IV) el día 24 de julio de 2002, a la hora 14:30, se procedió
a la apertura del sobre N° 2 de la firma IBRAMAR S.A. y la devolución
a la firma ANlRCO S.A. del sobre N° 2;
V) estudiada la propuesta económica (2° sobre), por parte de la
Comisión Asesora de Adjudicaciones que entendió en estos procedimientos,
por Acta de fecha 25 de julio de 2002, no formula observaciones, por cuanto
la forma de pago del canon ofrecido U$S 20.000 resulta ajustada a lo establecido
en el punto 2.2. del Pliego de Condiciones que rigió el llamado de
referencia, sugiriendo -por tanto- se adjudique la licitación pública
N° 5/02 a la firma IBRAMAR S.A. , conforme a lo dispuesto en el pliego
de condiciones, la propuesta técnica del oferente en los términos
que se indican en el numeral 1° de la resolución del Poder Ejecutivo
de fecha 14 de junio de 2002 y la propuesta económica antes señalada;
CONSIDERANDO: I) en el caso en vista se han dado cumplimiento los requisitos
vigentes en materia de licitaciones públicas;
ll) por tanto, no existe inconveniente alguno en adjudicar la licitación
pública N° 5/02, en la forma aconsejada por la Comisión
Asesora de Adjudicaciones que entendió en los procedimientos;
ATENTO: a lo preceptuado por los Arts. 27 y 33 del TOCAF,
El Presidente de la República
RESUELVE
1°). Adjudicase a la firma IBRAMAR S.A., ad-referéndum de la intervención
preventiva del Tribunal de Cuentas, la licitación pública N°
5/02, que tiene por objeto la presentación de proyectos de inversión
para la extracción y procesamiento de hasta 200.000 toneladas anuales
de desembarque nominal de la especie anchoíta, mediante buques y plantas
pesqueras, y el pago de un canon de U$S 20.000 (son veinte mil dólares
americanos), en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones que
rigió para esta licitación, la propuesta técnica del
oferente en los términos que se indican en el numeral 1° de la
resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de junio de 2002 y la propuesta
económica presentada.
2°).- El pago del canon deberá integrarse en una sola partida,
dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos, a partir de la notificación
a la firma IBRAMAR S.A. de la presente resolución.
3°).- Comuníquese y pase al Departamento de Adquisiciones del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, para su conocimiento, notificación
a las firmas oferentes, y demás efectos.
ANEXO:
Argentina no aplica código de pesca responsable
BUENOS AIRES.- El grupo ambientalista argentino Fundación
Vida Silvestre advirtió que existe una brecha entre la realidad pesquera
local y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO.
"Por ejemplo, se fijan capturas máximas sin considerar la tradicional
subdeclaración ni descontar capturas de otros países",
dijo a Tierramérica Guillermo Cañete, coordinador de la fundación.
“Una investigación del grupo mostró que el enfoque precautorio
que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, FAO, en el código de 1995 --de adhesión
voluntaria-- "no está bien incorporado" a la legislación
local.”Lo que no fue clarificado es que Argentina esta adscripta al
código de FAO el que no es aplicado a los extranjeros que pululan en
el mar de esta Nación gracias a los Militares y Políticos traidores
“que nos supieron Gobernar hasta la fecha”. Mientras se llenan
la boca hablando del medio ambiente y la sustentabilidad los uruguayos depredan
a destajo con una flota pirata y artes de pesca ilegales nuestros recursos
diariamente y nadie dice ni hace tampoco nada al respecto.
La Ley general de Medio Ambiente encierra un cúmulo de parámetros
ambientales inaplicados en el mar Argentino que pasa a ser parte de otra “pila
de papeles de legislación” no aplicada ex profeso por quienes
deberían, para que nada cambie.
Ver declaración de Redes (Uruguay) y CeDePesca (Argentina) sobre este
tema>>
Ver Informe INIDEP Nº 15/04. Diagnóstico de la población
de anchoita (Engraulis anchoita) al norte de los 41ºS y estimación
de capturas biológicamente aceptables durante el año 2004. J.
Hansen, A.D. Garciarena. 20 pp.
Ver Informe INIDEP Nº 27/04. Composición esperable de eventuales
capturas masivas de anchoita en la zona común de pesca argentino-uruguaya.
Jorge Hansen. 8 pp.